“La Oficina pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la Fuerza Pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos (…)”. Este aparte del informe sobre la crisis en el Catatumbo, emitido por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue el que generó la reacción del Gobierno, la Policía y hasta la Procuraduría.
Mientras en la región se anunciaba la suspensión de los diálogos al no haber puntos de encuentro entre Gobierno y manifestantes, tanto el Ministerio de Defensa como el alto consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón, pasando por el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, salieron a rechazar la declaración. El mindefensa, también en un comunicado, calificó de “irresponsable y temeraria” cualquier afirmación sobre la muerte de los cuatro campesinos, hasta tanto la Fiscalía determine las circunstancias en que perdieron la vida.
A su vez, Lucho Garzón, mediador del Gobierno, advirtió que el informe de la Oficina del Acto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia complica la búsqueda de un consenso: “Extraña que la información parta de la premisa de que ya hay investigación, incluso forense, pues habla de las balas. Nosotros le preguntamos al comandante de la Policía qué sabe de eso y nos dijo: no utilizamos balas, el calibre es 7,62, que es un fusil viejo, pero no hay informes de balística todavía”, dijo.
Y el director de la Policía, general León Riaño, defendió el papel de los uniformados en medio de la protesta social: “Allí se pusieron todas las pruebas que indican que la actuación de la Policía fue de una manera profesional, con uso gradual de la fuerza, y donde se evitó una arremetida violenta que iban a realizar para incendiar a Ocaña y a tomarse el aeropuerto (…) todas las operaciones se dieron porque hubo necesidad de actuar con contundencia y vehemencia para evitar males mayores para la población”.
Finalmente, el procurador Alejandro Ordóñez tras reconocer, como lo dice las Naciones Unidas, que el Estado tiene una deuda histórica con el Catatumbo, se fue lanza en ristre contra el delegado del organismo para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland, señalando que “pretender que se definan horas después responsabilidades es un tanto apresurado e implicaría alguna inferencia que consideramos inoportuna. Dichos organismos internacionales deben tener tacto en este tipo de hechos, puesto que se debe respetar la institucionalidad de Colombia y a sus autoridades judiciales”.