La división entre los países balleneros comenzó en 1985, cuando entró en vigencia la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que, impulsada por fines ecológicos, prohibía la caza de estos mamíferos. Veinticinco años después, el debate está nuevamente sobre la mesa, esta vez en Agadir, Marruecos, donde desde el lunes tiene lugar la convención número 62 de la organización.
El levantamiento, o al menos la intención de hacer la moratoria más flexible, se ha convertido en el tema central de la cumbre, que de aquí al próximo viernes tendrá que decidir si la comisión, conformada por 88 naciones, continuará con la antigua postura o si cambiará de rumbo. La división persiste entre países como Japón, Corea del Sur, Rusia, Islandia y Noruega, abiertamente a favor de la caza, y los llamados “conservacionistas”, representados principalmente por los países balleneros latinoamericanos (entre ellos Colombia), y Australia.
Ante la falta de consenso que se percibió en el primer encuentro y las manifestaciones de organizaciones ecologistas, el vicepresidente de la CBI, Anthony Liverpool, decidió que era conveniente suspender la plenaria y distribuir el debate en grupos de negociación, una decisión que, según los críticos, pone en duda la transparencia de las conversaciones.
Los países en contra de la moratoria obtenían importantes ingresos por la pesca hasta 1985, cuando la caza se limitó a fines científicos. A Japón, por ejemplo, se le concedió un límite anual de caza de 400 ballenas, aunque se calcula que 1.500 de estos animales son atrapados y asesinados ilegalmente cada año. Para revocar la prohibición, es necesario el apoyo de al menos el 75% de las 88 naciones.