Sorpresivamente las primeros en responder a ese llamado fueron las asociaciones de pacientes, que convocaron a una rueda de prensa el pasado lunes. Y llamó la atención porque todo apuntaba a que otros actores con intereses más claros y además públicos (como las multinacionales farmacéuticas, que rechazan tajantemente la entrada de nuevos competidores) serían los primeros en alzar su voz.
¿Qué hay detrás de este hecho? Primero habría que decir que en la dura batalla por la reglamentación de los biomedicamentos, los pacientes son un actor legítimo por ser los directamente afectados. Es apenas lógico que reclamen su derecho a unos medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
Sin embargo, en algunos casos, y quizá sin proponérselo, algunas asociaciones de pacientes han perdido su total autonomía e independencia por recibir apoyo económico de estas multinacionales. Aquí valdría la pena recordar una vieja propuesta que hoy cobra vigencia y que plantea que este tipo de asociaciones deberían estar financiadas por el Gobierno, para evitar situaciones como la que hoy se vive.
El Espectador tuvo acceso a documentos internos de laboratorios que hoy comercializan los más costosos medicamentos biotecnológicos en el país, en los que queda al descubierto que las asociaciones de pacientes son un pilar fundamental de su estrategia comercial. Listados de las asociaciones de pacientes, en los que se resaltan las más influyentes, sirven para determinar los montos económicos que se invertirán en ellas a través de actividades de educación y salud.
En una situación como la actual, en la que está en juego un mercado tan jugoso y la propia sostenibilidad del sistema de salud, la pregunta es hasta dónde la opinión de algunas de estas asociaciones puede considerarse independiente.
El apoyo financiero de las multinacionales a las asociaciones de pacientes no es un secreto. Adriana Garzón, directora ejecutiva de la Fundación Simmon (que atiende a pacientes adultos con cáncer), reconoce abiertamente que para subsistir reciben patrocinio de la industria privada y de personas naturales que tienen “una sensibilidad” especial con la enfermedad.
Garzón argumenta que su oposición al decreto que hoy reposa en el Ministerio de Salud, y que debería estar listo el próximo 9 de febrero, está orientada a la calidad: “no queremos que el Invima vaya a regular la entrada de nuevos medicamentos con unos estudios muy laxos. Queremos que si va a entrar un medicamento que va a competir con el biotecnológico (es decir, los biosimilares) , tenga las mismas exigencias”.
Según Garzón, esos medicamentos genéricos nunca tendrán la calidad de los biotecnológicos, porque estos últimos son el resultado de un “proceso muy complejo, de estudios de hasta 10 años, que permiten que el paciente tenga los efectos secundarios mínimos y una efectividad muy amplia contra la enfermedad”.
El presidente de la Fundación Red Apoyo Social de Antioquia (Rasa), Gustavo Campillo Orozco, tampoco oculta que su asociación recibe apoyo financiero de algunas farmacéuticas, pero sí aclara que son “absolutamente” autónomos. “Las donaciones de la industria farmacéutica no son determinantes en el desarrollo del objeto social de nuestra fundación”.
Él también coincide con Adriana Garzón en que su único interés es el bienestar de los pacientes y que su gran preocupación es que los medicamentos biosimilares que lleguen a Colombia tengan “unos requerimientos inferiores a la hora del registro que no garanticen su calidad, ni seguridad ni eficacia”.
La ministra de Salud, Beatriz Londoño, ha insistido ante los pacientes que el criterio para reglamentar la entrada de medicamentos biosimilares al país está basada en las guías que ha creado la Organización Mundial de la Salud para este tema.