La ecografía de la semana anterior no había mostrado nada anormal, pero las molestias continuaban para Joëlle Manighetti, entonces de 54 años, que desde hacía tres semanas llevaba una prótesis de silicona en lugar del seno que había perdido como consecuencia de un cáncer en noviembre de 2009. “¿Vio las noticias? —dijo su médico—. Lo mejor va a ser sacar esa prótesis”.
Manighetti no las había visto. Las noticias de la noche anterior, 30 de marzo de 2010, decían que la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria (Afssaps) había ordenado la suspensión de la venta de las prótesis mamarias fabricadas por Poly Implant Prothèse, una empresa de la Costa Azul que habría utilizado lo que entonces se llamó un “gel diferente al declarado”.
“El médico utilizó la marca que estaba disponible en el hospital donde me realizaron la cirugía. Supongo que él creía que, siendo un producto francés y certificado, podía confiar. Lo cierto es que ni a mí ni a ninguna de las mujeres que conozco y tienen este problema nos ofrecieron escoger”. Las mujeres con estos implantes pueden ser entre 400.000 y 500.000 en el mundo; 260.000 de ellas serían latinoamericanas.
El magnate de la silicona
Sus exclientes y exempleados, que ahora piden el anonimato para hablar del tema, recuerdan al doctor Jean-Claude Mas, de 72 años, como un hombre hablador, persuasivo y amante del juego y la bebida. La mayoría ignoraba que Mas usaba el título de “doctor” por iniciativa propia, aunque su formación académica no llegara más allá del bachillerato. Lo suyo era el comercio. Después de vender vinos y charcutería, ingresó al negocio farmacéutico de la mano de su esposa, antes de asociarse con el cirujano Henri Arion, con quien fundó a mediados de los ochenta la sociedad Simaplast, especializada en prótesis mamarias.
Las investigaciones coinciden en que en los primeros años éstas cumplieron con las normas. Fue después de la muerte de su socio, en un accidente aéreo, que Mas decidió cambiar el nombre a Poly Implant Prothèse (PIP) y modificar ligeramente la composición del gel interior de las prótesis agregando siliconas industriales que reducían los costos. Joëlle Manighetti hace la lista: “Baysilone, un aditivo de carburantes. Silopren, aislante en líneas de alta tensión. Rhodorsil, un compuesto utilizado en tubos y electrodomésticos”.
“Si hubiera seguido usando la silicona certificada, mi negocio habría quebrado”, declaró Mas cuando se descubrió que durante una década había aumentado cada vez más la proporción de sustancias químicas no autorizadas en la mezcla de gel.
Sus empleados habían colaborado a la hora de esconder los insumos y cambiar las facturas de los proveedores en cada una de las diez visitas que la Afssaps realizó a la fábrica. Los controles, anunciados con diez días de anticipación, los obligaban a un par de semanas de producción reglamentaria.
Una vez los inspectores cruzaban la puerta, los químicos prohibidos volvían a la línea de producción. Al frente de una sociedad de 120 empleados, que llegó a ganar 50 millones de euros, el doctor Mas viajaba por todo el mundo promocionando sus prótesis y seleccionando una colección de autos de lujo. En las dos entrevistas dadas a la radio, Mas, actualmente buscado por la Interpol, ha afirmado que los componentes no representan ningún riesgo.
Durante la operación realizada a Manighetti, un mes después de su consulta y del anuncio de la Afssaps, su cirujano comprobó que aunque la prótesis no se había roto, un 10% del gel se había filtrado a través de la membrana que lo envolvía, lo que, considerando la toxicidad de las sustancias, podía ser tan grave como una ruptura. Su cuerpo rechazó dos veces el implante de reemplazo. Las denuncias de fugas, irritaciones y complicaciones de cicatrización explotaron desde entonces.
¿Dos tipos de víctimas?
Por tratarse de las consecuencias de una cirugía reconstructiva, el sistema de seguridad social francés asumió los costos de la extracción y las reimplantaciones de la prótesis de Manighetti. No fue el caso de Alexandra Blachère, 33 años, de la ciudad de Besançon, quien por haber recurrido a la cirugía por motivos estéticos se vio obligada a pagar de su propio bolsillo. Ella es la fundadora de PPP (Portadoras de Prótesis PIP), una asociación para agrupar a las víctimas de las prótesis, y la líder de tres manifestaciones que se han realizado frente al Ministerio de Salud francés.
“Muchas mujeres ni siquiera han terminado de pagar la cirugía que se hicieron hace años y no pueden retirar sus implantes porque, sin el dinero para remplazarlos, quedarían sin senos. No podemos aceptar que haya dos clases de víctimas”, dice Blachère.
A pesar de que la seguridad social aceptó en septiembre de 2010 asumir los costos del retiro de los implantes, una segunda asociación, la MDFPIP (Movimiento por la Defensa de las Mujeres PIP), denunció que el tema fue dejado de lado hasta el 21 de noviembre de 2011, cuando Edwige Ligoneche, de 41 años, se convirtió en la primera persona en morir luego de la ruptura de sus prótesis. Su familia decidió entonces presentar una denuncia por homicidio involuntario. Según diferentes fuentes, entre 8 y 12 casos más de cáncer estarían relacionados con las PIP. “Es cierto que aún es demasiado pronto para saber si las prótesis causaron los cánceres, pero tampoco hay que esperar a que sea demasiado tarde para estar seguros”, dice Blachère.
El foro de la asociación de Blachère y el blog que Manighetti abrió en marzo del año pasado han sido los espacios de información y encuentro de las víctimas francesas. “Tenía cincuenta visitas diarias al principio. Ahora pasan de cuatro mil. Me escriben hasta médicos que me preguntan qué consejos deben dar a sus pacientes”, dice Manighetti.
Al otro lado del Atlántico
Aunque no existen registros exactos sobre las exportaciones, se calcula que el 80% de las prótesis fue vendido en el extranjero. Y mientras Alemania ha recomendado y asumido la extracción de la totalidad de los implantes, Inglaterra se ha alineado con la posición oficial francesa de recomendar controles frecuentes y reembolsar la extracción “voluntaria y preventiva”.
El problema más grave radica en las más de 200.000 mujeres que llevan los implantes en América Latina. No sólo los controles son menos rigurosos, sino que no existe claridad sobre los distribuidores locales, muchos de los cuales manejan varias marcas.
En Argentina, Victoria Luna, abogada e igualmente víctima, fue la primera en contactar a la firma del abogado francés Arie Alimi, que ha aceptado constituirse en parte civil de un primer grupo de víctimas latinoamericanas en los procesos franceses. Un segundo grupo, cerca de más doscientas venezolanas representadas en su país por el abogado Gilberto Andrea, se sumaría en los próximos días al proceso, también a través de la oficina de Alimi.
Déborah Roilette, abogada que trabaja junto a Alimi en el caso, explica que la parte más urgente de sus acciones es solicitar la creación de un fondo europeo ad hoc para cubrir los costos de la extracción y reimplantación para las víctimas extranjeras.
En río revuelto
La oficina de Alimi no abordará las responsabilidades de los médicos que corresponde a cada país, pero en el caso francés ésta ha sido evocada, en particular luego de que varios cirujanos, entre ellos la doctora Nathalie Bricour (para la revista Le Nouvel Obs) declarara que le ofrecieron en varias ocasiones prótesis PIP y nunca las aceptó porque dudaba de su calidad.
También se ha cuestionado que a pesar de varios faxes enviados en 2008 por un cirujano de Marsella a la Agencia Francesa de Seguridad, notificando que la tasa de ruptura de prótesis de la marca PIP era muy superior a la usual y que por eso él había decidido no utilizarlas más, hubieran pasado dos años para hacerle una visita de inspección a la fábrica, la cual bastó para descubrir el fraude.
“Dejaron pasar todo ese tiempo y siguen dejándolo pasar. Yo lo viví y puedo decirle que para muchas mujeres que no pueden asumir el costo de la reimplantación la vida se vuelve comer PIP, dormir con las PIP, saber que el enemigo está adentro”, dice Blachère. Por otro lado, Manighetti hace un llamado para “evitar una ola de pánico” (teniendo en cuenta que hay prótesis que no son defectuosas); asegura que abogados, médicos y clínicas han querido sacar partido ofreciendo promociones exageradas que no son de fiar o, en el otro extremo, aumentando radicalmente sus tarifas (en contra de la recomendación del Colegio de Médicos de Francia que pedía a los cirujanos considerar la gravedad de la situación y limitarse a los honorarios mínimos).
“Hay que avanzar en el diagnóstico y el seguimiento —dice Manighetti—. Sobre todo porque el efecto de lo que tenemos en el cuerpo nunca se ha estudiado en seres humanos. Alguien creyó que así podría aumentar sus ganancias, y fuimos sus conejillos de Indias”.
Las víctimas de los implantes PIP en Colombia
En Colombia, la abogada Surany Arboleda Arias, hija de la excongresista Rocío Arias, ha sido una de las representantes más visibles de las mujeres con prótesis mamarias de la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP).
Arboleda Arias también es víctima de estos implantes y tendrá que someterse a una cirugía para su remoción. Hoy es la representante legal de unas 60 mujeres de Medellín que buscan una indemnización económica del Gobierno argumentando que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tenía bajo su responsabilidad la aprobación de la calidad de las prótesis.
Recientemente, la Universidad Nacional de Colombia anunció un estudio sobre los implantes PIP para determinar los posibles efectos nocivos que podrían acarrear a las mujeres a quienes les fueron removidos. Se calcula que en el país se han detectado cerca de 550 pacientes con las prótesis rotas.