Después de meses de espera la Comisión de Regulación en Salud —CRES— promulgó el pasado martes el nuevo Plan Obligatorio de Salud —POS—. Las reacciones iniciales reconocen una actualización importante, con 130 nuevas tecnologías (entre medicamentos, dispositivos y procedimientos), pero aún insuficiente. Obviamente, expresan los intereses de grupos que van desde los usuarios hasta las industrias de medicamentos e insumos, pasando por los médicos, hospitales y aseguradores.
El nuevo POS tiene varios avances. Representa un quiebre con la exigua actualización de beneficios durante los pasados 18 años: algo más de 40 intervenciones sobre 5.832 procedimientos y 608 medicamentos. También es notable que se hayan definido normas técnicas para consolidar los procedimientos y acciones de protección específica a la población. Resaltable el esfuerzo por consolidar un grupo de enfermedades a partir de la consulta ciudadana, los estudios de carga de enfermedad, la Encuesta Nacional de Salud y los registros de prestaciones del año 2009. Sin embargo, esperábamos un poco más de avance después de un año de esfuerzo y una inversión cuantiosa por parte de la CRES. De la escasa información provista sobre los métodos de estimación del actual POS surgen dos preocupaciones: una de enfoque y otra metodológica.
En cuanto a la primera, el POS presentado conserva la estructura que ha mantenido al sistema atado a beneficios: un listado positivo de inclusiones de procedimientos médicos. Esto contradice la integralidad de la enfermedad y diluye el alcance del aseguramiento, incentiva un sistema complejo de objetivación del derecho a la salud que se expresa en trabas a los usuarios, incentiva la hospitalización desintegrando la prevención, y no soluciona el problema de recobros que ha desangrado al sistema, dejando sin solucionar el problema de “zonas grises” que ha convertido a la tutela como puerta de entrada a un segundo plan de beneficios, este a cuenta de la chequera del Gobierno.
También se evidencia la fragilidad de la metodología para seleccionar los procedimientos y medicamentos, sujeto de actualización. No hay una línea conductora precisa entre las patologías priorizadas y las tecnologías evaluadas. Incluso se aparta graciosamente del proceso de generación de guías médicas, en lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado cuantiosas inversiones.
Tomar los desarrollos del reconocido National Institute for Clinical Excellence, de la Gran Bretaña, parece razonable para definir las tecnologías más apropiadas. Sin embargo, es evidente que la carga de enfermedad de los colombianos es muy diferente a la de los ingleses y la definición de prioridades en la comparación de dichas tecnologías puede resultar inapropiada, si el indicador de efectividad esperada de esas tecnologías no parte del perfil de los colombianos.
El tiempo de espera y la inversión realizada por la CRES parecen excesivos frente al resultado, y probablemente la propia complejidad de la tarea de actualizar cada dos años un número tan elevado de tecnologías médicas puede exceder los límites de lo razonable. Es un ejercicio donde la carga de la evidencia recae siempre sobre el propio Gobierno, y los diferentes agentes con interés (prestadores, aseguradores, médicos, usuarios) mantendrán su escepticismo frente a las actualizaciones. La equiparación de los dos regímenes de aseguramiento (contributivo y subsidiado) agrega otro elemento de presión sobre el POS y el equilibrio del sistema en el largo plazo.
Puede ser la hora de pensar en planes de beneficio con responsabilidad integral sobre la enfermedad (como se ha adoptado en Chile) o sobre el paciente (como en España), con listado de exclusiones para toda la población. Esto podría ser posible con la concertación de todos los actores del sistema. El Gobierno ha expresado la voluntad política para redefinir la estructura del POS. Lo más difícil será la posibilidad de definir límites a un derecho que parece irrestricto.
* Director Cendex, Pontificia Universidad Javeriana.