El Gobierno Nacional continuó tomando medidas para afrontar la grave crisis que se generó en el país a raíz de las fuertes lluvias que cayeron sobre buena parte del territorio colombiano en octubre, noviembre y diciembre del año pasado.
Al amparo de la emergencia económica, social y ecológica, decretada el pasado 7 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno decidieron el jueves en la noche en un consejo de ministros aprobar seis nuevas normas relacionadas con el alivio de los cobros por servicios públicos a las familias afectadas por el invierno, gabelas tributarias, cambiarias y aduaneras, así como la creación del Programa Especial de Reforestación y la destinación de recursos para reconstruir instituciones educativas afectadas por el invierno.
Los anuncios se harán oficiales este viernes, tras la reanudación del consejo de ministros, en el que también se continuará analizando el futuro de las Corporaciones Autónomas de Regionales (CAR).
En el tema de los alivios se destinarán $60 mil millones para exonerar del pago de energía eléctrica, gas natural, acueducto y alcantarillado a los damnificados que no cuentan con los servicios. También se subsidiará la cancelación de los consumos básicos a 320 mil familias afectadas por las lluvias que hoy cuentan con la prestación de estos servicios públicos.
En cuanto al aspecto tributario, el Ejecutivo aprobó deducir del impuesto de renta las pérdidas por efectos del invierno durante el año gravable 2010. Además, con la norma, se podrá restar del patrimonio líquido el valor patrimonial de los bienes afectados por la temporada de lluvias.
La tercera medida tiene que ver con crear incentivos para que los agricultores adquieran un seguro de cosecha para los pequeños agricultores que como consecuencia de las alteraciones climáticas puedan perder sus cultivos.
Con el fin de contrarrestar la desertificación que sufre el país, habrá una ventanilla única para los trámites de inversionistas que hacen reforestación comercial y otros incentivos para promover la plantación de árboles.
El quinto decreto aprobado pretende que ninguno de los niños damnificados se quede sin recibir clases al flexibilizar la utilización de recursos para reconstruir las instituciones educativas afectadas por la temporada de lluvias.
El Gobierno también expedirá un decreto para dar a conocer las condiciones de los damnificados que pueden beneficiarse de un plan de empleo de emergencia.
Estas medidas se suman a los 27 decretos que hasta ayer se habían expedido (ver ‘Otros decretos de la emergencia’) que van desde la creación de un Fondo de Reconstrucción, cuya junta será presidida por Jorge Londoño, actual presidente de Bancolombia, hasta las facilidades necesarias para que 556 mil niños no se queden sin clases en los próximos meses.
En medio de esta cascada de decretos se coló uno que poco tiene que ver con la emergencia invernal y que redujo de 120 a 100 kilómetros el límite de velocidad en las carreteras nacionales.
Para el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán “cualquiera de esos decretos que no tenga relación con hechos que permitieron declarar la emergencia no tendría suficiente apoyo constitucional. Eso será lo que tiene que analizar la Corte, si se guardó esa relación entre los decretos y las causales”.
El magistrado Mauricio González Cuervo quedó encargado de estudiar la exequibilidad de las medidas, para lo que solicitó información detallada al Ideam sobre el fenómeno de ‘La Niña’ y el comportamiento general del clima en el país.
Voces del Gobierno argumentan que han blindado la expedición de las medidas con serios análisis, para lo que han contado con la asesoría del connotado constitucionalista Manuel José Cepeda y el exministro Juan Carlos Esguerra.
Por su parte, algunos analistas han señalado que los decretos relacionados con nuevos gravámenes pueden ir en contravía del espíritu de la Carta Magna. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.