“Cerda, les estamos haciendo la guerra. Lo que le pasó es sólo el comienzo, ustedes están siendo seguidos muy de cerca por nosotros y cualquier paso que den será reprimido con castigo. Atentamente: La Cordillera, Colombia”. Ese fue el mensaje que Mayra Alejandra Guevara recibió en su celular pocos días después de que un hombre le arrojara ácido cuando caminaba por una calle intentando vender ropa. Su rostro se salvó de milagro, le dijo el médico. Su brazo derecho, sin embargo, llevará para siempre la cicatriz que le dejó el químico, como una marca maldita para que sus miedos la persigan a donde vaya.
Un infierno que la volvió una nómada, escondiéndose con su familia, con pánico de salir a la calle a comprar un pan para sus hijos —o, peor aun, sin plata para hacerlo—, desilusionada de la justicia. Todo por haber aceptado colaborarle a la Fiscalía en un proceso contra una organización que a la sombra manejaba el narcoparamilitar Macaco, el mismo que, dicen, tor turaba a sus víctimas echándoselas a los leones en su finca de recreo en Antioquia. Mayra Alejandra Guevara padece hoy el fantasma de los herederos del capo por haberse atrevido a decir esta boca es mía.
El costo de haber dado la cara, se diría. En tiempos en los que todos hablan de “carteles de testigos”, algunos con razón —Sigifredo López, tal parece—, bien vale la pena revisar el reverso de la moneda: el drama de tantos declarantes que se la jugaron por la justicia y terminaron abandonados a su suerte. Una fatalidad que se cuenta por docenas en esta Colombia amedrentada por los matones.
Testigo clave
Mayra Alejandra Guevara perteneció en algún momento al Programa de Protección de la Fiscalía. En 2004, con apenas 14 años, sirvió como testigo en contra de su madre, integrante del cartel ‘La Cordillera’. Ella y su esposo Juan Carlos Castillo cuentan que por su colaboración fueron condenados además Carlos Ramiro Pineda y Carlos Alberto y Mario Andrés Herrera, hermanos que asumieron el liderazgo de la organización en el Eje Cafetero y Bogotá cuando el hoy extraditado Carlos Mario Jiménez (Macaco), dejó ‘La Cordillera’ para sentarse en la mesa de negociación de Santa Fe de Ralito.
Según sus expedientes, Pineda se encuentra tras las rejas, condenado a 21 años por homicidio. No obstante, al consultar sus antecedentes en la página web de la Policía, se lee que “no es requerido por autoridad judicial alguna”. Mario Andrés Herrera cumple una sentencia en la cárcel La Modelo de Bogotá de 10 años por tráfico de estupefacientes. Su hermano Carlos Alberto fue condenado también por narcotráfico, pero el 3 de marzo de 2011 firmó un acta de compromiso y desde entonces está en libertad condicional. Los esposos Castillo Guevara dicen que la colaboración de Mayra Alejandra fue clave en estos tres casos y en otros más. Desde 2004 el Programa de Protección manifestó su interés en incluir a Mayra Alejandra, pero ese año no se pudo porque era menor de edad y se había escapado del hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el que se encontraba. En junio de 2006 fue incorporada con su esposo, su primer hijo y su suegra, Zoila Castillo. La Fiscalía estableció que sus zonas de riesgo eran Bogotá, Medellín, Barranquilla y el Eje Cafetero. Fueron trasladados a Norte de Santander.
Desde que se fueron a Cúcuta, la historia entre la familia Castillo Guevara y el Programa de Protección de la Fiscalía parece la de un matrimonio mal arreglado. El 28 de julio de 2006 ellos pidieron ser retirados del programa. Tres días más tarde se echaron para atrás. En septiembre fueron trasladados a Bucaramanga y hasta allá llegaron sus verdugos, los seguimientos, los panfletos. La Fiscalía, no obstante, concluyó en ese momento que éstos “no ofrecían credibilidad” y que, al contrario, era Castillo quien “constantemente divulgaba su condición de protegido”, poniendo en riesgo su seguridad. Cinco meses antes la Fiscalía los había excluido del programa señalando que no había señales de nuevas amenazas. Poco después, en una revaluación, se advirtió del “riesgo extraordinario”. Fueron reubicados en Santa Marta.
Las cosas empeoraron. En junio de 2007 la Fiscalía los expulsó del Programa de Protección porque Mayra Alejandra no acudió a una citación en un juzgado de Bogotá donde se llevaban procesos contra ‘La Cordillera’. El miedo la consumió a destiempos. Semanas después la Fiscalía volvió a detectar que los Castillo Guevara ostentaban “un carácter de riesgo extraordinario”, pero no fueron reincorporados al programa por falta de “participación procesal eficaz”. Las amenazas se materializaron. Juan Carlos Castillo denunció que fue secuestrado por desconocidos en un taxi. Lo golpearon durante horas y le dijeron que Mayra Alejandra debía desaparecer de los estrados judiciales. Lo dejaron tirado a la entrada de Riohacha (La Guajira). “La Policía me encontró bañado en sangre”.
No pasó mucho tiempo antes de que cuatro hombres armados y encapuchados se metieran a su casa. La golpiza se repitió, pero esta vez a su madre y Mayra Alejandra, embarazada como estaba de su segundo bebé. En abril de 2008 los sacaron corriendo para Ibagué. En noviembre de ese año, una vez más la Fiscalía se negó a reincorporarlos al programa. Para colmo, las denuncias de los Castillo Guevara por la persecución de ‘La Cordillera’ no avanzaron nunca.
De nuevo en Bogotá
El hambre los devolvió a Bogotá. Sin protección, sin trabajo, expuestos, muertos de miedo, decidieron regresar al anonimato de la capital. Pero no terminaban de instalarse cuando empezaron a recibir anónimos y gatos muertos en la entrada de su casa. Desesperados, en octubre de 2008 le contaron a este diario su infernal historia en un artículo titulado “El riesgo de haber hablado”. El Programa de Protección, sin embargo, insistió en que no había fallado y les comunicó que, al contrario, había sido bastante laxo con ellos: los habían alejado de zonas de riesgo, les habían dado dinero en cada oportunidad para reubicarse y se había revaluado periódicamente su seguridad.
Sorteando las amenazas que no paraban de llover, y que empezaron a tomar forma como mensajes de texto en sus celulares, comenzaron de a poco a rearmar sus vidas. Mayra Alejandra continuó negándose a colaborar con la justicia. Quisieron tener un local, pero quebraron. Hallaron en la venta de ropa en las calles una opción para sostenerse. Y justo cuando creían que estaban saliendo de la mirada de los violentos, el 20 de febrero del año pasado un hombre motorizado embistió a doña Zoila, quien iba caminando con Mayra Alejandra. “La arrastró como seis metros —dice Castillo llorando—. No sé por qué la Policía no cogió al tipo si los vecinos no lo dejaron escapar”.
A Castillo le remuerde la conciencia la muerte de su madre. Dice que murió por su culpa, por haberla sumergido en el laberinto del que ni él ni su esposa han logrado escapar. Como si fuera poco, la atención que le proporcionaron entonces en el Hospital El Tunal fue pésima. Su denuncia llevó a que la Secretaría de Salud le formulara pliego de cargos a la entidad el pasado 23 de abril. A la fecha, de la muerte de doña Zoila Castillo nada se sabe. Juan Carlos le pidió al fiscal del caso que le entregara una copia del expediente para saber en qué iban las indagaciones. No ha habido mayor avance.
El temor en la casa Castillo Guevara volvió a instalarse. Acudieron otra vez al Programa de Protección de Víctimas, que en junio de este año les respondió que no podía reincorporarlos por varias razones. Entre otras, porque al haber regresado a Bogotá aumentaron el riesgo y porque, como si fuera poco, añoas atrás habían declarado en medios “de manera decidida e imprudente” en qué lugar del país se encontraban. “El riesgo (…) es facilitado por ustedes mismos”, señaló la Fiscalía en su comunicación.
Mayra Alejandra y su esposo acataron la decisión, pero hace dos semanas la paciencia se les agotó cuando un extraño la atacó a ella con ácido. Fueron a la Procuraduría, organismo que le pidió a la Fiscalía protegerlos cuanto antes. Ella prefiere no salir de casa. Él lo hace porque necesita trabajar, mantenerlas a ella y a sus dos niños. Ruegan porque algún país extranjero conozca su historia y se anime a darles asilo. Perdieron la fe en que la justicia aclare quiénes los agredieron, por qué doña Zoila resultó muerta y quién está detrás del macabro ataque con ácido contra Mayra Alejandra. En redondo, el drama de haber sido testigo.