La crisis generada con la aprobación de la reforma a la justicia parece conjurada, al menos en lo que tiene que ver con el primer escollo: hacer que los congresistas de los partidos de la Unidad Nacional asistieran a las sesiones extraordinarias citadas por el presidente Juan Manuel Santos para hundir la iniciativa por inconveniente e inconstitucional. Como se esperaba, hubo reproches por los pasos en falso dados en la etapa de conciliación, discusiones jurídicas, constitucionales, políticas, de procedimiento, recriminaciones, golpes de pecho, lavadas de manos y réplicas.
La hora de la verdad, que es la de la votación, será hoy en el segundo día de las extras. Ayer —asegurado el quórum y abierto el debate— Senado y Cámara de Representantes integraron las comisiones que se encargarán de estudiar las objeciones gubernamentales a la reforma y presentarán un informe ante las respectivas plenarias, recomendando aceptarlas y hundirla, para que sea votada. La misión quedó en manos de los representantes Simón Gaviria, Germán Varón, Roosvelt Rodríguez, Alfonso Prada y Guillermo Rivera, así como por los senadores Hernán Andrade, Juan Manuel Galán y Aurelio Iragorri.
No se esperan sorpresas y seguramente el Congreso decidirá el archivo de una reforma que en un principio se vio como la gran solución a los males de la justicia y terminó siendo un menú de artículos acomodado según el apetito de congresistas y de uno que otro magistrado de las altas cortes. El mismo presidente Santos notificó ya que los partidos de la U, Conservador, Liberal, Verde y Cambio Radical “han tomado la decisión de instruir a sus miembros en el Congreso y votar negativamente el proyecto, es decir, archivarlo”.
Es claro que la alocución del martes en la noche, en la que el jefe de Estado dijo asumir la responsabilidad “política y jurídica” de lo que pudiera suceder con el llamado a sesiones extras y el hundimiento de la reforma, sirvió para disipar dudas y llevar tranquilidad a los parlamentarios para participar en el debate, temerosos de que se les adelanten investigaciones penales y disciplinarias por participar en un proceso posiblemente viciado. Eso sí, muchos congresistas aprovecharon las extras para ‘sacarse el clavo con el Ejecutivo’, del que creen les echó el agua sucia por lo ocurrido.
Pese al acatamiento de la solicitud del presidente, hubo muchas críticas al Gobierno. El senador Juan Carlos Restrepo reveló los pormenores del encuentro ‘secreto’ de conciliadores del Senado en la casa de Eduardo Enríquez Maya, en donde fijaron posiciones sobre la reforma a la justicia.
“No nos reunimos para meterle ‘micos’ a la reforma, buscamos conciliar una buena reforma. Que el Gobierno no nos eche toda la responsabilidad. El ministro tuvo el texto de la conciliación 17 horas, tienen equipos jurídicos y nunca dijeron nada, ¡son responsables!”, afirmó.
El representante Óscar Marín fue uno de los más contundentes al señalar que “el Gobierno se lavó las manos cuando fue el que pidió la votación de la reforma que ahora vamos a hundir, aceptando el Congreso su responsabilidad, porque el Ejecutivo simplemente actúa con un bolígrafo peligroso y seductor”. El representante Pablo Salamanca criticó que el Legislativo se haya convertido en un apéndice del Ejecutivo: “Acá nos reunimos para hacer caso, así lo estamos haciendo con la reforma a la justicia y lo hicimos con el TLC, al cual no se le pudo cambiar ni una sola coma”.
De este modo, el preámbulo del hundimiento de la reforma a la justicia no fue más que una trinchera desde la cual quienes participaron en la conciliación se defendieron de las responsabilidades que se les han atribuido. Así lo hicieron Jesús Ignacio García, Luis F. Duque y Eduardo Enríquez.
El Polo Democrático mantuvo su posición crítica y se marginó de las sesiones extras. Al respecto, el senador Luis C. Avellaneda insistió en que, según la Carta Política, “el presidente no tiene facultades para objetar actos legislativos y éstos tampoco se pueden discutir en sesiones extras. Santos puede tener buena intención, pero no está actuando en derecho”.
En los partidos de la Unidad Nacional el consenso era casi pleno. Al finalizar la tarde la comisión accidental de las objeciones de la reforma tomó la decisión de avalar los argumentos del Gobierno y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, actuando como vocero, concluyó “que ante la contundencia de los argumentos de objeción que presentó el Gobierno y que hacen insubsanables los nocivos efectos de la reforma, recomendamos votar el archivo inmediato de la misma”. Planteamiento compartido por todos los presidentes de las colectividades de la coalición del Gobierno que hoy, con su voto, acatarán la recomendación.
En los partidos de la Unidad Nacional el consenso era casi pleno. El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, dijo que la colectividad “tomó la decisión de hundir toda la reforma. En un principio pensamos que algunas partes de ella eran importantes y se podrían salvar, pero decidimos darle cristiana sepultura porque la opinión pública no entendería que se mantuviera algo de ella”. En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la U, Juan Lozano, quien indicó que cree que el partido asistió a la convocatoria de sesiones extras porque considera que “está amparada por la presunción de legalidad”.