En su entrevista con Yamid Amat y María Isabel Rueda para el programa El Gran Reportaje, el martes pasado, el presidente Juan Manuel Santos fue por primera vez más allá en su propuesta de abrir el debate en torno a la legalización de las drogas y el fracaso de la política del prohibicionismo. Entre los muchos temas que puso sobre la mesa, el primer mandatario se refirió a “la plata” que se podría conseguir al imponer impuestos, es decir, gravar el consumo o el tráfico de drogas y dedicar esos recursos exclusivamente a la prevención. “De pronto es mucho más barato y más eficiente”, enfatizó.
Aunque Santos aclaró que Colombia no va a tomar ninguna acción unilateral y que el asunto de la lucha contra el narcotráfico es un tema de seguridad nacional —teniendo en cuenta que es la fuente que alimenta la violencia en el país, por lo que no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia—, se trata ya de una idea concreta que, según cree, se debería analizar. Un tema que causa roncha y que claramente se tendría que estructurar, pues hay quienes consideran que sólo es posible con las llamadas drogas “blandas” (marihuana o hachís), mas no con las “duras” (cocaína, morfina o heroína, entre otras).
La idea del jefe de Estado se encuadra en la teoría del expresidente César Gaviria, quien cree que, si bien el mensaje no apunta a negar que las drogas hacen daño o necesitan controles y tampoco está hablando de no perseguir a las organizaciones criminales, el punto de partida debería ser que se examine de manera colectiva cómo llegar a una política en la cual se disminuyan la corrupción, la violencia y los inmensos costos económicos y sociales. “Es lo que la mayoría de los europeos llaman reducción del daño. No hay políticas ideales. Sólo hay las que ponderen varios aspectos y no nos aten a políticas que supuestamente están basadas sólo en principios éticos, sin pensar en las consecuencias sobre la sociedad”, dijo el exmandatario el domingo, en El Tiempo.
Otro expresidente, Ernesto Samper, respalda la incipiente propuesta de Santos: “Es absolutamente lógica. De lo que se trata es de que las utilidades que están recibiendo los narcotraficantes las reciba el Estado, a través de la imposición de impuestos. El negocio de la droga es: sustancia alucinógena más riesgo. La sustancia la ponemos los productores y el riesgo, el narcotráfico. Entonces, si usted elimina el riesgo puede llevar a una caída de los precios y a un aumento del consumo, pero eso se evita gravando con impuestos el producto”, explicó.
La representante a la Cámara Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático, autora de un proyecto que busca la despenalización de la dosis mínima, considera que hoy más que nunca se hace perentorio tomar decisiones como la que podría implicar que los dineros que van para la guerra y la corrupción empiecen a ser manejados por empresas legales, con un sentido social y educativo: “En Colombia hay una oferta de droga para países como Estados Unidos que, pese a tener leyes muy fuertes, sigue siendo un gran consumidor. Eso sería que el Gobierno tenga un control sobre ese mercado, como ocurre con los cigarrillos y el alcohol. La política antidrogas para lo único que ha servido es para fomentar el negocio y la ilegitimidad”.
Pero también hay quienes riñen con lo dicho por el primer mandatario. El senador Juan Carlos Vélez, de la U, es de los que advierten que la legalización aumenta el consumo y el número de adictos y lo que se debe hacer es insistir en las campañas de prevención y educación frente a los riesgos de consumo. “El camino más fácil es el de la prevención, no el de la estimulación. Eso no lo podemos permitir. Cito como ejemplo Holanda, donde se legalizó el consumo y se disparó el número de adictos. Así ha sucedido en los países donde han tomado esa decisión. Ahora no nos pueden salir con que las drogas son un buen negocio y que debemos llegar a un acuerdo para cobrar impuestos”, manifestó.
Una mirada desde la academia la da César Torres, internacionalista de la Javeriana. En su concepto, lo que plantea Santos es que sí se puede legalizar el consumo de drogas a partir de la política de la dosis personal: “En países europeos el tema se maneja como un asunto de salud pública y no de criminalización, por lo que se atiende a los adictos y se educa para la prevención. Lo de los impuestos se puede discutir, pero tratando la problemática desde la perspectiva de la soberanía y la dignidad de los pueblos (…) un gravamen al consumo o la producción no va a funcionar en frío. Hay que dar el debate sobre el trasfondo de la política antidrogas”.
Lo claro, por ahora, es que el jefe de Estado puso el dedo en la llaga de un tema sensible. El espectro es demasiado amplio y las preguntas y respuestas son varias cuando se trata de llegar a una conclusión. La expresión “reducción de daño” no deja de causar debates y posiciones encontradas. Pero también es cierto que la política de la lucha antidrogas se encuentra en un punto de cambio, muy a pesar de los Estados Unidos, en el que Colombia apunta a jugar un papel determinante o, por lo menos, influyente.
El caso holandés
En 1976, ante el alto consumo de drogas, el gobierno de Holanda decidió despenalizar el uso de la marihuana (5 gramos por persona, que luego subieron a 30 gramos). Posteriormente se llegó a la legalización, buscando reducir la demanda y la oferta y minimizar los riesgos para los consumidores y la sociedad.
Para algunos ha sido una experiencia exitosa, aunque para otros dañina. Lo cierto es que, según las cifras oficiales, el resultado inmediato que se logró con dicha determinación fue que disminuyó el nivel de consumo, se separó el mercado de las drogas ‘duras’ de las ‘blandas’ y se evitó la venta clandestina. Las autoridades holandesas consideran que el consumidor ilegal tiene más posibilidades de ir a las drogas ‘duras’ y que cuando se legalizan las ‘blandas’ se disminuye ese riesgo.
Holanda ha creado alrededor del tema el llamado ‘turismo de drogas’. En un principio se crearon los llamados ‘coffee shops’ legales, que vendían marihuana. Desde el pasado 1° de enero, dichos negocios operan como clubes, con no más de 2.000 miembros, y allí sólo se vende la droga a los holandeses y residentes extranjeros que sean sus socios.
Los resultados en Portugal tras la descriminalización
En julio de 2001 el gobierno de Portugal implementó un cambio en su política de drogas: los usuarios de cualquier droga ilegal aprehendidos por la policía no eran llevados ante los tribunales judiciales o a las cárceles, sino ante comisiones especiales compuestas por profesionales de la salud, el derecho y el trabajo social. La intención era darles a los consumidores la oportunidad de acceder a tratamientos a su adicción y minimizar los costos sociales del uso de drogas.
Un estudio realizado cinco años después por el Cato Institute (organización no gubernamental con sede en Washington) determinó que, tras la medida, el uso de drogas ilegales por parte de los jóvenes portugueses decreció, las tasas de infecciones de sida cayeron y las muertes por consumo de heroína y sustancias similares se redujeron a la mitad, duplicándose el número de personas que buscaron tratamiento por adicción.