El corto trayecto entre el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz y la capital de Arauca se recorre rápido y en medio de paisajes sabaneros, unas cuantas fincas ganaderas, urbanizaciones nuevas y el constante tránsito de tropa. Un ambiente que da a los viajeros la sensación de tranquilidad y seguridad a pesar del sopor que produce el pavimento después de los aguaceros.
Esta es apenas la entrada a uno de los departamentos más ricos del país, donde la ganadería, la agricultura, el petróleo y la nueva infraestructura vial que une a Arauca con el centro del país forman parte de un paisaje natural, donde la guerra y los conflictos sociales se entrelazan escondiendo el miedo que cunde en buena parte de los más de 273.000 habitantes.
La situación actual tiene a los pobladores sin salida, no sólo por el desgano que produce el desempleo y la ingobernabilidad, sino también por la inseguridad, en especial la situación de riesgo en que se encuentran cinco de las siete alcaldías, 11 diputados y 67 concejales.
De ahí que desde el anonimato algunos cabildantes, alcaldes, dirigentes políticos y sociales consultados por El Espectador, en cortas pero contundentes palabras, resumieron lo que está sucediendo: “Aquí toda la administración está amenazada por los ‘paracos’ y la guerrilla, el gobernador fue inhabilitado por la Procuraduría y nos están llegando amenazas de las ‘Águilas Negras’ vía correos electrónicos. En Arauca, Saravena, Tame, Arauquita y Fortul la situación se está volviendo insostenible”, sostuvieron.
Tan insostenible que en la tarde del jueves pasado, en momentos cuando dialogábamos con un concejal sobre el tema, a su casa en uno de los barrios sobre las riberas del río Arauca, frente al Amparo (Venezuela), llegó un panfleto de las ‘Águilas Negras’. El grupo advirtió a los jóvenes que deben estar en sus casas después de ciertas horas de la noche y amenazó con asesinar a homosexuales, prostitutas y ladrones.
Situación intimidante que no sólo asusta a los habitantes, sino que a la vez tiene en vilo a los demás políticos del departamento. “Concejales y diputados de Fortul y Saravena no pueden visitar solos las áreas rurales por temor a perder sus vidas”, insistieron otros tres cabildantes que igual pidieron reserva.
Una situación que fue advertida el 15 de septiembre pasado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo, quien entregó un documento al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, al DAS, a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional en el que se advierte que los municipios de Arauca, Saravena, Tame, Arauquita y Fortul han sido por cerca de tres décadas los más afectados por el conflicto. Un hecho derivado por la presencia de los frentes 10, 45 y 28 de las Farc, Domingo Laín Sanz del Eln, y los nuevos grupos paramilitares ‘Águilas Negras’ y el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), y el Bloque Llaneros.
Este último unido a la ubicación geoestratégica de esas poblaciones, que por su condición fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, las finanzas provenientes de la explotación de hidrocarburos y la implementación de cultivos ilícitos han convertido a los más de 23.000 kilómetros cuadrados en territorios de confrontación armada que tienen hoy bajo situación de riesgo a 568 personas, según la Defensoría.
El análisis hecho en el documento entregado al Gobierno, las Farc han declarado objetivo militar a los que apoyan los programas y políticas del Gobierno Nacional o que supuestamente están involucrados en actos de corrupción. El Eln, por su parte, considera blanco de sus ataques a las autoridades que representan los intereses contrarios a su proyecto político. Y, como si fuera poco, los nuevos grupos paramilitares también están amenazando a los funcionarios, sobre todo a quienes están en la oposición.
“Nosotros ya expusimos a las autoridades todo lo que está sucediendo durante el pasado Consejo de Seguridad, pero lo único que nos dieron fue un chaleco antibalas y un teléfono móvil”, denunció otro de los diputados consultados.
Si bien nadie discute que la guerrilla se replegó, que los atentados al oleoducto se redujeron a cero casos y la insurgencia ya no permanece armada en los cascos urbanos, la política de seguridad democrática está nuevamente a prueba en Arauca, departamento convertido en laboratorio de guerra y paz, y donde hace seis años se probó la primera conmoción interior del Gobierno que convirtió al departamento en una de las cinco zonas de rehabilitación y consolidación del país.
Pero, pese a todo lo anterior, ni la guerra ni las amenazas, como tampoco la corrupción que aún campea, han podido amilanar a esta raza llanera que año tras año no deja de celebrar fiestas tradicionales como la de Santa Bárbara de Arauca, donde a comienzos de diciembre la gente logra vencer el miedo.