En un escrito de acusación de 27 páginas, el fiscal delegado ante la Corte Suprema Misael Rodríguez consignó todas las evidencias que constituyen, en su criterio, la infame cacería que desplegó el DAS, a través del Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI), adscrito a la Subdirección de Contrainteligencia, para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia con fines de desprestigio, elaboración de perfiles, acopio ilegal de información sobre magistrados y sistemáticos seguimientos y controles de comunicaciones a los juristas y otros “blancos políticos”, como los senadores Gustavo Petro Urrego y Piedad Córdoba.
Concluyó el fiscal que durante la administración de María del Pilar Hurtado, en el DAS se dieron órdenes para rastrear un viaje de los magistrados a Neiva el 9 y 10 de junio de 2006, a un evento ofrecido en honor de Yesid Ramírez Bastidas por su designación como presidente del alto tribunal. Las indagaciones que se hicieron fueron ilícitas, según Rodríguez, pues se consultaron bases de datos reservadas de los altos jueces sobre transacciones cambiarias, actos notariales, compra y venta de vehículos, entre otros, reportados por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
Además, se revisaron los registros migratorios de los miembros de la Corte y “se desplazaron funcionarios del DAS a diferentes lugares del territorio nacional con el objeto de acopiar información que pudiera involucrar a magistrados de la Corte en conductas comprometedoras y al margen de la ley”, se sostiene en la acusación, en la cual se pide enjuiciar a los ex funcionarios Fernando Alonso Tabares, Jorge Alberto Lagos, Gustavo Sierra Prieto, Luz Marina Rodríguez y Bernardo Murillo por los delitos de prevaricato, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.
Quizá una de las revelaciones más graves de la investigación es que la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS, para el año de 2008, “contactó y ubicó personas en el alto tribunal para que obtuvieran información reservada y privilegiada de los magistrados de la Corte Suprema o del desarrollo de sus actividades funcionales. Entre los datos a los que ilegalmente el DAS pudo tener acceso a través de estas ‘fuentes’ están el desarrollo de sesiones o reuniones privadas de magistrados, datos personales de éstos e incluso copias de diligencias judiciales”, reza uno de los apartes de la acusación del fiscal Misael Rodríguez.
Asimismo, en la Subdirección de Análisis se elaboraron hojas de vida con perfiles ideológicos y de tendencias políticas de algunos magistrados, labor ordenada en abril de 2008. Como si fuera poco, “cumpliendo órdenes de sus superiores”, funcionarios de contrainteligencia se reunieron en varias ocasiones con periodistas “para entregarles datos de la ilegal investigación del DAS sobre el viaje de algunos magistrados de la Corte a Neiva en 2006”, obtenidos dentro del llamado caso Paseo “para desacreditar a los miembros de dicha corporación”. También se reunió información privada sobre el récord de propiedades y actos notariales del magistrado César Julio Valencia Copete y su abogado Ramiro Bejarano Guzmán.
Entre otros asuntos, desde 2005 hasta 2008 el grupo GONI consiguió ilegalmente información personal y familiar de los senadores Petro y Córdoba, se les interceptaron y monitorearon correos, registros de telefonía celular, reportes de datos financieros y datos entregados por los propios escoltas que conformaban sus esquemas de protección. Fue así como el fiscal asignó responsabilidades a cada uno de los acusados: Tabares y Lagos coordinaron y conocieron de actividades ilegales en contra de la Corte, de Petro y Córdoba, y asistieron a reuniones en el DAS y en otras instancias del Gobierno para reportarlas. Sierra coordinó acciones en contra de “blancos políticos”.
Luz Marina Rodríguez controló indagaciones particulares en contra de Yesid Ramírez y otros de sus colegas. Y Bernardo Murillo desarrolló actuaciones ilegales similares a las de sus compañeros. En esencia, la Fiscalía no tiene dudas de la cadena de delitos enquistados en el DAS para acabar con la honra de la Corte.