Una de ellas es Sandra*, quien advirtió: “Estamos aquí para dar de parte y parte, porque ellos están dispuestos a dar información, pero también necesitan mejorar sus condiciones”.
Su esposo es un guerrillero del frente 49 de las Farc recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Un día fue trasladado repentinamente junto a 60 subversivos. En esa redistribución, el compañero de Sandra quedó en Valledupar lejos de los suyos, con derecho a cinco minutos de agua al día y con temor de que su vida peligre debido a que está en proceso de desmovilización.
El guerrillero, que continúa en Valledupar, fue condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo. “Los comandantes le dieron la orden de matar al secuestrado que cuidaba; él nunca hizo caso, y después el señor lo hundió”, contó la mujer.
La esposa del ex guerrillero asegura que las condiciones en prisión no son las que ofrecen en los programas de desmovilización: “El Inpec incumple por debajo de cuerda y todo queda tapado, porque nosotros denunciamos condiciones infrahumanas en la Defensoría y nadie acude”.