El lunes pasado, a las 7:00 p.m., se dieron cita en el restaurante Terraza 103 de Bogotá un grupo de proveedores de la EPS SaludCoop, intervenida desde mayo pasado por el Gobierno. La invitación les había llegado vía correo electrónico con un mensaje que empezaba así: “Estimados amigos: para tratar de entender lo que nos está pasando con el Grupo SaludCoop es importante que reflexionemos un poco sobre lo que ha sucedido con dicha institución”.
Cuando hablan de “lo que nos está pasado” se refieren, fundamentalmente, a la millonaria deuda que la EPS tiene con ellos y que según la misma interventoría llega a los $440.000 millones. En la invitación a este encuentro también se resume lo atropellado que ha sido el proceso de intervención —según su opinión—, se describe la afectación que han tenido los usuarios y las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud, es decir, las clínicas y los hospitales que son gran parte de los proveedores), y se esboza el panorama que les espera.
Por un lado, los proveedores denuncian que SaludCoop “no ha cumplido las promesas de pagos que han expresado en medios de comunicación” y que “muy pocas de las IPS hemos tenido una comunicación, respuesta o solución directa y concreta a nuestra problemática”. Se quejan de que “las citas para conciliación de cartera las dan para dos y hasta tres meses, y después tienen el descaro de aplazarlas nuevamente”.
En alguna parte del correo los proveedores mencionan que han visto a muchas IPS cerrarles sus servicios a SaludCoop y que otras también tienen la intención de hacerlo. Este último punto es especialmente preocupante, porque se está hablando de una decisión que afectaría directamente a los usuarios de la EPS. Una fuente cercana a los prestadores de servicios, que pidió la reserva de su identidad, asegura que algunos proveedores están contemplando llegar a este extremo para presionar los pagos.
¿Por qué esta situación se está saliendo de control? En una entrevista, publicada por este diario el pasado 28 de febrero, la cabeza del proceso de intervención, Mauricio Castro, explicó que la millonaria deuda que se tiene con los proveedores no es nueva. Aseguró que es un problema heredado de la antigua administración, que lideraba Carlos Palacino. “Para el momento de la intervención se encontró que si bien la empresa había dado una utilidad (para diciembre de 2010) de $16 mil millones, la deuda con los proveedores sumaba cerca de $430 mil millones”, explicó Castro.
El interventor aseguró, además, que aunque no han podido saldar al 100% las deudas, “todos los meses hemos pagado el promedio de los últimos tres meses facturados (según sus cálculos se han entregado $1,5 billones)”. Y agregó: “Si bien hemos hecho esos pagos con un esfuerzo inmenso, el monto de la cartera sigue en los mismos niveles que se encontró en mayo. Lo importante es resaltar que esa deuda venía creciendo a unas tasas muy altas desde 2009 (del 40 y 50% cada año) y desde que llegamos no ha crecido más del 5%”.
Frente a las últimas denuncias de los prestadores de servicio, El Espectador consultó nuevamente al agente interventor. Al preguntarle si se han incumplido las promesas de pago, como lo sostienen los proveedores, Mauricio Castro reconoció que sí.
“El año pasado se dijo que a octubre la edad de mora iba a estar a 90 días. Eso no se cumplió, porque nuestro plan es pagar esa cartera acumulada con la venta de activos, pero las gestiones han sido más complejas de lo estimado. Hay muchos problemas jurídicos alrededor de esos bienes que se quieren vender y hay que resolverlos primero”, afirmó Castro.
¿Con qué activos está contando SaludCoop para cumplir la nueva promesa de pagar la deuda acumulada? Según Castro, para empezar se cerró un negocio por $100 mil millones por la venta del edificio Paralelo 108. Por otro lado, están esperando a que se haga efectivo un proceso ejecutivo por casi $30 mil millones, relacionado con una inversión que hizo la antigua administración en el proyecto Ciudadela Salud. “También se van a desenterrar unas inversiones hechas en la Clínica La Castellana”, dice Castro y calcula que de allí podrían salir unos $20 mil millones. Habla además de una serie de lotes repartidos en ciudades como Barrancabermeja, Medellín y Popayán, que pueden representar $3 mil millones cada uno. También está la venta de un BMW que podría costar unos $300 millones y una camioneta marca Porsche, de $150 millones.
“A marzo vamos a tener unos $130 mil millones que irán a la bolsa para pagar”, dice Mauricio Castro y lanza una afirmación más: “También, a partir de marzo, vamos a estar 100% al corriente, es decir, vamos a pagar lo facturado el mes anterior”. Finalmente, aseguró que ellos se han reunido con los proveedores de diferentes ciudades y les han informado sus planes.
En el correo, que se rotaron los proveedores, es claro que poco creen en las promesas de la compañía. “Nos han incumplido tanto los acuerdos de pago, que se han pactado antes como después de la intervención. Tenemos una peor condición de nuestra cartera que la teníamos antes de la intervención”. Además, queda explícito que están haciendo un llamado a todos los proveedores para que se unan en esta lucha: “Enfrentar esta situación ante el Gobierno debe ser un trabajo mancomunado de las IPS y no hacerlo de esta forma es prácticamente un suicidio para la institución si trata de enfrentarla solo”. Y más adelante se lee que deben buscar de forma “mancomunada y en bloque” las soluciones efectivas.
También es claro que el Gobierno —representado por la interventoría— está al tanto de la situación, pero argumenta que no se han podido tomar medidas más radicales porque la situación financiera de SaludCoop, al momento de la intervención, era realmente grave, más de lo que se presupuestaba. Y en medio de estos dos actores están los usuarios, que serían los más perjudicados de tomarse medidas más extremas.