El escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá está entrando en el momento de las determinaciones y una de las decisiones cruciales tiene que ver con los primos Manuel, Miguel y Guido Nule. Desde su sitio de reclusión, Guido Nule habla de cuáles son sus puntos de vista sobre lo que ha sucedido desde que se entregaron a la justicia y cómo ven el desarrollo de los acontecimientos judiciales, con sus reparos sobre la suerte de otros implicados en el escándalo.
¿Cómo ha cambiado su percepción de la justicia desde el momento en que decidieron venir a Colombia a ponerle la cara al escándalo?
Más que percepción de la justicia, hay algunos administradores de justicia que se niegan a reconocer los beneficios ofrecidos dentro de una política de colaboración. El aporte que hemos hecho ha permitido investigar y condenar a personas y funcionarios que eran parte de un cartel de la contratación. No entendemos por qué razón hoy se nos señala como los culpables de todo. Cuando iniciamos nuestra colaboración, a finales de 2010, la Fiscalía hizo las primeras imputaciones. Es decir, el avance de la investigación, con nuestra colaboración, es indiscutible.
¿Cuál fue la base del acuerdo con la Fiscalía para que se entregaran?
La base del acuerdo fue que nosotros entregábamos pruebas y declarábamos en los procesos contra los contratistas y funcionarios de la Alcaldía, y la Fiscalía nos otorgaba un principio de oportunidad total. Los primeros acercamientos se iniciaron en diciembre de 2010, bajo la administración del fiscal Guillermo Mendoza Diago, quien personalmente se entrevistó con nosotros y consideró que la información y el conocimiento que teníamos era muy importante. Entregamos pruebas y rendimos interrogatorios con fiscales ante la Corte, en los cuales quedó constancia de que lo hicimos dentro del trámite del principio de oportunidad. La información fue verificada, ya que la Fiscalía la ha utilizado para las imputaciones y con base en ella la Corte Suprema y la Procuraduría certificaron su eficacia.
¿Qué sucedió entre la salida de Guillermo Mendoza y la entrada de Viviane Morales?
En ese tránsito, la nueva fiscal manifestó públicamente que no nos otorgaría un principio de oportunidad total, que debíamos aceptar algún delito y seguir el trámite por el resto. El fiscal delegado ante la Corte Germán Pabón inició conversaciones directas con nuestros abogados y, vía telefónica con nosotros, manifestándonos que la Fiscalía se comprometía a otorgar un principio de oportunidad parcial, que la reclusión no sería en una cárcel, dada nuestra condición de testigos, y que seríamos incluidos en el programa de víctimas y protección de testigos. El acuerdo fue confirmado a nuestra llegada al país, cuando nos recibió la directora del CTI en el aeropuerto, nos trasladó a la Fiscalía y la fiscal nos manifestó su respaldo a lo ofrecido por Pabón.
¿Por qué cree usted que salió el exfiscal Germán Pabón de la Fiscalía?
No sabemos exactamente qué pasó, nos enteramos que un columnista manifestó que el señor Pabón había dicho que Carlos Alonso Lucio lo había llamado para decirle que el objetivo principal no era Samuel Moreno y que no se encarnizara con él. Habría entonces que confrontar esto con la decisión de la fiscal, de declararlo insubsistente. Sin embargo, esta seria una buena pregunta para el doctor Pabón.
¿Qué conocimiento tiene usted sobre la situación jurídica de Miguel Nule Amín?
Nos sorprende la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía contra nuestro papá y tío, porque ya existía una preclusión en su caso. Es muy extraño que esta decisión se hubiera tomado en momentos en los que se retomaron las conversaciones con la Fiscalía para formalizar el acuerdo con nosotros. El abogado Jaime Granados, abogado en ese asunto, ha informado a la familia de su extrañeza y clarísima violación al principio de cosa juzgada. Entendemos que recurrió la medida para que el superior de quien la dictó proceda a revocarla. Jamás nos imaginamos que algún miembro de nuestras familias pudiera ser afectado por nuestras declaraciones. Nos aterra la idea de las consecuencias que se puedan generar contra nuestros familiares, extrabajadores del grupo y allegados por colaborar con la justicia.
¿Qué cree usted que hay detrás del allanamiento del Inpec a su sitio de reclusión?
Supuestamente fue por un anónimo. Nos llama la atención la forma en que se presentó a los medios de comunicación, sin informar que lo que nosotros teníamos estaba aprobado por la Fiscalía y el Inpec, y que no es distinto a lo que tienen los internos de otros patios.
El superintendente de Sociedades informó que las deudas del llamado Grupo Nule ascendían a $2 billones. Posteriormente habló de $1,5 billones y hace algunos días dijo que la cifra se acerca a los $795 mil millones. ¿Cuál es la cifra real?
El superintendente de Sociedades, de forma apresurada, ha salido a informar a la opinión pública cifras distintas, afortunadamente para nosotros cada vez son mas favorables. Primero dijo que no había un peso con qué pagar a los acreedores. Luego que sí, pero sólo para una parte. Hoy, ya expedidas y en firme las resoluciones de la calificación de créditos de la mayoría de las sociedades, podemos afirmar que existen recursos para cancelar todas las acreencias.
Extrañamente, el superintendente cuando sale a dar cifras no cuenta con que hay varios créditos que se presentaron simultáneamente en varias sociedades, pero que sólo se debe pagar una vez y no varias. Ejemplos de esto es la concesión Bogotá-Girardot, acreedora en Gas Kpital y MNV, o Seguexpo, que está reconocida en varias sociedades, pero que es una sola deuda. Se puede verificar con los mismos acreedores.
Otro motivo es que están incluyendo dentro de los pasivos las deudas intercompañías, es decir, deudas que Gas Kpital tiene con MNV o viceversa, acreencias que no se tienen que pagar ya que estas empresas forman parte del mismo grupo empresarial como lo estableció la Supersociedades, y tienen que cruzarse las cuentas por pagar con la cuenta de cobro respectiva.
¿Hay suficientes activos para pagar las deudas?
Hay activos para cubrir todas las acreencias, la participación accionaria de la Concesión Bogotá-Girardot, las empresas de Energía y Aguas Kpital Cúcuta son bienes importantes que dan la liquidez suficiente. Nuestro interés siempre ha sido que estos activos regresen a la masa de acreedores, pues cuando se cedieron la condición era que se pagaran las deudas de cada empresa, lo cual no hicieron los cesionarios, razón por la cual siempre apoyamos las acciones reivindicatorias, dando testimonios para que se recuperen esos bienes y se les pague a los acreedores. Queremos aclarar que para recuperar esos activos no era necesario liquidar las empresas, bastaba con la admisión en ley de reorganización. Nos sorprendió que estas empresas fueran liquidadas. Estamos convencidos de que eran viables dentro de un proceso de reorganización empresarial.
¿A qué cree usted que se debe que Julio Gómez haya logrado un preacuerdo con la Fiscalía en un tiempo relativamente corto?
Es una buena pregunta para la Fiscalía, aunque queremos precisar que dicho acuerdo fue producto de los testimonios y las pruebas que entregamos en nuestra solicitud de principio de oportunidad. Sin estas pruebas no le hubieran podido imputar ningún delito. Lo extraño es que él pueda hacer un acuerdo pronto y favorable, y nosotros, que suministramos la información y las pruebas, aún no lo tengamos. También sorprende que a Julio Gómez no le imputaron peculado por los contratos de malla vial, los 071 y 072, donde era socio y con mayor participación que la nuestra.
¿Cuál cree que es la mayor responsabilidad o la participación de Julio Gómez en el carrusel de la contratación?
Julio Gómez, junto con Emilio Tapia y los hermanos Moreno, son el verdadero carrusel de la contratación. Esta respuesta la dio Emilio Tapia cuando en una conversación que publicó El Espectador sacó pecho diciendo: “Todo lo que yo sé, la Uaesp, todo, es que yo he manejado todo. De hecho, todavía lo hago. Yo nombraba al director de esto, al director de esto y al director de esto. Todo lo he manejado. No hubo un solo peso que entrara a donde ellos sin que pasara por mí”. En esa misma grabación dijo: ‘¡Si supieran cómo es de verdad verdad esta vaina: eso no es nada!”.
¿Cuál fue la participación de Emilio Tapia y de Álvaro Dávila en todo este engranaje?
No sabemos cuál será la suerte de ellos, lo que tenemos claro es que todas estas personas las han podido procesar gracias a los testimonios y las pruebas que nosotros entregamos a la Fiscalía.
¿Se puede condenar al exalcalde Samuel Moreno con las pruebas que tiene la Fiscalía?
Lo que podemos decir es que nuestro aporte a la justicia ha sido determinante, como lo certifican la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Indiscutiblemente es necesario que nosotros nos ratifiquemos en los juicios que se inicien contra todos ellos. Además, resultaría ilógico que utilizaran los testimonios de otros testigos que la Fiscalía obtuvo gracias a nuestra información, sin utilizar los nuestros.
Con respecto a los otros funcionarios del Distrito, ¿sin sus testimonios no es posible avanzar?
Creemos que nuestro aporte es fundamental para que se obtengan resultados en esas investigaciones, sin embargo, eso lo debe valorar la Fiscalía General de la Nación.
¿Inocencio Meléndez es un mentiroso? ¿Qué tanto sabía y hacía realmente él?
Tenemos entendido que Inocencio ha mentido, o al menos así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el proceso de Iván Moreno. Su responsabilidad y sus actuaciones ya las hemos manifestado públicamente y en todos los estrados judiciales en nuestros testimonios, los cuales han sido tan eficaces que el señor Meléndez optó por allanarse y acordar con la Fiscalía General de la Nación, gracias a la veracidad de lo que le contamos.
¿Cuáles son las deudas con el IDU? ¿Por qué el IDU es parte en el proceso penal?
No tenemos ninguna deuda con el IDU, es más, la suma pagada por Segurexpo, honrando la póliza adquirida por la Unión Temporal, es superior en $25.000 millones al monto del peculado que se nos imputó. El IDU sigue apareciendo como víctima en el proceso penal, aduciendo que no está buscando ninguna reparación, sino únicamente por la facultad legal que tiene de justicia y verdad no por reparación.
¿Qué más verdades faltan por conocerse en el escándalo del carrusel de la contratación?
Que se conozca que fuimos presionados para que cediéramos el contrato de la calle 26, y sorprendentemente después de cedido le hicieron adiciones al nuevo contratista por un valor aproximado a los $230.000 millones, pese a la exclusión de obras y a la radical oposición de la interventoría, que a través de su representante legal, Jorge Salamanca, manifestó ante la Contraloría que eso no se podía hacer y que iba en contra de lo que se había pactado en el contrato principal y en la cesión del mismo. Lo anterior es absurdo y queremos dejar claro que no hemos tenido ninguna injerencia en esas decisiones o acuerdos posteriores con el nuevo contratista.
Otro tema importante para resaltar es que en la calle 26 se firmaron cinco contratos diferentes al de la Unión Temporal Transvial, en el cual nosotros teníamos participación, y se ha desinformado a la opinión pública diciendo que los atrasos fueron ocasionados por nosotros. Es evidente que esto es mentira, porque a la fecha ninguno de los contratos se ha podido entregar, incluso el que tuvo relación con nosotros es uno de los más adelantados. Quienes deben responder por los atrasos son los funcionarios del Distrito, por la decisión que tomaron de contratar las obras de la calle 26 sin la debida planeación y buscando réditos económicos, políticos y electorales. Un hecho que debemos destacar es que en el proceso que adelanta la Contraloría General de la República los encargados de elaborar los estudios y diseños del proyecto están diciendo que existieron fallas en la elaboración de los diseños y por eso se generó un detrimento patrimonial.