Carlos Gustavo Palacino, exrepresentante legal de la EPS Saludcoop, acaba de demandar al Estado. Está exigiendo una indemnización de $1.500 millones por los múltiples daños y perjuicios que, según él, le ha generado la intervención del Gobierno a su empresa, que ya cumple un año y un mes. Pide, además, que restituyan en sus cargos a los funcionarios revocados.
Palacino es el mismo hombre que casi lleva a la EPS más grande y poderosa del país a la quiebra. El mismo que —según fuentes cercanas a la investigación— le quitó las funciones a su vicepresidente financiero para asumirlas él. Es decir, los movimientos financieros de la empresa —llenos de irregularidades— los hacía directa y exclusivamente Palacino.
Lo más seguro es que los funcionarios por los que aboga para que sean restituidos en sus cargos sean los tres vicepresidentes que estuvieron sentados a derecha: María Carolina Lamus, vicepresidenta administrativa; Alberto Castro Cantillo, vicepresidente técnico y científico, y Javier Mauricio Sabogal, vicepresidente de operaciones. A este último —dice una fuente cercana al caso, que pidió el anonimato—, a pesar de haberlo apadrinado desde hace muchos años y de ser su consentido, fue a quien Palacino le quitó las funciones financieras para asumirlas él mismo.
Los tres hacen parte de los 13 funcionarios y exfuncionarios de Saludcoop —incluido Palacino— a los que la Procuraduría les formuló recientemente pliego de cargos por presuntas irregularidades en los recobros al Fosyga y por supuesta apropiación de recursos públicos en provecho propio.
Mientras Palacino demanda al Estado por la intervención a su empresa, Mauricio Castro, cabeza de ese proceso, le confirmó a El Espectador que no va terminar este año y que él mismo recomendará una prórroga. Habla además de la situación de la EPS hoy.
¿Qué va a pasar con Saludcoop cuando termine la intervención?
Según las leyes colombianas, en una intervención hay dos posibilidades: las autoridades pueden intervenir para liquidar, opción que en este caso no se tomó, o para administrar, que es la opción que hoy se está desarrollando. ¿Qué dice la ley al respecto? Que una vez se hayan superado los problemas que encontró la autoridad al momento de intervenir, la empresa se devuelve a sus dueños. Es pertinente mencionar que muchos sectores, como el Congreso o la misma Contraloría General de la República, han avanzado en ideas para que se pueda tomar otro tipo de acción, pero eso requeriría medidas como reformas legales.
Entonces, ¿hoy se acaba la intervención y la empresa se le devuelve a la antigua administración, en cabeza de Palacino?
En teoría, eso es lo que la ley dice que debe pasar. Hay unos temas que las autoridades aún deben determinar.
¿Y qué contempla la ley si la antigua administración tiene líos legales?
Ese es un tema que en el momento ignoro; se presentaría una situación compleja. Lo que tengo que decir hoy es que la intervención no va a terminar este año. Como interventor voy a recomendar la prórroga. Ya en el momento se mirará el término de esa prórroga y la situación de los antiguos administradores y los dueños, y qué efecto podrá generar en relación con una supuesta devolución de la empresa.
Los órganos de control están investigando a Saludcoop, entre otros temas, porque se presume que destinaron recursos que debían ser para el pago de servicios de salud a otras actividades. Entre esas actividades está la formación de varias empresas en el extranjero. ¿Qué ha pasado con ellas?
Existe un Saludcoop México, que no funciona como EPS sino como una aseguradora privada, algo así como una medicina prepagada. Esa inversión no funcionó muy bien y hubo que liquidar a pérdida; la empresa quebró. Lo mismo se montó en Ecuador, creo que bajo el nombre de Cruz Blanca Ecuador, que igual funciona como un asegurador privado, pero que sí funciona bien y da utilidades.
¿Y quién está recibiendo las ganancias de esa empresa?
Como el inversionista es Saludcoop, la plata la recibimos nosotros y la metemos en una bolsa de recursos para pagar los servicios de salud y la deuda con los prestadores.