La iniciativa ha sido manejada con discreción, teniendo en cuenta las fuertes reacciones que han tenido usuarios del mundo frente a este tipo de medidas.
La propuesta de una nueva legislación en Inglaterra para controlar las comunicaciones telefónicas y en internet de los ciudadanos, es el más reciente hecho en una serie de cambios controversiales que han impulsado en el último año los gobiernos y las principales compañía de internet para fiscalizar el uso de la información en la red.
El proyecto, llamado el Programa del Desarrollo de las Capacidades de las Comunicaciones, les dará a la Policía y las agencias de seguridad autorización para supervisar y archivar la información que recojan de las comunicaciones de los ciudadanos. Según el departamento de gobierno, responsable de los asuntos sociales, el objetivo es luchar contra el crimen y el terrorismo, y “proteger al público en el futuro cuando las tecnologías de comunicación por internet sean todavía más popular”.
Sin embargo la legislación ha sido criticada por grupos de libertades civiles y por los usuarios de las redes sociales, que ven el cambio como una violación del derecho a la privacidad y como una nueva escala en el control y censura de la información.
El último año se han visto numerosos cambios en este escenario y ciudadanos de todos los rincones del mundo han reaccionado a ellos. Twitter, que fue fundamental durante el movimiento civil en el Medio Oriente, anunció en enero sus planes para censurar información dependiendo de las legislaciones de cada país; los usuarios protestaron boicoteando el sitio web.
Organizaciones y ciudadanos internacionales también se negaron a las legislaciones SOPA y PIPA, propuestas del gobierno de EE.UU. para proteger los derechos de autor en la red. Google y Wikipedia bloquearon el uso de sus páginas para protestar en contra de las restricciones que, según ellos, hubieran afectado la circulación libre de la información. Raegan MacDonald, analista de Access (una organización no gubernamental dedicada a defender los derechos civiles y humanos en la web) asegura que el problema es que muchos legisladores no entienden cómo funciona internet y por eso “salen nuevas propuestas que son muy dañinas para los derechos fundamentales, la innovación e incluso el desarrollo económico”.
En febrero, Google también cambió su política de privacidad para “unificar” la información de los usuarios, una estrategia desarrollada por el creador de Facebook.
Ahora el turno es para Inglaterra, donde el grupo activista Open Rights criticó el “silencio” con el que el gobierno manejó el cambio de la legislación. El proyecto fue suspendido por la anterior administración en 2009, debido a la presión ciudadana y de algunos partidos políticos, pero en octubre de 2010 fue reexaminado para incluirlo en el presupuesto de seguridad de la nación. En mayo próximo el gobierno le presentará la propuesta al legislativo, dejando poco tiempo para el debate público. Considerando las fuertes reacciones que han surgido este último año por cuenta de propuestas similares, resulta comprensible la discreción del gobierno británico.