En medio de críticas de algunos sectores políticos del país por la decisión de no consultar al Congreso, dudas de otros por el desconocimiento de los alcances reales y recelo por parte de los vecinos —concretamente Venezuela y Ecuador—, Colombia y Estados Unidos firmaron ayer el acuerdo que permite el acceso de tropas y asesores norteamericanos a siete bases militares en el país: las de Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta), Malambo (Atlántico), Tolemaida (Tolima), Larandia (Caquetá), Bahía Málaga (Chocó) y Cartagena.
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense, William Brownfield, en un acto privado en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. “Firmamos hoy el acuerdo con EE.UU. en una sesión discreta, porque nosotros no tenemos ninguna pretensión de hacer de esto un desafío ni un show. Colombia ha logrado firmar este acuerdo pensando en la necesidad de tener un mecanismo más eficaz en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, aseguró Bermúdez, quien estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Gabriel Silva, y del Interior y Justicia, Fabio Valencia, además del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla.
Bermúdez enfatizó en que el interés de Colombia es derrotar el crimen organizado y, al mismo tiempo, tener las mejores relaciones con todos los países del continente: “Lo que se busca es contar con herramientas de cooperación técnica para ser más eficaces en las comunicaciones y en los mecanismos de inteligencia, para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla”, dijo. Por otra parte, negó la versión de que el acuerdo implicará la llegada de más soldados estadounidenses y aseguró que, por el contrario, el número de uniformados se reducirá.
Por los lados del Legislativo, la ratificación del acuerdo siguió generando posiciones encontradas, sobre todo tras conocerse detalles sobre el concepto del Consejo de Estado —revelado por El Espectador—, en el que se recomienda un control democrático a través del Congreso y la Corte Constitucional. El senador del Partido de la U, Jairo Clopatofsky, a pesar de apoyar la colaboración estadounidense, cree que el pacto militar sí debió pasar por el Capitolio. “Fue un error no hacerlo, porque era la oportunidad para darle más legitimidad. Nos tocará encargarnos del control político”, dijo. En su concepto, dicha postura del Ejecutivo podría obedecer a que no quieren arriesgarse en momentos en que el escándalo por la dudosa asignación de recursos de Agro Ingreso Seguro, ha provocado un gran desgaste en materia política.
Otros como el presidente de la Cámara, Édgar Gómez, piensan que las explicaciones del Gobierno han sido satisfactorias: “Nos ha hecho ver de manera clara que definitivamente no habrá tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio con fines ofensivos a otras naciones, y que simplemente es la continuación de unos acuerdos bilaterales y multilaterales ya existentes. No creo que se esté pasando por encima de la ley”, señaló, agregando además que el concepto entregado por el Consejo de Estado “no es obligante”.