El 9 de abril, entre las diferencias políticas

La solidaridad con las víctimas y la paz son los mensajes que llevarán el Gobierno y la izquierda en sus movilizaciones. Cada cual lleva su agenda. Presidencia El asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 es, para muchos, el comienzo de la violencia que se desarrolló hasta convertirse en el conflicto armado que aun hoy padece Colombia. Una fábrica de víctimas que no solo ha marcado la vida de miles sino que sigue siendo el centro de las diferencias en la arena política. Este año, esa conmemoración evidencia los movimientos en cada una de las orillas del espectro político. De la izquierda a la derecha, todos miden fuerzas de cara a la paz y la guerra. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, en 2011, el 9 de abril fue designado por el Estado como el día para homenajear a quienes han padecido la guerra. El gobierno de Juan Manuel Santos, creador de la Ley, año tras año, desde 2012, ha hecho actos conmemorativos para reivindicar sus derechos. Esta vez, desde el Ejecutivo se ha promovido el slogan “Por las víctimas, por la paz” para invitar a marchar, y la idea es que “son las víctimas las que nos enseñarán el camino de la paz. Es con ellas que se reconstruirá lo destruido”, dijo Paula Gaviria, la directora de la Unidad de Víctimas al hablar de la marcha. Varios representantes del Gobierno estarán en una serie de actos simbólicos. El propio Santos homenajeará a las víctimas y a los soldados caídos con una ofrenda floral para luego poner la primera piedra del Museo Nacional de Memoria Histórica que se construirá en la Calle 26, en Bogotá. Mientras el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunirá con las víctimas que asistieron a la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) para hablar del enfoque territorial que ahora tendrá la ejecución de la Ley de Víctimas. No obstante, los actos simbólicos por las víctimas no tienen el impulso político que le ha dado la Unidad Nacional a esta fecha conmemorativa en años anteriores. Incluso, para esta movilización, desde los canales institucionales y los medios de comunicación no se desplegaron los mecanismos publicitarios que tuvo la marcha del pasado 8 de marzo, convocada por el excandidato presidencial Antanas Mockus a favor de la vida y que, se dijo, no era impulsada por el Ejecutivo. En suma, aunque el Gobierno sí ha convocado a la movilización de mañana como un paso hacia la paz, que es su principal apuesta política, no ha enfilado baterías para dar un golpe de opinión con la participación masiva que procuró hace tan solo un mes. Probablemente, ese ‘recato’ en la convocatoria del Gobierno tiene que ver con que otros sectores, ajenos a la Unidad Nacional y enlistados en el ala izquierda, también programan movilizaciones. Por un lado, actores entre los que se destaca la Marcha Patriótica se movilizarán en un claro compromiso con la salida negociada al conflicto, al tiempo que agitarán banderas como la de la asamblea nacional constituyente, que creen es la forma expedita para aterrizar los acuerdos a los que llegue el Gobierno con las Farc y para garantizar transformaciones de fondo en el Estado. Eso, sumado a que este movimiento social empieza a erigirse como un competidor en las próximas elecciones locales, augura que la presencia de sus militantes en todas las regiones será nutrida. También hacia la izquierda, pero en un escenario diferente, está el ‘petrismo’. El progresismo liderado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le ha apostado a convertir a la capital en el epicentro y ejemplo de los cambios que tienen que venir con la paz. Más allá de los discursos, el gobierno de Bogotá ideó la Primera Cumbre mundial de la paz y puso, durante los últimos días, a los mundillos culturales, académicos y de activismos sociales y políticos a pensar cómo sería la paz. Las marchas, por lo menos las que se desarrollen en Bogotá, les servirán para medir fuerzas políticas pues, en últimas, parte del discurso del ‘petrismo’ siempre ha sido que son hijos de la paz con el M-19 y que se materializó en la Constitución de 1991 y que, desde allí, claman por el silencio de los fusiles y por volver realidad los derechos que consagra la carta magna. En la otra orilla, en la derecha del Centro Democrático, el interés que despierta integrarse a las marchas o a los actos simbólicos es prácticamente nulo. La declaratoria del 9 de abril como el día de las víctimas es asimilado como un artificio del santismo y siempre han condenado a expresiones de izquierda como la Marcha Patriótica o el ‘petrismo’ como enemigas o ilegítimas. Además, vincularse podría poner en tela de juicio su posición crítica frente a la paz negociada y su oposición al gobierno Santos. En suma, está claro que el día de solidaridad con las víctimas está lejos de ser una de esas fechas anquilosadas en los decretos y leyes de la República. El fervor político que evoca la fecha y sus remembranzas está atravesado por el anhelo de paz y las discrepancias alrededor de cómo conseguirla. Está claro que entre el oficialismo y las derechas e izquierdas hay todavía muchas discusiones sobre los mínimos de una hoja de ruta para superar la violencia.

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