Hace tres semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les planteó a los medios de comunicación y las firmas encuestadoras regular la elaboración y publicación de encuestas electorales.
La propuesta contenía, entre otros puntos, que dichas empresas enviaran previamente las preguntas que se formularían a los entrevistados y los detalles de la ficha técnica sobre la forma en que se realizaría el estudio. El CNE tendría dos días hábiles para tomar decisiones. Si vencido ese plazo no había decisión, se entendería que el estudio de opinión era autorizado.
También, que no se podrían divulgar sondeos ni encuestas que se realizaran por teléfono o internet; que sólo se divulgarían mínimo cada 10 días; que no se podrían dar a conocer aquellas cuyas muestras que hubiesen sido recogidas cinco días antes de su publicación y que la ficha técnica debería ser publicada de manera visible y clara.
La respuesta de las firmas encuestadoras y los medios de comunicación fue de rechazo absoluto a esas propuestas, por considerarlas como un intento de censura. La firma Invamer-Gallup señaló que se trataba de algo “inconveniente e innecesario, que empeoraría las cosas, cuando la normatividad actual ha dado resultados sin traumatismos”.
A su vez, el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, Ignacio Gómez, enfatizó que “en virtud de las garantías para la libertad de expresión consagradas en la Constitución, no hay entidad, ni ninguna autoridad, que pueda establecer ese tipo de restricciones”.