Compensado en parte por un superávit de las empresas públicas de $7,2 billones, 2,4% del PIB, y agravado por los costos de la reestructuración financiera subsistente de $1 billón, el déficit consolidado del sector público sería de $11.8 billones, 2,4% del PIB.
La situación fiscal se proyecta más grave para 2010. Las proyecciones gubernamentales prevén un déficit del Gobierno central de $23.4 billones, 4,3% del PIB, y un déficit fiscal consolidado de $18.4 billones, 3,4% del PIB.
El problema no es tanto el déficit sino cómo se financia. Dada la escasez de recursos internos por la recesión, en 2009 será financiado en gran medida con recursos externos, por US$4.650 millones. Descontando amortizaciones e intereses, el ingreso neto de divisas será de US$1.500 millones.
Si a ese ingreso de divisas se le añade la reducción de reservas del Emisor, que al 22 de mayo era de US$477 millones, las presiones para la revaluación son evidentes.
Pero el problema fundamental tampoco es ese déficit y ese financiamiento. Lo es la pérdida de competitividad para el sector productivo, exportador y que compite con importaciones, que la revaluación genera, mejor dicho para la economía colombiana excluidos los servicios. En otras palabras, mientras que el sector público intenta mantener su gasto para reducir la recesión, la manera como lo financia induce pérdida de competitividad y recesión en el sector privado.
Otra sería la perspectiva si durante la abundancia se hubiera ahorrado. Lástima, no fue así. Otra cuestión sería también si el Banco de la República en lugar de desacumular reservas las acumulara. Así, evitaría la revaluación cambiaria y la reducción de la liquidez de la economía.
*Ph.D. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana