Con el anuncio de una verdadera artillería jurídica para defender su multimillonario negocio, y la presentación de otros de sus socios extranjeros, los voceros de la controvertida comercializadora de bienes y servicios DMG respondieron a los decretos expedidos por el Gobierno el domingo pasado, amparados por el estado de emergencia social, y sostuvieron que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones y que no existe una sola evidencia que indique que la firma es una captadora ilegal de dinero.
El abogado Abelardo de la Espriella, no sin antes excusarse porque varios hoteles se rehusaron a prestarle sus instalaciones para llevar a cabo la rueda de prensa —“en un acto que violatorio en contra la liberta de prensa”—, manifestó que acudirá a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de los decretos, al tiempo que promoverá una lluvia de tutelas en defensa de los 200 mil clientes de DMG y sus más de 2.000 trabajadores, y en aras de que se respete el debido proceso y el principio de la libertad de empresa.
Además, el vocero de DMG anticipó que están dispuestos a presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que ratifique la legalidad de su negocio y evalúe la posibilidad de sancionar al Estado por lo que calificó como una “arbitrariedad manifiesta” y una “persecución sistemática” contra la polémica comercializadora. La idea es que el Estado repare las consecuencias o promueva un acuerdo amistoso entre el Gobierno y DMG.
“A nosotros no nos asustan las investigaciones. No le tenemos miedo a un proceso penal. Aquí se está cometiendo una gran injusticia y serán los jueces de la República los que reivindiquen a DMG”, señaló, vehemente, el abogado Abelardo de la Espriella, y añadió: “En un país coherente, esta empresa sería apoyada, pero acá no, la historia de Colombia siempre apoya a las clases más favorecidas”, en clara referencia a la banca nacional. “No estamos defendiendo a una empresa sino a un pueblo”, remató.
Al margen de la respuesta de DMG sobre los decretos del Gobierno, ayer la comercializadora destapó nuevas cartas sobre su origen económico. Por ejemplo, los empresarios extranjeros Alexander Altshoul y Alexandre Ventura Nogueira fueron oficialmente presentados por DMG como sus socios estratégicos y ellos mismos asumieron la vocería de la empresa al criticar las medidas gubernamentales y ponderar que el hecho de que DMG tenga una red de compra tan grande y fiel ha hecho que esta compañía tenga unas ganancias tan calculadas que el Ejecutivo tacha de sospechosas.
Según DMG, Alexander Altshoul es un empresario bielorruso con más de 20 años de experiencia que actualmente divide su tiempo en la atención de sus empresas dedicadas al desarrollo y venta de bienes raíces en países como Canadá y Panamá. A su vez, Alexandre Ventura Nogueira, nacido en Brasil, con más de 16 años como empresario, hoy lidera a un grupo de comerciantes que trabajan con mercados emergentes de bienes raíces, también en Ciudad de Panamá. “Vamos a operar DMG en Brasil y Panamá a manera de franquicia”, resaltó Alexander Altshoul.
Los socios extranjeros de la firma DMG anunciaron una inversión de US$250 millones con una proyección de ganancia de US$1 billón en 10 años. Asimismo, la abogada Juliette Passer, en calidad de representante de la firma en Estados Unidos, refrendó su preocupación por lo que está sucediendo con la empresa y se declaró dispuesta a seguirla apoyando desde su experiencia como asesora de varias empresas internacionales, en disímiles materias como finanzas corporativas y proyecciones financieras.
El Gobierno contraataca
Mientras DMG anuncia demandas por montón y sostiene a voz en cuello que se está mutilando en Colombia la posibilidad de desarrollar la libre empresa, el Gobierno insistió en las razones por las cuales decidió intervenir a la comercializadora de bienes y servicios. Según el Ejecutivo, DMG “entorpeció en todo momento la actuación de nuestros funcionarios” para desarrollar una revisión legal, y resaltó que en una empresa que maneja miles de millones de pesos “es inconcebible que no haya evidencia contable de que sus socios aportaron un capital suscrito de apenas $100 millones”.
En criterio de la Superintendencia de Sociedades, los puntos fundamentales en los que se ciernen las sospechas son los siguientes: DMG es una sociedad que ha sido renuente a entregar información de sus dineros, sus elevados recursos no los maneja en el sector financiero legal y se desconoce el destino de esos dineros, no lleva una contabilidad regular de sus negocios, su situación administrativa es crítica y, por último, tampoco es claro de dónde sale la plata para cancelar tan altos rendimientos económicos a sus clientes en toda Colombia.
Además, una reunión política que estaba pactada en la Casa de Nariño para evaluar los avances de la reforma política terminó en controversia por el asunto de las pirámides y de DMG. Al encuentro asistieron varios congresistas, quienes se trenzaron en una polémica para establecer la legalidad de la firma y las pruebas que puedan permitirle al Estado ratificar que era necesario apelar al estado de emergencia social para neutralizar la avalancha económica.
Según el presidente del Congreso, Hernán Andrade, el Jefe de Estado les manifestó su evidente consternación por la suerte que están corriendo miles de colombianos que arriesgaron su dinero a la ruleta rusa de las pirámides, y que solicitó a la secretaría jurídica de Palacio que expida nuevos decretos para que se controle de una buena vez la usura y se amolden los tipos penales para evitar nuevas captadoras ilegales de dineros del público.
En opinión del parlamentario del Partido de la U Carlos Ferro, el Gobierno tendría grabaciones que corroborarían la existencia de un entramado entre DMG y grupos de narcotráfico. En contraste, el representante por el Putumayo, Orlando Guerra, ripostó que la situación en su departamento es crítica y que en los 13 municipios la gente está apostada en parques y plazas con la esperanza de que el Gobierno les ayude a recuperar sus inversiones cuanto antes.
Al tiempo que el alto Gobierno define las estrategias para apagar el incendio de las pirámides y DMG, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en alocución televisada anoche, respondió a los interrogantes de decenas de colombianos que no saben qué hacer: si creer en el Gobierno o seguir apoyando a DMG. El abogado Abelaro de la Espriella señaló tajante que el Mandatario “por el que voté dos veces” está muy equivocado con respecto a la comercializadora, porque la confundió con una pirámide cuando “en realidad es una firma de compra de bienes y servicios por adelantado”.
Y agregó que el Gobierno es el responsable del pánico económico causado por el cierre de DMG y que, como tal, podría ser objeto de sanciones penales y administrativas. El Ejecutivo, sin embargo, no cede en su posición de calificar a dicha compañía como ilegal. Dardos van y vienen. Y no faltan propuestas: ya hay quienes le meten baza a que el Gobierno le ponga el tatequieto al denominado negocio del gota a gota. Otros afirman que lo que hay que hacer es fiscalizar y hacerles una veeduría a los bancos. La puja parece no tener fin ni ganador a corto plazo.
Libertad de empresa
“Nadie está privado de hacer lo que no está dispuesto en el ordenamiento jurídico”, reza una norma de la Constitución que ayer fue recordada por el abogado Abelardo de la Espriella para reivindicar la posibilidad de los particulares a desarrollar sus empresas.
Según él, los artículos 6 y 333 de la Constitución protegen la actividad económica y la iniciativa privada, salvo que estén prohibidas expresamente. Hoy, la actividad mercantil de venta de tarjetas prepago, desarrollada por DMG, no se encuentra ni reglamentada ni prohibida en el país, dijo De la Espriella.