A partir de ahora, todo aquel que cometa una infracción ambiental en Colombia tendrá que cumplir con la respectiva sanción o multa que le imponga la autoridad ambiental, pero también someterse al escarnio público.
Su nombre, el tipo de falta por la que se sancionó y el lugar de ocurrencia de los hechos serán divulgados a través del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), una base de datos pública que se creó con la Ley 1333 del pasado 21 de julio de 2009 y que el jueves terminó de reglamentar el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Según lo indicó la viceministra de Ambiente, Claudia Mora, todo aquel que haya sido sancionado con una multa, cierre temporal o definitivo de un establecimiento, por una demolición de una obra, decomiso de especímenes y especies silvestres exóticas, aparecerá reportado en el registro único.
“Esperamos que esta herramienta sirva para que los infractores desistan de prácticas que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales, toda vez que quedarán bajo el escrutinio del ojo público”, comentó la funcionaria.
Las autoridades tendrán que garantizar que la información sea veraz y completa y sólo podrán registrar a aquellos sobre los que ya exista un acto administrativo con la sanción.
Los reportes que se efectúen en el registro serán de carácter temporal, como ya sucede hoy con bases de datos como Datacrédito —donde se reporta a las personas que se han colgado con sus obligaciones financieras—. Entre seis meses y dos años sería el tiempo que permanecería expuesto el nombre de la persona o compañía infractora, dependiendo del tipo de contravención. Si se trata de una multa, podría borrarse seis meses después de cancelada. Si el caso es el cierre de un establecimiento, llegaría hasta los dos años.
Mientras se crea la “Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea”, desde donde se controlará el registro único, se ha dispuesto que todas las autoridades ambientales reporten la información de los infractores directamente al Ministerio de Ambiente.
Desde 2002 el Ministerio ha impuesto 269 sanciones por más de $20.000 millones a empresas que han incumplido con la normatividad ambiental. En el año 2009 se abrieron 78 investigaciones, de las cuales 48 se iniciaron con el nuevo procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, y para el año 2010 hasta la fecha se han abierto 16 investigaciones, para un total de 64.