A regañadientes, las agencias de cooperación internacional, delegaciones diplomáticas y de inteligencia que trabajan en llave con la Fiscalía General de la Nación, aceptaron la tutela que le ordenó al ente investigador remover cerca de 2.100 funcionarios para proveer igual número de cargos que dispuso la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración de Carrera desde hace dos años; pero también se tragaron el sapo, porque en los últimos cuatro años se capacitó a muchos investigadores y fiscales que tuvieron que salir en esta colada.
Desde el pasado 4 de febrero, cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de fijarle a la Fiscalía un plazo perentorio de 15 días para ocupar los 2.100 cargos, en reuniones de alto nivel y con acercamientos a la cúpula del Gobierno, delegados internacionales y hasta agencias extranjeras que luchan contra la mafia han venido expresando su preocupación por la ‘masacre laboral’, que cientos de expedientes de incidencia internacional podrían quedar a la deriva o en manos de inexpertos, pero además, que los miles de millones que se invirtieron en más 24.000 funcionarios de la Fiscalía estarían en riesgo de perderse por cuenta de los despidos.
El Espectador conoció resultados preliminares de estas reuniones y la molestia de estas agencias de cooperación internacional no es un asunto menor. Con estadísticas en mano advierten que la capacitación de cada funcionario ronda los $5 millones y que desde 2004, con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, el PNUD, el Centro de Estudios de Justicia Americanos, Ceja, de la OEA, u organizaciones de investigación y asistencia judicial norteamericanas como la Opdat, la Icitap, o la GTZ de Alemania, han invertido cerca de US$ 35 millones. Cifra igual a la invertida por la embajada de Estados Unidos en la última década.
Números nada despreciables que estas entidades le han donado en capacitación a la Fiscalía y que incluyen, entre otros, seminarios sobre Derecho Internacional Humanitario, formación en análisis criminalístico, entrenamiento de peritos contables, investigación de casos no resueltos, manejo de armas, programas de lucha contra el lavado de dinero, redes de corrupción o talleres para combatir con eficacia las nuevas facetas del narcotráfico. En esencia, lo que les causó roncha a las agencias internacionales de cooperación, sus embajadas y hasta los cuerpos de inteligencia, como la DEA, es que buena parte de fiscales y subalternos que se beneficiaron de estos cursos deberán salir del ente acusador.
“Además, tememos que por necesidad muchos fiscales que conocen al dedillo muchos procesos neurálgicos terminen asesorando a las organizaciones que antes combatían”, sostuvo un alto funcionario de la Fiscalía que pidió reserva de su nombre. Otras fuentes consultadas expresaron opiniones peores, como que expedientes de resonancia nacional quedarían en el limbo, y que los vencimientos de términos en muchos procesos estarían a la orden del día, bien porque los reemplazos de los fiscales no van a tener tiempo de empaparse de todos los procesos o bien porque la dinámica propia de las múltiples investigaciones se les convertirá en un dolor de cabeza.
Nadie duda, sin embargo, que quienes ganaron el concurso de méritos acreditaron no sólo las capacidades laborales, sino una sólida formación académica que los hace idóneos para entrar a la Fiscalía. No obstante, curtidos investigadores sostienen que un cambio tan abrupto y vertiginoso en un organismo tan sensible como la Fiscalía traerá tempestades judiciales. Algunos voceros de estas agencias internacionales han planteado en voz baja que el Gobierno declare la emergencia judicial para capotear la difícil situación que atraviesa la Fiscalía General.
Fiscales, investigadores y asistentes consultados en los últimos dos días por El Espectador aseguran que el despido masivo de más de 2.000 funcionarios podría ser objeto de demanda ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunos otros recordaron que cursa una demanda en el Consejo de Estado en contra del concurso de méritos, que aún no ha sido fallada, lo que podría, eventualmente, derivar en millonarias demandas contra el Estado. Y para completar, en unidades tan especializadas como la de Justicia y Paz han sido removidos ya fiscales que han documentado los casos más graves del paramilitarismo en distintas zonas del país. Varios de ellos tenían más de 1.000 acusaciones listas.
Y es que en los últimos 10 días, a destiempo, y en grupos de no menos de 50 personas, han venido saliendo asistentes y fiscales de larga trayectoria en la lucha contra la mafia. La Unidad de Lavado de Activos quedó prácticamente desmantelada, igual ha venido ocurriendo con otras unidades especializadas y eso que la poda aún no termina. Algunos abogados rondan ofreciendo sus servicios y de hecho el litigante Luis Alfonso Leal ya tiene alrededor de 500 poderes de ex funcionarios que fueron removidos en los últimos días. Se ven venir ya tutelas y acciones de reparación.
Este episodio parece dejar a su paso sólo enfrentamientos. Por un lado, se quejan las agencias internacionales por los recursos invertidos —hasta dineros del Plan Colombia fueron usados—; por el otro, los cientos de afectados que salen en cascada de la institución anuncian acciones legales y se defienden argumentando que no tuvieron tiempo para preparar sus exámenes por la excesiva carga laboral y porque tenían que adelantar operativos hasta los fines de semana. En la otra orilla, en cambio, los que ganaron el concurso de méritos reclaman lo que consideran suyo y en el entretanto la justicia continúa a la deriva. Las mafias acomodan sus fichas, la corrupción sigue campeando, mientras los ilegales aprovechan el caos para sus propósitos. Y la Fiscalía nada que sale de la encrucijada en la que se encuentra. ¿Podrá hacerlo pronto?