El tema de la inmunidad, sobre el cual el mismo Consejo de Estado, en su concepto sobre el acuerdo para el uso de bases militares colombianas por parte de tropas de Estados Unidos plantea la urgencia de “renegociar” los términos, sigue siendo uno de los puntos más polémicos de dicho convenio. Tal y como lo reveló ayer El Espectador, el alto tribunal cree que allí existe un desequilibrio, que dicha inmunidad no establece discriminación alguna y que además de los militares estadounidenses, “en nada se refiere a sus parientes y personas a cargo”.
Las preocupaciones se incrementan más en las organizaciones de derechos humanos y otros sectores tras las denuncias de un caso de violación hace dos años, sucedido en la base aérea de Tolemaida –precisamente una de las del actual acuerdo–, en el que se vieron involucrados militares norteamericanos, quienes finalmente, haciendo uso de la inmunidad diplomática, regresaron a su país sin que se les hubiese adelantado juicio alguno.
“La raptaron, la drogaron, se la llevaron para la base aérea de Melgar (Tolemaida), la violaron, le tomaron videos, que no he podido encontrar”, ha dicho Olga Lucía Castillo, la madre de la menor de la que, supuestamente, abusaron en agosto de 2007 el sargento Michael J. Cohen y el contratista retirado del Ejército, César Ruiz.
Durante su reciente visita a Washington, el ministro de defensa Gabriel Silva fue indagado sobre ese tema, pero se limitó a decir que no iba a hablar. Lo cierto es que desde 2003, el Gobierno tiene un acuerdo de inmunidad con Estados Unidos, que abriga durante misiones extranjeras a todos los funcionarios de ese país, incluidos sus crímenes.
“Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que firmaron el acuerdo de inmunidad ante la Corte Penal Internacional”, explicó a este diario Adam Isacson, analista del Centro para la Política Internacional. “Esto significa que si la CPI ordena la detención de un ciudadano estadounidense por un delito de lesa humanidad, Colombia está comprometida a no cumplir con esa orden”, agregó Isacson. “Si no lo hubieran firmado, Estados Unidos habría recortado gran parte de los recursos del Plan Colombia”, concluyó.
Pero esto no es todo. Los militares estarán también protegidos por otros “convenios puntuales que ahora buscan mejorar o sistematizar en el acuerdo de las bases”, advirtió Isacson. Con estas protecciones, los supuestos violadores de la hija de Castillo desaparecieron de Colombia sin dejar huella y, a estas alturas, nadie responde por el hecho. Algo que para el ex embajador Miles Frechette es inusual dentro de la justicia militar estadounidense.
“La verdad es que no lo entiendo, me deja muy extrañado. Nunca he oído de casos similares”, expresó el ex diplomático. “Sé que lo de la inmunidad es un tema para muchos difícil de entender, pero es normal para Estados Unidos. Tenemos este tipo de acuerdo con otros países en los cinco continentes. Significa que puede haber inmunidad ante la ley colombiana, pero no impunidad. Si alguno de los americanos comete un crimen será juzgado por la justicia militar de Estados Unidos”, recalcó Frechette y explicó que las fuerzas militares de su país “tienen un sistema de justicia paralelo al sistema civil, con órdenes más estrictas y penas más severas”.
Pero la inmunidad no es lo único que ha causado polémica frente al acuerdo de las bases militares. Aunque el Gobierno no ha escatimado palabras para recalcar que son simplemente la continuación del pacto anterior, para analistas como Marck Chernick, profesor de la Universidad de Georgetown, la presencia de las bases acentúa aún más el conflicto en Colombia y envía un mensaje delicado a la región.
“Colombia les está dando más razones a Chávez y a los demás para seguirse fortaleciendo con la excusa de su propia defensa”, afirmó. “Las ganancias que ha hecho el Gobierno de Uribe con la seguridad democrática ya están claras y el camino no debe ser más represión, más guerras ni más armas. Se debe buscar otra salida al conflicto y debe ser política y negociada”, dijo.
Para Chernick también es claro que el pacto es una herencia de la relación Uribe-Bush, donde Obama nada tiene que ver. “Este pacto corresponde a diálogos y acuerdos previos de Uribe, Bush y el Pentágono, aprovechando el vacío que aún existe en la política de Obama frente a América Latina”. Vale la pena resaltar que a estas alturas, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental no ha sido siquiera ratificado por el Congreso. Lo que ha despertado cuestionamientos sobre la importancia que para Washington hoy en día tiene América Latina.