¿En qué consiste la fórmula anticorrupción en el Ministerio de Transporte?
La fórmula general de todo lo que hemos propuesto es con fundamento en la verdad. En el Ministerio de Transporte, la propuesta se basa en tener estudios completos donde se determinen unos precios para la ejecución de los trabajos de diseño y obra adecuados que inclusive se puedan comparar con precios que se están aceptando en las concesiones. La gran dificultad está en que los precios unitarios en los que se contrata la obra pública son inferiores a los que se contrata una concesión. Los precios de las concesiones son mucho mejor estructurados, mientras que las licitaciones de obra pública tienen el problema de que la competencia es tal que produce la baja de los precios y con esto vamos a llegar a un fracaso y a una corrupción, en el sentido de que se construyen obras que no se pueden hacer porque no alcanzan los recursos y toca arreglarlas después.
Su teoría consiste en que en manos de empleados del Ministerio de Transporte, que ganan salarios bajos, hay grandes responsabilidades y que esto abre una puerta a la corrupción…
Hay una situación terriblemente complicada y es que en el Ministerio, Invías y en todas aquellas instituciones que contratan, las plantas de personal permanente son muy pequeñas. Por ejemplo, en Invías hay 100 personas cuando necesita 350. Entonces contratan a término fijo o a través de la modalidad de prestación de servicios. La estabilidad del personal es necesaria porque de otra forma el profesional está en una situación que hoy tiene trabajo pero mañana no y está sujeto a los vaivenes de la vida.
Los sueldos que hoy se están pagando son los que pueden inducir a que haya profundas equivocaciones en el manejo de los presupuestos y en los procesos de ejecución de obra. La gran parte de los funcionarios tienen una situación totalmente inestable. Hoy llaman nóminas paralelas pero la verdad es la falta de fortaleza del Estado para reconocer que necesita una estructura administrativa adecuada, es decir, tener una planta que realmente responda a todas las necesidades.
Dicen que el grado de honestidad de una persona no depende de cuánto devengue sino de la educación y los valores enseñados…
Ese es un extremo espiritual pero en la práctica uno no puede pensar que una persona que está lesionada económicamente no esté en la posibilidad eventual de pecar. Eso es desconocer una realidad. El hecho de que al 80% de los trabajadores se les acabe el contrato en diciembre y no sepan si siguen o no, perjudica la estabilidad familiar, solo porque el Estado no quiere reconocer que es necesario garantizar empleo justo para sacar adelante a esta Colombia.
¿Cuáles son esos cargos específicos y en qué procesos se podría aplicar su teoría?
En todos. Podemos hablar de los ingenieros, abogados y en cuanto a instituciones del Ministerio de Transporte, Invías y la Contraloría General de la República. Hablando de esta última, la planta de personal no es suficiente para llevar a cabo todas las actividades de control que la misión la obliga, entonces debe contratar por prestación de servicio.
Usted asegura que no se están aplicando los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué consecuencias ha generado esto?
En términos generales hay una tendencia a no aceptar los sistemas alternativos de solución de conflictos. Por ejemplo, el Invías y los ministerios le tienen mala voluntad y hay momentos en los que no aceptan la solicitud que presenta el contratista a que se utilice la cláusula de solución de conflictos. Entonces es un tema tanto educativo como de obligación contractual y debemos todos luchar para que este sistema que está pactado y es lícito en la contratación colombiana. Es imposible creer que el funcionario por miedo a aceptar una solución de conflicto no se atienda lo ordenado por el contrato y se vuelva todo una sumatoria de conflictos pequeños y que solamente al final del contrato revientan en unas pérdidas económicas cuantiosísimas para las partes por no ir solucionando los problemas que en un proyecto se dan, diferencias normales en estos procesos. Una diferencia de orden técnico se convierte en una de tipo económico que desemboca a una de clase jurídica por la interpretación de los hechos. Hay un gran llamado por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a que se utilice.
¿Cuánto se ahorraría, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte si se aplicaran los mecanismos de solución de conflictos?
Uno podría decir que utilizando la solución alternativa, puede haber un ahorro ejemplarizante de $200.000 millones en un año. Pero ese monto a través del ejercicio normal de la ley, se puede demorar 12 años. Entonces es un perjuicio para el Estado, la creación de trabajo y la ejecución de las obras. Ahora como se van a dar soluciones a los problemas, es en la medida en que se continúe desarrollando la definición que el ministro Cardona ha tenido en lo relacionado en hacer estudios profundos y bien ejecutados para luego sacar la licitación, entonces se podrá tener una disminución en el surgimiento de conflictos.
Según usted, las empresas subcontratistas se quedan con la experiencia de los ingenieros…
Hay necesidad de darle un nuevo concepto a la experiencia profesional de los colombianos. En los pliegos de contratación se establece que la experiencia histórica de una persona que por ejemplo que construye puentes, sólo le aceptan la experiencia de los últimos cinco años, lo cual es un absurdo, cuando lo importantes es el cúmulo de la misma.
Ahora, también está la experiencia de la subcontratación. Hoy en día los grandes contratos tienen unos valores muy grandes en dinero y son los que firma empresas financieras grandes que subcontratan a firmas de ingeniería y muchos ingenieros, entonces la experiencia del ingeniero que le trabaja a una corporación grande de ejecución de obra no es calificada como un hecho cierto para que esa firma pueda seguir creciendo en el tiempo y desarrollando una labor de acumulación de experiencia para seguir calificando y creciendo. Esa experiencia se la está llevando únicamente el gran contratante. Luego, estos son hechos que van en detrimento de la creación de riqueza de la masa crítica de la ingeniería colombiana, de la federalización, que haya una sanción ejemplarizante al ingeniero que diga mentiras porque va en contra de los principios éticos y de la economía colombiana.