El presupuesto de la Nación 2009, por valor de $140,5 billones, al cual se le decidió sumar el subsidio a los combustibles, sigue dando de qué hablar. El martes, el mismo tema fue objeto de debate en la Plenaria del Senado y en la Comisión Cuarta del Senado, a donde tuvo que acudir el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, para explicar con qué criterios se elaboró y por qué su aumento frente a 2008 si el lema hoy, en tiempos de vacas flacas, es reducir el gasto público.
De manera coincidencial, el pasado lunes en la mañana el equipo económico del Gobierno, encabezado por el Ministro de Hacienda; la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería; la directora de Presupuesto, Carolina Soto, y el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, visitó El Espectador y, a instancias de los columnistas económicos del periódico, se planteó un debate cuyo asunto primordial fue precisamente el manejo y tamaño del presupuesto.
Ante los columnistas Alejandro Gaviria, Salomón Kalmanovitz, Mauricio Rodríguez, Santiago Montenegro y Eduardo Sarmiento, la directora de Presupuesto manifestó que parte del incremento se debe a que los ingresos corrientes de la Nación pasaron de $67 billones a $75 billones en 2009. Entonces interrumpió el ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, para interrogar: “¿Y cuánto corresponde a impuestos?”. Soto respondió: “El aumento en el recaudo de impuestos fue del 12%, pero hay que sumar los aportes de Ecopetrol y al sector minero”.
En defensa del presupuesto intervino después la directora nacional de Planeación, Carolina Rentería, quien destacó que el sector que más creció y al cual se le dio prelación debido a los retos del presente, fue el de justicia. Y añadió: “Hoy representa el 0,8% del PIB, mientras la Rama Ejecutiva apenas tiene el 0,6%”. En tono crítico, Alejandro Gaviria apuntó que se debe poner atención al tema, porque por privilegiar un sector se pueden generar desórdenes en los escalafones salariales de fiscales y jueces, como ocurrió con los maestros.
Más allá de sus desagregados, otra de las inquietudes que se generaron alrededor del presupuesto del año entrante es que, según los expertos, éste se hizo con base en un crecimiento de la economía del 5%. Esta metodología fue cuestionada por analistas como Eduardo Sarmiento y Mauricio Rodríguez, quienes no creen que el mismo crecimiento se repita este año. El viceministro Zárate replicó manifestando: “El crecimiento del PIB potencial estará más cerca del 6% que del 4%, por flujos de inversión cercanos a 29% del PIB y por el sector petrolero”.
Y fue mencionar petróleo, para que la discusión volviera a diversificar los argumentos. La evidencia más polémica fue la destinación de recursos de Ecopetrol a subsidios para los precios a los combustibles. Sobre el particular, Carolina Rentería manifestó: “De $9 billones en que se estiman hoy las utilidades de Ecopetrol, $6 billones irán a esos subsidios”. El analista Eduardo Sarmiento objetó diciendo que de esos subsidios se deberían excluir los carros particulares, opinión compartida por Mauricio Rodríguez y Kalmanovitz.
¿Gasolina e inflación?
De igual manera, en el encuentro entre el equipo económico del Gobierno y los columnistas de El Espectador que abordan estas temáticas se discutió la propuesta que hizo la Comisión Independiente del Gasto Público creada por el Gobierno en 2007, en el sentido de vender un 10% adicional de Ecopetrol para pagar deuda pública. De entrada, el ministro Óscar Iván Zuluaga aclaró que sería necesario tramitar un proyecto en el Congreso, hecho que ve por ahora difícil, pero lo consideró interesante.
Salomón Kalmanovitz preguntó si es o no conveniente dar subsidios a un recurso escaso como lo es el petróleo, interrogante al cual se sumó Mauricio Rodríguez, planteando que si estos subsidios son regresivos, por qué no aplicarlos más bien para regular las tarifas del transporte público masivo. Frente a estos planteamientos, el Ministro de Hacienda anunció que en breve el Gobierno contratará un estudio sobre focalización de subsidio, precisamente para definir la estrategia más adecuada en el tema de la regulación del precio de la gasolina.
En cuanto a las inversiones a corto y mediano plazo, la directora de Planeación resaltó que del presupuesto de $140,5 billones previsto para 2009, se financiarán proyectos por valor de $24 billones, de los cuales los rubros más atendidos serán, en su orden, protección social, con el 25% de las inversiones programadas; transporte, con el 13%, y defensa, con el mismo 13%. Como estaba anunciado, para seguridad democrática se contemplan $3,8 billones, con un recorte de 9%.
En programas sociales, que son los de mayor impacto entre la gente, el Gobierno tiene previsto gastarse $11 billones el año entrante. Pero además, también está previsto que 2,5 millones de personas ingresen al régimen subsidiado de salud, lo cual implica inversiones totales del orden de los $26,6 millones. El propósito es lograr cobertura plena en salud. Un objetivo que se complementa con el crecimiento en el número de beneficiarios del programa Familias en Acción. Hoy existen 1,5 millones de afiliados y se espera llegar a 3 millones antes de 2010.
“¿Y cuánto van a costar esas tres millones de familias atendidas por el Gobierno en 2010?”, interrogó de inmediato Alejandro Gaviria. La directora de Planeación contestó: “$2,7 billones”. Con esta respuesta se canceló el tema del presupuesto, porque era necesario abrirle tiempo a otro de los asuntos que más generan controversia económica en los círculos de expertos: las obras de infraestructura terrestres que, según el Gobierno, tienen una partida de $3,8 billones.
Y explicó Carolina Rentería: “Para las concesiones viales se cuenta con $590 mil millones, pero el Gobierno tiene la idea de renegociar algunas de estas obras e incluso de reestructurar el modelo para que el sector privado aporte más recursos”. A manera de crítica, el ex director de Planeación Santiago Montenegro señaló la ineficacia de institutos como el Inco e Invías y citó el caso de una vía tan prioritaria como Pasto-Mocoa, con insuficiente atención. En este sentido, acogió la idea de vincular cada vez más al sector privado en estas obras.
El propio Montenegro planteó el caso de México, que invierte cuantiosos recursos al año con el sector privado. El ministro Zuluaga respondió que México puede hacerlo porque liberó de las cuentas fiscales el tema de infraestructura. De todos modos, insistió Mauricio Rodríguez, “el país tiene hoy un retraso de US$10 billones en infraestructura. Por eso las concesiones son una oportunidad para liberar recursos fiscales, estimular la demanda y generar empleo. Este es un tema financiero que debería discutirse”.
El encuentro entre los expertos económicos del Gobierno y los columnistas del área en El Espectador se cerró con una promesa del ministro Zuluaga: el presupuesto de 2009 tiene previstas las contingencias fiscales y no habrá adiciones. Para exaltarlo, mencionó el caso de los maestros, a quienes se les adeudan $1,8 billones en retroactividad de cesantías que se van a pagar, y mencionó la reparación a las víctimas de la violencia y la liquidación de entidades que también se incorporaron al presupuesto, sin deteriorar el balance fiscal.