La Comisión Primera de la Cámara de Representantes estudia uno de los proyectos que más expectativa ha despertado en la opinión pública recientemente: el estatuto anticorrupción. A pesar de que el proyecto ya entra en su recta final, uno de los puntos más polémicos es la financiación de las campañas políticas y los contratistas del Estado, lo cual desató una dura puja.
El extenso proyecto es la respuesta a algunos de los más sonados escándalos de los últimos tiempos. El carrusel de contratación en Bogotá, la destitución de alcaldes y gobernadores por malversación de recursos públicos, el escándalo del excontralor Julio César Turbay, y el carrusel de magistrados en el interior del Consejo Superior de la Judicatura, que le han dado un tufo de premura al proyecto que se cocina a fuego lento en el Congreso.
Uno de esos temas de evidente sensibilidad política y jurídica es, por ejemplo, la inhabilidad para que un exfuncionario público contrate con el Estado, con el propósito de ponerle cerrojo a la famosa puerta giratoria entre la empresa pública y la privada.
La prohibición para que aquellas empresas que financien campañas políticas puedan contratar con el Estado fue el punto que encendió el debate. El ministro del Interior y de Justicia —quien defiende la prohibición taxativa en el articulado— prendió el incendio cuando afirmó: “Aquí el Partido de la U no es el más fuerte, ni el Conservador ni el Liberal, en Colombia el partido político más poderoso es el de los contratistas”.
Inmediatamente se formaron los bloques. Para el representante del Partido Verde Alfonso Prada, se trata de un tema que tiene de bueno y de malo: “Creo que le asiste razón al ministro cuando plantea que buena parte de la médula de la corrupción está en el contubernio que hay entre contratistas y elegidos. Hay que pegarle duro a ese tema evitando que llegue plata de los carteles de la contratación, pero hay que definir los límites porque hay empresarios de bien, que fortalecen la democracia. Si les cerramos esa puerta y el Estado no financia las campañas, entonces le abrimos la puerta a la plata de la mafia”, afirmó el congresista del Partido Verde.
Por su parte, el representante del Partido de la U y coordinador ponente del proyecto, Jaime Buenahora, estuvo de acuerdo con que se debe buscar una solución moderada para que no se le cierre la puerta a la financiación de las campañas por parte de empresas privadas.
“Hay un tema crucial porque se pretende una inhabilidad genérica para todos los contratistas, cuando hay aportes sanos y correctos de empresas que siempre les han cumplido a la DIAN y al país, y los ingresos que reciben del Estado representan apenas el 3 ó 5% de su capital, así que estarían a futuro marginados de cualquier posibilidad de contratar. Nos parece que es excesivo”, sostuvo Buenahora.
Para el coordinador ponente y representante por Cambio Radical, Germán Varón, es necesario que se inhabilite no sólo a quienes financien campañas a las gobernaciones, sino también a quienes financien a diputados, concejales y congresistas. “Nosotros tenemos muy claro que los concejales, diputados y congresistas, aun cuando no son ordenadores del gasto, tienen injerencia con la administración dentro de lo que es la contratación”, comentó.
Acerca de la financiación de campañas, que parece será el gran punto de discusión, todo apunta a que la única salida es que el Estado sea el financiador de las campañas políticas, tal y como lo dijo el representante liberal Guillermo Rivera: “El mejor remedio para semejante enfermedad es la financiación del Estado a las campañas políticas”.
Lo cierto es que el pulso será largo y dispendioso, pero para el ministro Vargas Lleras lo importante es que en este tercer debate ya se aprobó la columna vertebral de la iniciativa, al cual definió de la siguiente manera: “Este es un proyecto muy importante para fortalecer la acción de la Procuraduría y la Fiscalía para enfrentar de manera más decidida la corrupción”.