Hay crisis en la formación de especialistas del sector de la salud. Así lo están denunciando los decanos de las principales facultades de medicina del país, quienes acaban de enviar una carta a los ministerios de Salud y Seguridad Social y de Educación, explicándoles el difícil momento por el que están pasando.
La situación es la siguiente: para poder seguir ofreciendo sus posgrados, o para abrir nuevos programas, las facultades deben renovar los registros calificados (el permiso inicial que necesita la universidad para ofrecer cualquier tipo de programa). Lo que ocurre, aseguran las facultades, es que ese proceso es hoy tan complejo y con tantos requisitos “de forma” que parece imposible obtener una aprobación.
Lo más grave —explican en la carta— es que se está poniendo en riesgo “la continuidad de posgrados importantes para la salud pública de nuestro país”. Y eso no es sólo una amenaza, ya hay ejemplos, como el de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que tuvo que suspender el ingreso de nuevos estudiantes a cinco de sus especialidades.
Élmer Gaviria Rivera, decano de esa facultad, explica que entre las cinco se encuentra alergología clínica (el manejo de alergias), que es única en el país, además de cuidados intensivos, cardiología, neurología infantil y medicina de urgencias.
“Desde 2010 empezamos el proceso para renovar los registros calificados, y dos años después ha sido imposible —dice Gaviria—. Y hay un agravante: ahora entramos en el mismo proceso con 19 posgrados más (a los que ya se les venció el registro, que tiene una vigencia de siete años), incluyendo algunos con 50 años de historia, como cirugía plástica, cirugía general y anestesiología. ¿Vamos a tener que suspender la convocatoria para estos también?”.
Camilo Osorio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, dice que de seguir con estas condiciones “nos vamos a ver abocados a un paro en la formación de especialistas”.
Lo que está sucediendo debe contextualizarse con otra realidad que vive Colombia: hay déficit de especialistas, tal como lo ha advertido el propio Gobierno, que también les ha pedido a las facultades y escuelas de medicina ampliar su oferta en este campo. “Es un contrasentido”, se queja Osorio. “El Estado nos está pidiendo que ampliemos los cupos, pero nos pone cortapisas para lograrlo”.
En concreto, lo que rechazan las 41 universidades que firman la carta (entre ellas 17 instituciones reacreditadas) es que al tener que pasar esa papelería por los dos ministerios, el proceso se hace eterno y casi imposible. “Los problemas aparecen cuando los mandos medios del Ministerio de Educación revisan la documentación. El software que ellos manejan es complicadísimo. Le pueden devolver a uno los papeles por decir que una especialidad dura ‘tres años’ en vez de utilizar el término ‘seis semestres’”.
Su petición también es concreta: que se les permita a los programas de medicina acreditados en alta calidad “el manejo de sus cupos y la renovación automática de los registros calificados”. Un imposible, según le dijo a El Espectador el viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez.
“La mayoría de los problemas que se han venido presentando es en parte de prácticas y residencia —explica el viceministro—. Hay dificultades en los convenios docencia-servicios, a través de los cuales se le garantiza al estudiante un espacio de práctica en un hospital, espacio que es casi la totalidad de su formación. Eso les implica a las universidades mejorar algunos aspectos como las condiciones y los cupos en los hospitales”, y remata diciendo que “todos, sin excepción” tienen que acogerse a esas exigencias.
El viceministro reconoce que el nuevo proceso es más complejo y que la “evaluación que se hace conjuntamente entre los ministerios de Salud y Educación es más rigurosa”, pero sostiene que el único fin es la calidad de la formación.