La autorización del Gobierno para importar cemento con un arancel cero y la amenaza de intervenir el mercado frenó en seco la oleada alcista que se había presentado en las últimas semanas en el mercado nacional.
Como respuesta a la medida, las tres cementeras más grandes del país: la mexicana Cemex, la suiza Holcim y la colombiana Argos se comprometieron a que el precio del cemento no subirá más en lo que resta del año.
Aunque hay quienes consideran que la medida favorecerá a los constructores, especialmente a los que desarrollen programas de vivienda de interés social, hay otros que sostienen que la determinación no es suficiente, debido a que el precio del cemento debería bajar.
Frente al tema, el ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Juan Lozano, señaló que el incremento en el valor del cemento, entre 14 y 20%, de las últimas semanas está afectando los planes de construcción de infraestructura y vivienda de interés social, y que por esta razón se vio obligado a tomar la determinación.
El funcionario recalcó que el sector de la construcción será el motor dinamizador de la economía, lo cual le permitirá al país generar un gran número de empleos, lo que aliviará la situación de muchos colombianos y que por ello tomaron la decisión de eliminar el arancel, con el fin de permitirles a los empresarios la posibilidad de importar el cemento.
Además, señaló que de presentarse una nueva alza procederán a intervenir el mercado cementero y solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que investigue y establezca los elementos que inciden en la canasta de costos de la industria del cemento.
Expertos del sector, consultados por El Espectador, recalcaron que el precio actual perjudicará a los constructores, especialmente a los que salgan favorecidos con las obras de los 19 corredores arteriales complementarios de competitividad, los cuales deberán construirse en pavimento rígido y cuyo valor será superior a los $2,5 billones.
Pero hay quienes dicen que importando el cemento podrían reducirse los costos de construcción por kilómetro, en lo que tiene que ver con vías, pero que también podría beneficiar a los constructores de vivienda, en especial de interés social.
Esta situación trae a la memoria los bochornosos hechos que obligaron al reacomodo del mercado cementero del país y que ocasionaron fuertes sanciones por violaciones a libre competencia, las cuales aún son analizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
En diciembre del año pasado la Superintendencia halló responsables de violación a la libre competencia a las empresas Cemex, Argos y Holcim, por establecer pactos para fijar el valor de cemento. Por estos hechos la SIC multó a las cementeras con $2.769 millones.
De acuerdo con la Superintendencia, en diciembre de 2008 las sanciones fueron el resultado de una investigación con base en conductas asumidas durante el segundo semestre de 2005.
La entidad definió que las tres compañías participaron en un acuerdo para establecer el precio del cemento Portland Gris Tipo 1 y repartirse el mercado en el país.
Durante el anuncio de la sanción, la entidad señaló que “los acuerdos se establecieron a partir del análisis del comportamiento registrado en los precios y en las participaciones en el mercado de esa clase de cemento”.
Asimismo, estableció la entidad que para sancionar a las cementeras también tuvo en cuenta la información relacionada con la existencia de intercambio de información reservada y de reuniones de los representantes legales y de funcionarios del área comercial.
Además de la sanción a las empresas, la Superindustria también multó a los representantes legales de las cementeras, a sumas que ascienden a los $414 millones.
Este proceso se encuentra en análisis de la SIC y se espera que pueda dar una respuesta a la reposición de las cementeras en marzo de este año.
El superintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena, señaló que adelantan el análisis del tema.
De otro lado, el gremio de los constructores, Camacol, señaló que se pronunciará sobre la decisión del Gobierno hasta tanto tenga una visión más clara del tema con los constructores y las empresas productoras de cemento.
Entre tanto, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) señaló que por ahora no se va a pronunciar sobre el asunto, ya que el cemento pesa más en el sector de la construcción de vivienda, que en la construcción de infraestructura de transporte.
Los directivos de la CCI señalaron que mantendrán sus críticas a los procesos licitatorios, especialmente al de los 19 corredores arteriales complementarios de competitividad.
Los constructores consultados señalaron que la intervención es oportuna, porque el esfuerzo del Gobierno para reactivar la economía podría convertirse en una piedra en el camino para la ejecución de obras de infraestructura por $55 billones, de los cuales $14 billones corresponden al sector de vivienda, es decir, 2,9% del PIB.
Para los productores las alzas en el producto obedecen a una suma de factores, como el incremento en los precios de los combustibles y del gas, del movimiento del dólar y del alto costo del flete para el movimiento de la carga desde las plantas productoras a los puntos de distribución al público.
El vicepresidente regional de Argos, Juan David Uribe, señaló que la compañía no está pensando en aumentar los precios más allá del que rige hoy en el mercado.
Frente a la eliminación del arancel, Argos no tiene ningún comentario, porque siempre ha sido defensora de la libre competencia y el libre mercado, y continúa con esa política.
Uribe agregó que respecto a la investigación que adelanta la Superindustria, “nosotros hemos sido respetuosos de esta investigación, hemos enviado la documentación pertinente y consideramos que su fallo no es correcto. Argos ha fijado los precios de acuerdo con una política que conoce el Gobierno”.