El español Jorge M. Pérez García está en Colombia para hablar de las largas luchas que ha dado su país por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Hay que decir que han tenido importantes conquistas, principalmente, dice él, porque en España los padres de las personas en esta condición defienden sus derechos incansablemente. Protestan. Levantan la voz. “Esa es una de las cosas que sanamente critico de Colombia: tienen una legislación magnífica, pero hace falta ese espíritu de defensa de sus derechos”, dice.
Pérez, director de Feaps Andalucía, la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, está en Bogotá para hacer parte del V Congreso Internacional de Diversidad en Habilidades, organizado por el Politécnico Grancolombiano y Fumdir. Hoy será su presentación, pero antes habló con El Espectador sobre los mayores logros para esta población —logros que aquí en Colombia están lejos de ser una realidad—: centros de reclusión exclusivos para estas personas, redes de empleo estructuradas y un proyecto de “vida independiente”, que no es otra cosa que proveerle a esta población vivienda y acompañamiento para que sean los dueños de su propio hogar.
¿Cómo funcionan los centros de reclusión exclusivos para esta población?
Hay cerca de 850 síndromes identificados que provocan la discapacidad cognitiva. Por desgracia, más del 90% de los casos no están diagnosticados (por ejemplo, porque no se nota físicamente). Cuando un juez se enfrenta a estas personas puede ver algo raro en ellas, como que no se expresan bien, pero no sabe que tienen una discapacidad. Ahí entramos nosotros a evaluar la situación. En los centros exclusivos tenemos equipos de psicólogos especializados. La administración pública paga todo, es un servicio público, aunque lo prestamos las ONG. Pero ahora estamos buscando que el ingreso a los centros sea la última opción y que la condena se pueda cumplir con servicio social.
¿Fue un camino largo lograr esto?
Es un tema complicado porque hay que formar a jueces, fiscales, notarios, a todo el poder policial. Que la gente sepa que se están enfrentando a una persona con la capacidad limitada, que no son enfermos mentales porque eso es otra cosa.
¿Qué viene para esas personas luego de pagar sus condenas?
La idea es lograr que no vuelvan al mismo círculo. Esta gente suele ser manipulada por terceros: les meten droga en los bolsillos o las instan a cometer un delito. Por eso estamos muy preocupados por meterlos en los círculos laborales. Tenemos programas muy fuertes de integración laboral.
¿Cómo han logrado organizarse?
Tenemos un certificado de minusvalía: un documento oficial (un carnet) que acredita la condición de personas con discapacidad. Oficialmente hay un reconocimiento. Eso le hace falta a Colombia: ordenar a su población en discapacidad. Eso ha permitido en España, por ejemplo, que los ciegos tengan una renta per cápita un 50% superior a la media de la población; los ciegos son los ricos en España y ayudan al resto de las discapacidades.
¿Qué es lo más urgente que debe hacer Colombia?
El empleo, que mueve todo lo demás. No podemos hablar de vida independiente, de autodeterminación o empoderamiento, si no hablamos de empleo. Es el eje central de todo y es la apuesta que hace falta.