Una de las discusiones centrales en el trámite de la Ley de Víctimas en el Congreso tuvo que ver con las competencias de Acción Social, la agencia presidencial que se encarga de atender a los afectados por la violencia, los desplazados, así como de ejecutar los programas del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza. En cierto momento se habló de su eliminación y hubo quienes argumentaron la indebida utilización político-electoral que se hizo de la entidad —concretamente de uno de sus programas: Familias en Acción— en el reciente pasado. Y no faltó quien viera en ella una herencia del mandato Uribe que había que erradicar.
Al final, se optó por crear la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que lo que hace es reubicar y armar en una sola entidad a los funcionarios de Acción Social, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y del Ministerio del Interior y de Justicia que tienen que ver con el tema. Hoy, pasada la euforia de la sanción de la Ley, Diego Molano —director de Acción Social— habla de lo que viene, sin duda lo más difícil, su aplicación en la realidad, y de otros puntos controversiales que han rodeado a la entidad.
¿Al fin y al cabo en qué quedó Acción Social?
La Ley hace una evolución institucional muy interesante, porque crea una entidad que va a poder materializar los derechos de las víctimas y la población vulnerable. Se establece que Acción Social se convierta en un Departamento Administrativo, que va a ser el motor y líder en los ejercicios de desarrollo e inclusión social, y habrá una entidad especifica, una Unidad Administrativa Especial, para las víctimas. La idea es trabajar articuladamente y ser impulsores del proceso de inclusión y reconciliación.
¿Cuál es el plazo para poner eso en funcionamiento?
Tenemos un año para desarrollar toda la institucionalidad. Acción Social va a evolucionar y estamos en el proceso de iniciar la transformación y determinar las funciones, pero seguirá con muchas de las que tiene actualmente: liderando los procesos sociales, avanzando en la superación de la pobreza y desarrollando mecanismos para llegar a territorios que tienen problemas de ilegalidad.
¿Qué va a pasar con Familias en Acción?
Es un programa patrimonio de la política social del Gobierno que va a ser fortalecido y así lo ha dicho el presidente Santos. Tenemos una gran tarea: la superación de la pobreza extrema. Nuestra meta, como quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, es que el próximo cuatrienio se reduzca del 16% al 9,5%.
¿Cuáles pueden ser los grandes retos que tendrá la Ley a la hora de su implementación?
Vamos a trabajar con todo el desprendimiento para que la nueva entidad que se cree aprenda del pasado y construya posibilidades que garanticen hechos reales para las víctimas. Es claro que se tendrán que manejar muy bien las expectativas, ya que esta es una Ley a 10 años. No es posible reparar 40 años de violencia en dos años. La cosa debe ser progresiva, de modo que se garantice que lo que se diseñó se aplique en la realidad. La creación del Registro Único de Víctimas va a ser un tema clave.
¿Por qué?
Porque pasamos de tener muchos sistemas de atención a las víctimas a tener uno y de tener muchos conceptos de víctimas a tener uno. Y pasamos de tener inseguridad jurídica a tener seguridad. No será un proceso fácil, pero progresivamente vamos a buscar una reparación integral. La directriz del presidente es empezar a trabajar desde esta semana en la implementación para que colme las expectativas del país, pero también que sea de una forma organizada y que asegure el acceso a los derechos. Las instituciones que crea la norma terminarán por materializar todos los anhelos de paz que tenemos los colombianos.
¿Se puede hablar de paz cuando a las víctimas que están reclamando sus derechos los están matando?
El presidente ha dado instrucción sobre la protección de la vida de las víctimas. El vicepresidente y los ministros de Defensa y del Interior han tenido un liderazgo muy fuerte en este tema y se está creando un programa de protección. Lo que está pasando demuestra que está ley tiene muchos enemigos que buscan afectar a los más débiles para erosionar la posibilidad de que sea una realidad. Es necesario que el Estado y la sociedad civil cierren filas para proteger a las víctimas.
A Acción Social se le critican muchas cosas, como el papeleo y la burocracia que dificultan el acceso a los programas…
Acción Social atiende a población del Sisbén uno, población vulnerable y víctimas de la violencia. Les llega a siete millones de colombianos que están en diferentes programas y hemos venido evolucionado para tener un mejor servicio. Familias en Acción tiene dos millones y medio de familias, cerca de cinco millones de personas, en 1.099 municipios. Hace dos años eran famosas las filas de pago, hoy tenemos bancarizadas a dos millones 300 mil familias que tienen una cuenta de ahorros con tarjeta débito, les informamos la fecha de pago y sacan la plata en cualquier momento.
¿Y en el caso de la atención a las víctimas de la violencia?
Hemos tratado de tener mayores recursos y mejores elementos para poder hacer pagos de ayuda humanitaria, que por varias decisiones judiciales cambió el concepto y disparó la demanda. La idea es organizar los recursos disponibles para poder llevarlos a los más vulnerables entre las víctimas. Es un reto grande. El presupuesto para ayuda humanitaria hace tres años era de $170 mil millones; hace dos, $250 mil millones; el año pasado, $350 mil millones, y este año vamos a llegar a los $400 mil millones. Por eso son importantes las herramientas que da la Ley para manejar este proceso.
También se ha acusado a Acción Social de promover políticas asistencialistas…
Lo que ha hecho Acción Social es generar capacidades en las familias más pobres. Nunca en Colombia habíamos tenido una red de protección tan grande y en permanente contacto. La Red Unidos trata de mirar a la familia en conjunto, con sus capacidades y sus carencias, y trabajamos sobre todo en estas últimas. Trabajamos no sólo en el subsidio, sino en que tenga educación, salud, ingresos y acompañamiento. Con un concepto básico: corresponsabilidad. Si la familia cumple con sus compromisos, la seguimos acompañando. En Familias en Acción, por ejemplo, el subsidio es una excusa. Lo que está detrás es el capital humano, que se construye a través del subsidio de apoyo.
También se ha criticado a Acción Social de servir de fortín político para movilizar electorado, ¿cómo se va a manejar el asunto de cara a las elecciones de octubre próximo?
Este es un programa que por lo grande corre el riesgo de ser utilizado para aprovecharse y manipular a nuestra población beneficiaria, pero hemos adoptado medidas de blindaje para estas elecciones: lograr un acuerdo con los partidos de la Unidad Nacional para que sus candidatos respeten a nuestros beneficiarios; lanzamos una campaña que promueve votar libremente y no dejarse presionar; hemos firmado también un acuerdo con todos los funcionarios y los enlaces municipales de Acción Social para la transparencia y en algunas zonas hemos hecho esfuerzos para informar que en estas elecciones pueden votar libremente y que nadie los pude presionar.