Con el blindaje de un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y argumentando la necesidad de superar la prolongada interinidad en la Fiscalía General de la Nación, el presidente Juan Manuel Santos le notificó ayer a la Corte Suprema de Justicia su decisión de conformar una nueva terna de candidatos para regentar el ente investigador. Una terna que quedó integrada por los abogados Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Carlos Gustavo Arrieta Padilla y Viviane Morales Hoyos.
En su misiva al presidente de la Corte, magistrado Jaime Arrubla, el Primer Mandatario manifiesta que el alto número de votaciones que lleva el alto tribunal sin que ninguno de los nombres propuestos haya sido elegido, permite concluir “la falta de voluntad colectiva de esa corporación judicial” para elegir alguno de los aspirantes. Por esta razón, determinó constituir una nueva terna, solicitándole a la Corte Suprema de Justicia “elegir prontamente a quien ha de ocupar ese cargo en propiedad”.
La decisión del presidente Santos llegó antecedida por una larga pugna entre la Corte Suprema y el gobierno del hoy ex presidente Álvaro Uribe, que se traduce en 14 meses de interinidad en la Fiscalía General de la Nación. El período del abogado Mario Iguarán Arana se cumplió el 31 de julio de 2009 y, desde entonces, ejerce como fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago. Sin embargo, desde la presentación de la primera terna, el 6 de julio de 2009, no ha sido posible que el alto tribunal escoja Fiscal para un período de cuatro años.
En el largo y tortuoso camino para escoger al nuevo jefe del ente investigador, uno a uno y en diferentes fechas, renunciaron los miembros de la primera terna: el ex magistrado Juan Ángel Palacio, la abogada Virginia Uribe y el ex ministro y ex embajador Camilo Ospina Bernal. En consecuencia, se terminó por conformar una nueva terna constituida por el ex magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, la procuradora delegada Margarita Cabello Blanco y el consejero de Estado Marco Antonio Velilla. Pero ninguno de los tres ha logrado convencer a la Corte Suprema.
En medio de la interinidad, que según el Gobierno ha sido resaltada por amplios sectores de la opinión pública, la comunidad internacional y la misma Corte, el secretario administrativo de la Presidencia Juan Carlos Pinzón decidió apelar a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, planteando tres interrogantes: la viabilidad de reemplazar la terna, las dudas acerca de si quienes hasta ayer la integraban debían renunciar a su postulación y la certeza de poder retirar sus nombres sin causar con ello obstáculos de naturaleza jurídica.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado, en un concepto de 11 páginas, concluyó que el Presidente de la República sí puede enviar una nueva terna para elegir Fiscal, que no es necesario que quienes la integraban renunciaran a su postulación y que estos mismos ex candidatos nunca tuvieron derechos adquiridos, “pues la confección de la terna es un acto discrecional, autónomo, especial y no reglado del Presidente de la República, que no requiere siquiera de la aceptación de los postulados”.
Según el Consejo de Estado, todos los actos precedentes a la elección del Fiscal son de mero trámite y, en consecuencia, la integración de la terna “no es susceptible de recursos en vía gubernativa ni se notifica a quienes allí aparezcan (ni siquiera se les consulta), ni se puede demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. En otras palabras, la condición de candidatos para Fiscal General es apenas una expectativa, “una oportunidad incierta, una simple posibilidad de ser elegido”.
Y agrega el Consejo de Estado que teniendo en cuenta que la interinidad indefinida en la Fiscalía “afecta gravemente el interés público” y es una situación que debe subsanarse, se debe aplicar la Constitución. No se trata, insiste el concepto, de que el Presidente cambie a su antojo “una y otra vez” la terna, sino que se admita que la interinidad no puede prolongarse indefinidamente sin desmedro del orden constitucional. En resumen, “la Corte Suprema no puede cambiar los candidatos, el Presidente sí”.
Con este as jurídico el gobierno Santos cambio la terna para Fiscal, buscando de paso que se desempantane un escenario de 14 meses de incertidumbre, debido a una divergencia persistente, prolongada y manifiestamente insuperable de opiniones en la Corte Suprema. Un contexto que explica la dura confrontación librada entre los magistrados del alto tribunal y el gobierno del ex presidente Uribe. Ambiente que el Ejecutivo, según su ministro Germán Vargas Lleras, podría superarse si la Corte elige.
La determinación del Gobierno ha sido bien recibida en círculos políticos y sociales. El presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo, confió en que ahora se elija lo antes posible al nuevo Fiscal, para mantener el equilibrio de los poderes públicos. El presidente de la U, senador Juan Lozano, dijo no haber hablado con el ex presidente Uribe, pero calificó la nueva terna como “excelente”, resaltando que la decisión de la Casa de Nariño está respaldada por un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
En opinión del presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, se han superado los vicios de nulidad graves que tenía la anterior terna, porque eran candidatos postulados por el ex presidente Uribe, “quien tiene investigaciones potenciales en la justicia penal”. El presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, señaló que se trata de una “terna de lujo” y que el Congreso espera que de una vez por todas la Corte Suprema escoja al Fiscal que el país está necesitando.
Zuluaga resaltó que la decisión del gobierno Santos no implica distanciamientos con el ex presidente Uribe. Cabe resaltar, sin embargo, que en reciente entrevista con El Espectador el presidente del Congreso, Armando Benedetti, precisó que un eventual cambio de la terna podría significar el fin de la luna de miel entre Santos y Uribe. ¿Cuál será el efecto político inmediato de la decisión? Por ahora el país amanece con una nueva realidad: la expectativa de que haya Fiscal a la vista y termine la interinidad de Guillermo Mendoza Diago.
Carlos Gustavo Arrieta
Este jurista se ha desempeñado como consejero de Estado y fue elegido por el Congreso, en tiempos de la presidencia de César Gaviria, como Procurador General de la Nación. Además, acredita una larga carrera como consultor jurídico y es la segunda ocasión que es postulado a la terna para la Fiscalía. Precisamente, en 1994 la integró junto con el también aspirante Juan Carlos Esguerra Portocarrero, pero ambos fueron derrotados por Alfonso Valdivieso.
En desarrollo de la licitación para la entrega del tercer canal privado de televisión, su nombre ha salido a relucir como asesor de la Comisión Nacional de Televisión. Aunque es experto en derecho administrativo, la nominación de Arrieta Padilla fue respaldada por diversos sectores de la opinión pública que lo definen como un jurista calificado para asumir el reto de manejar un organismo con más de 20 mil funcionarios.
No obstante, hace un mes, durante un encuentro de ex procuradores, Arrieta reconoció arrepentirse de que cuando fue Procurador no mostró “oportunamente los resultados de la investigación que adelantó el Ministerio Público sobre las condiciones, por fuera de la legalidad, en que transcurrió el arresto de Pablo Escobar en La Catedral”. Así lo admitió al diario ‘El Frente’.
Viviane Morales Hoyos
Abogada de la Universidad del Rosario y con especialización en París, ha sido representante a la Cámara y senadora por el Partido Liberal, conjuez, constituyente y miembro de la Comisión de Notables que nombró el ex presidente Uribe en 2008 para evaluar el proyecto de reforma política presentado al Congreso de la República. En la actualidad se desempeña como analista en el programa ‘Hoy por hoy’, de Caracol Radio, cargo que, según dijo ayer tras conocer su postulación, dejará a un lado.
“Desde el punto de vista ético no puedo seguir compartiendo el inmenso honor de estar en Caracol Radio. El periodista tiene que estar basado en una independencia y siendo participe de este tema no podría desempeñar esta labor”, señaló Morales Hoyos, agregando que “es honor” integrar la terna “al lado de tan distinguidos juristas”.
Congreso Visible reseñó en su momento que como congresista “impulsó políticas en favor de la mujer cabeza de familia, fue autora de la llamada Ley de Cuotas, la Ley de Libertad de Religiones, la Ley de Acciones Populares y de la famosa tutela que estableció la inviolabilidad de los congresistas por sus opiniones y que salvó de un proceso penal a más de cien parlamentarios en épocas del Proceso 8.000”.
En su momento, Morales Hoyos argumentó que un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita en el ejercicio de su cargo. “Imagínense que en los cientos de proyectos de ley que cursan en el Congreso, cada congresista tenga que explicar su voto a otro poder”, ha sido desde ese entonces su postura.
Ya durante el gobierno de Álvaro Uribe su nombre había sonado para integrar la terna para nuevo Fiscal, cuando se presentó la renuncia de Virginia Uribe. Por eso, para muchos no es sorpresa que ahora el presidente Santos la incluya en la lista de la cual la Corte Suprema deberá decidir.
Juan Carlos Esguerra
Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y Magíster en Derecho de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). En lo público fue secretario general y viceministro de Comunicaciones entre 1974 y 1976, delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ministro de Defensa entre 1995 y 1997, en reemplazo de Fernando Botero, quien salió por el escándalo del proceso 8.000. También se desempeñó como embajador de Colombia ante el Gobierno de Estados Unidos, entre 1997 y 1998.
Esguerra ha tenido una larga trayectoria académica. Por más de 30 años ha sido profesor de derecho administrativo y derecho constitucional. Entre 1991 y 1995 fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana en Bogotá y también ha sido profesor en las universidades Externado, del Rosario y de los Andes.
Además de su trabajo en lo público y en la academia, Esguerra se ha dedicado a la consultoría, en litigios y en arbitramentos nacionales e internacionales, especialmente en derecho administrativo, derecho constitucional y derecho civil y comercial. Además, ha escrito artículos jurídicos en revistas especializadas en temas de derecho público y es autor del libro ‘La protección constitucional del ciudadano’ (2004). Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde el año 2001. Y en dos oportunidades (2004 y 2006) ha sido juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El jurista calificó como “significativa” su designación en la terna para nuevo fiscal y se declaró dispuesto a ofrecer lo que sabe, lo que es y lo que es capaz en caso de ser elegido por la Corte Suprema. Al mismo tiempo, enfatizó que en ningún momento hizo ‘lobby’ para ser postulado. “Lo más importante es coordinar con las ramas del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas”, enfatizó.