Thomas Lubanga Dyilo, quien dirigiera en el año 2002 a las Fuerzas Patrióticas de Liberación del Congo, se convirtió el lunes en la primera persona en ser sometida a juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En una jornada histórica, que marca el inicio de actividades de este ente internacional cuya jurisdicción empezaría a ser efectiva en Colombia desde el primero de noviembre, Lubanga se declaró inocente de los crímenes de guerra que se le imputan: “enlistar y reclutar niños menores de 15 años, y usarlos para participar activamente en actos hostiles en Ituri, un distrito de la Provincia del Este de la República Democrática del Congo”, como reza el comunicado oficial de la Corte.
El juicio a Lubanga, que podría tomar varios meses, se da en momentos en que en Colombia, tanto los entes estatales como las organizaciones de la sociedad civil, se alistan para la entrada en operación de la CPI, tras siete años de estar congelada por cuenta del salvamento de siete años solicitado en agosto de 2002 por el presidente Andrés Pastrana ante la Organización de Naciones Unidas.
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, abrió ayer el histórico juicio asegurando que entre 2002 y 2003 Lubanga cometió uno de los crímenes más serios: “delitos contra niños”. Moreno Ocampo denunció ante los jueces que niños de la etnia Hema tuvieron que empuñar un arma a edades tan tempranas como los nueve años.
Los fiscales también explicaron que Lubanga exigía a cada familia de la etnia Hema aportar un hijo para su milicia, sin poner más condición para su alistamiento que “fuese capaz de transportar un arma”. “Los niños, menores de 15 años, tuvieron que matar, violar y ser violados”, según Moreno Ocampo , quien remarcó que las niñas soldado eran además esclavas sexuales de sus comandantes.
Durante años, la justicia persiguió al guerrillero del Congo por reclutamiento forzado de menores, pero sólo ahora logró sentarlo en el banquillo de los acusados. Casos parecidos ocurren en Colombia, en donde cursan varias investigaciones contra miembros de las Farc, el Eln y las Autodefensas por el mismo delito.
“Colombia es el Congo de América Latina”, le dijo a El Espectador Sergio Tapia, fiscal del Tribunal Internacional Sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, organismo que ayudó a recabar las pruebas de reclutamiento infantil ante la CPI.
“Los actores del conflicto colombiano siguen reclutando niños. De hecho, durante 2008 aumentaron los reclutamientos. Se estimaba siempre que había entre 11 y 14 mil reclutados. Nosotros calculamos que la cifra podría ascender a 20 mil”, insiste Tapia. Los datos, aunque nunca han podido ser constatados en su totalidad, son similares a los manejados por Human Rights Watch, que aseguró que son 11 mil los reclutados.
Durante los últimos dos años, el Tribunal para la Infancia viene recogiendo decenas de testimonios y pruebas sobre la presencia de niños en las filas de los actores armados colombianos. Sus hallazgos serán presentados ante el fiscal Moreno Ocampo el próximo 12 de febrero.
“Buscamos que la Corte comience a investigar estos crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio. El reclutamiento de niños viola los artículos seis, siete y ocho del Estatuto de Roma. De lograr que la CPI, una vez iniciada su jurisdicción, asuma esta investigación, sentaría un precedente en la región”, asegura Tapia.
Recientemente, Ekkhehard Withopf, abogado de la Fiscalía de la CPI, sugirió la probabilidad de que este caso fuera asumido por la Corte: “Si la CPI decide abrir el capítulo Colombia sobre reclutamiento de menores, sería el segundo proceso que adelantaría en el mundo, después de la condena a Thomas Lubanga”, afirmó el funcionario, refiriéndose al rebelde congoleño que hoy está sentado en los estrados del tribunal internacional.
Para Tapia, todos los líderes de los grupos armados: guerrillas, paramilitares y bandas emergentes, deberían ser, y son, susceptibles de ir a rendir cuentas ante la Corte: “ellos tienen que dar respuesta ante la sociedad colombiana y ante la infancia colombiana por todo el daño causado a generaciones de colombianos”, asegura.
Entre los argumentos que llevará el Tribunal ante la Corte también se encuentra la estimación de la muerte de mil a tres mil niños durante diez años de conflicto armado.
Camino pedregoso
“Colombia es el país que en el hemisferio occidental tiene la peor situación vigente en materia de Derechos Humanos”, asegura Iván Cepeda Castro, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, una de las organizaciones no gubernamentales que en los últimos años han documentado los casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio para la CPI.
“El fiscal Moreno Ocampo ha recibido múltiples documentos, pruebas y testimonios. En este momento su despacho se encuentra en etapa de documentación, pero puede intervenir si considera que los juicios por estos crímenes no corresponden a un modelo de justicia auténtica y legítima”, insiste Cepeda.
En noviembre próximo entra en vigencia la competencia de la CPI sobre crímenes de guerra (ver recuadro). Para ese momento, y de acuerdo con el avance de los procesos sobre parapolítica, expertos creen que los primeros procesos que abrirá Moreno Ocampo serán por desaparición forzada, masacres y ejecuciones sumarias.
De hecho, en su visita de agosto pasado a Colombia, donde comprobó si la extradición de los jefes paramilitares no obstaculizaría los procesos inscritos en la Ley de Justicia y Paz, el Fiscal General de la CPI dejó entrever quiénes serían los primeros acusados.
“Es posible que sean procesados hombres en muy altas posiciones, como políticos, empresarios, terratenientes implicados en parapolítica, siempre y cuando no haya justicia”, reveló Cepeda, quien se reunió con Moreno en su paso por Colombia.
Para él, hay indicios muy claros de que el brazo de la justicia internacional se hará sentir en los próximos años. “Por ejemplo, aún no se ha procesado a nadie por la cadena de falsos positivos, crímenes de lesa humanidad”, concluye.
Cronología
La Corte Penal Internacional y Colombia
1998
Julio
Tras años de negociaciones, la ONU convocó, en Roma, a una conferencia diplomática; de ella resultó el estatuto que creó la Corte Penal Internacional. Colombia firmó el convenio.
2002
Agosto
El Estatuto de Roma entra en vigencia tras ser ratificado por 60 países. El presidente Andrés Pastrana se acoge a la salvedad de siete años para su entrada en vigencia (Art. 124).
2003
Septiembre
El gobierno de Álvaro Uribe firma un acuerdo con Estados Unidos y exime así a sus nacionales de ser juzgados por la CPI si cometen crímenes de lesa humanidad en Colombia.
2005
Mayo
Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI, le envía una carta al Gobierno colombiano donde le informa que su despacho ha conocido varias denuncias que son de su competencia.
2008
Agosto
Moreno Ocampo realiza su segunda visita al país para comprobar si la extradición a EE.UU. de jefes paramilitares no va en detrimento de la Ley de Justicia y Paz.
Septiembre
En una nueva carta, Moreno Ocampo le informa al Gobierno colombiano que su despacho podría intervenir si no cesan los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Rama de Justicia.