Durante 58 años Chile permitió la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas. Así fue hasta 1989 cuando Augusto Pinochet prohibió el aborto en cualquier situación, sólo unos meses antes de que cayera la dictadura militar. Desde entonces, aunque diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han buscado que se despenalice el aborto en casos excepcionales, el Congreso se ha negado a discutir sobre el asunto y en este momento, Chile continúa siendo uno de los siete países en el mundo (ver mapa) que penaliza la interrupción del embarazo aun cuando la salud de la madre está en riesgo.
Sin embargo, los casos de dos niñas que resultaron embarazadas después de haber sido abusadas por sus padrastros y que se conocieron en los últimos días, han generado un fuerte debate en torno al aborto en el país del sur. Para organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo en Chile (Miles), sus historias demuestran la urgencia de aprobar los proyectos de ley sobre el aborto terapéutico que fueron presentados en abril en el Senado y la Cámara de Diputados.
Obligadas a ser madres
La semana pasada se conoció el caso de Belén. Tiene 11 años y hace 14 semanas que está embarazada. Según la denuncia de su abuela, fue el padrastro de la niña quien abusó de ella en reiteradas ocasiones. Su madre, Pamela Echaura salió a defender a su pareja alegando que las relaciones fueron acordadas entre la niña y el hombre de 32 años y que “Es una injusticia lo que están haciendo contra mi pareja”. Aunque el hombre está detenido y acusado por abuso sexual, el futuro de la niña es incierto pues, aunque los médicos han advertido que el embarazo representa alto riesgo para su salud, las normas de su país no le permitirán interrumpir el embarazo.
Pero en Chile no salían de la indignación por la historia de Belén cuando se conoció otro caso similar. Se trata de María, otra niña de 13 años quien tuvo a su bebé el octubre pasado, después de ser violada desde los 7 años, también por su padrastro. Aunque la madre aseguró en un canal local que la familia decidió quedarse con el bebé porque el culpable es el padrastro, también se sabe que a esta hora el pequeño lleva seis meses internado en un centro de salud porque tiene problemas de desnutrición.
En pocas horas, las historias de las dos niñas chilenas que son madres por cuenta de violaciones han sido registradas por medios de diferentes países del mundo y las reacciones, tanto a favor como en contra del aborto, no se han hecho esperar. Mientras la diputada María Antonieta Saa presentó un proyecto que busca que se permita el aborto en casos excepcionales, la también diputada de María José Hoffmann rechazó la interrupción del embarazo en cualquier caso: «culpar a la persona que viene en camino es un error, porque es el menos culpable”, dijo en medios locales.
Así las cosas, es muy probable que el aborto siga siendo un tabú en Chile, pese a que se acuerdo con un estudio de opinión pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) el 66,7% de los chilenos aprueban el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, el 64,4% cuando está en peligro la vida de la mujer, el 64% por malformación fetal, el 58% por abusos de los padres a los hijos y el 15% por cualquier razón que la mujer decida.
El Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo en Chile (Miles), cree que es el momento apropiado para el Congreso analice la posibilidad de despenalizar el aborto cuando exista riesgo para la salud y la vida de la madre, malformación en el feto y violación. En este último caso, Miles es enfático: “frente a aquellos embarazos que resultan de una violación, dada la condición aberrante que en tales se producen, la sociedad no debería obligar a las mujeres a asumir sus consecuencias, sino respetar su propia decisión”.
Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado al respecto.