A dos debates de convertirse en artículo de la Constitución Nacional quedó el llamado marco legal para la paz. Sin embargo, esta iniciativa, que había sorteado con éxito cinco debates en el Congreso, después del atentado contra el exministro Fernando Londoño se volvió piedra de escándalo. De hecho, entre las hipótesis contempladas como móviles de la acción terrorista se ha barajado que pudo obedecer a una intención de frenar la votación de ese proyecto. Aún más, el expresidente Álvaro Uribe se fue lanza en ristre contra su aprobación.
¿Pero qué alcances puede tener el marco legal para la paz para que se esté convirtiendo en un asunto de tanta complejidad política? Incluso llama la atención que desde el uribismo pura sangre o desde las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, dos posturas ideológicas adversas, han surgido duras críticas al acto legislativo fustigando que puede favorecer la impunidad. Se ha venido enrareciendo tanto la atmósfera en este tema, que el Gobierno tuvo que jugársela a fondo para que no se aplazara más su votación.
En esencia, el marco para la paz es la inclusión de un nuevo artículo en la Carta para facilitarle al jefe de Estado cualquier negociación con grupos al margen de la ley. En otras palabras, es otorgarle facultades extraordinarias al presidente para apelar a la llamada justicia transicional creando fórmulas de tratamiento diferenciado a la hora de entablar diálogos con los actores del conflicto. Hoy, los caminos de la negociación son posibles, pero suelen enredarse en interpretaciones legales.
Las experiencias recientes, especialmente la Ley de Justicia y Paz, que sirvió de base jurídica para el accidentado proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas, han demostrado la carrera de obstáculos en que suele convertirse un proceso de paz a la hora de sopesarlo en las cortes. De aprobarse el marco legal para la paz, se eliminarían muchas interpretaciones, pues se obraría por mandato constitucional, con el blindaje de que habría una ley estatutaria para autorizar el tratamiento diferenciado con los grupos al margen de la ley.
Un tema tan espinoso que necesariamente trae a la memoria los distintos esfuerzos que han hecho sucesivos gobiernos para legislar en materia de paz sin haberla alcanzado. De hecho, no es la primera vez que un presidente pide facultades especiales para moverse en los tortuosos caminos de la paz. En el año 2000 lo intentó el entonces presidente Andrés Pastrana cuando lidiaba con las Farc en el Caguán, pero su iniciativa se hundió en el Congreso. Paradójicamente uno de los artífices de la caída fue el hoy presidente Juan Manuel Santos.
El pasado martes, en medio de la reacción ciudadana por el atentado terrorista en el norte de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe se despachó con un trino que ha causado estupor: “Bogotá en sangre y el gobierno clientelista presionando a la Cámara para aprobar la impunidad y elegibilidad de los delitos atroces”. Sin duda que fue un mensaje directo para descalificar la iniciativa del marco por la paz. La respuesta se la dio el Gobierno metiéndole toda la artillería a la plenaria de la Cámara, al punto que logró su aprobación por 127 votos a favor y sólo cuatro en contra.
Ahora el tema se ha convertido en centro de discusión. En criterio del representante conservador Miguel Gómez, es obvio que se dé esta controversia, porque lo importante es que no se garanticen las condiciones de impunidad para quienes han cometido crímenes de guerra o lesa humanidad. Gómez admitió que incluso en este aspecto se han dado coincidencias entre la izquierda y la derecha. “No me siento incómodo hablando del mismo tema con Iván Cepeda. No queremos procesos de paz a espaldas del país”.
A su vez, el representante Iván Cepeda aclaró que su postura: primero tiene que haber investigación y sanción judicial para quienes hayan cometido crímenes atroces. Después sí se puede contemplar la posibilidad de la suspensión de las penas. Cepeda insistió en que lo que lo diferencia de la derecha es su indeclinable posición en favor de la negociación para terminar con el conflicto, incluso con la insurgencia. Ya después se examinará el tema de la participación política, siempre y cuando se garantice la no repetición y haya paz.
El autor de la iniciativa, el senador Roy Barreras, empezó por hacer una pregunta general: “¿Qué estamos dispuestos a ceder a cambio de la paz, la verdad y la no repetición? “. Y luego agregó: “Si los violentos cambian las balas por las palabras y no les damos la palabra será inviable cualquier proceso de paz en el futuro”. ¿Y quién quedaría con la posibilidad de determinar las condiciones de esa paz ? El presidente de la República. Y según Barreras, es obvio porque la paz no la hace ni el Congreso ni los jueces, la hace el presidente.
Desde la orilla del Polo Democrático el representante Germán Navas, duro crítico de la iniciativa, sostiene que la paz no tiene enemigos, pero que el proyecto en discusión sólo está buscando una especie de indulto para algunos elementos que no tendrían derecho. Y aclaró: “Si vamos a hablar de paz, hagámoslo con quienes están en conflicto con el Estado. ¿O es que acaso los paramilitares o los militares que violaron la ley son enemigos del Estado y hay que hacer la paz con ellos? Esto se ha convertido en un salpicón de cosas que no caben”.
El representante Germán Varón, de Cambio Radical, cree, por el contrario, que el marco para la paz es un instrumento necesario y que se debe acompañar al gobierno Santos en esta iniciativa. Varón recalcó, sin embargo, que tiene la convicción de que el Ejecutivo no va a utilizar ese marco por la paz sin tener una clara posición de los paramilitares o de los guerrilleros. Como los demás miembros de la Unidad Nacional, Varón Cotrino es uno de los defensores del proyecto.
No obstante, hay enemigos radicales del acto legislativo. Como el representante conservador Obed Zuluaga, quien lo calificó como una vergüenza para el país, “pues no hará otra cosa que fortalecer a los victimarios”. En su opinión, lo que se va a abrir paso con el marco por la paz es un boquete a la impunidad, pues el Gobierno va a poder decirle a la Fiscalía qué delitos puede investigar y los sujetos sobre los cuales va a recaer el peso de la ley.
En síntesis, lo que venía siendo un trámite tranquilo para el marco legal para la paz, en su etapa final se ha convertido en un nudo gordiano. El miércoles, el expresidente Uribe, sin la beligerancia verbal de la víspera, aclaró que lo importante es que existan dos salvaguardas: “Que no haya amnistía o indulto o el cese de acciones penales para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y que aquellas personas que hayan cometido delitos diferentes a los políticos, de ninguna manera sean elegibles”.