Existe un grupo de desmovilizados guerrilleros que piden que los tengan en cuenta para los procesos de paz. Este grupo, vinculado a la ONG Manos por la Paz, dice tener información sobre fosas comunes, caletas, finanzas y otros datos relevantes sobre las Farc, el Eln y el Erg con una sola condición: ser postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Y aunque la solicitud no es reciente, un nuevo aspecto, divulgado ayer por Herbin Hoyos conductor del programa radial Voces del Secuestro, puso de nuevo este tema sobre la mesa: los guerrilleros también están dispuestos a confesar la suerte que han corrido muchos de los secuestrados.
La información es escabrosa. De ser recibidas las confesiones de los ex insurgentes que desean acogerse a la Ley 975 de 2005, el país podría conocer que el destino de más de 300 cautivos, que se supone continúan en poder de las Farc o el Eln, fue la muerte. Y así lo confirmaron los testimonios que, en rueda de prensa, Liduine Zumpolle (directora de Manos por la Paz) y Herbin Hoyos dieron a conocer: “Yo quiero decir dónde está la fosa de Aliria Felia Castaño, secuestrada en Pereira en 1993”… “Otoniel Urrego, que fue secuestrado en julio del 98, fue enterrado en la vereda El Chimorro, en Dabeiba, Antioquia” … “Yo sé dónde están los restos del ex militar Hernán Bustos”.
La rueda de prensa que ofrecieron Hoyos y Manos por la Paz para dar a conocer este tema despertó el interés de muchos familiares de secuestrados y desaparecidos. Zumpolle expresó que esta solicitud no es más que el deseo de “mostrar que sí hay una voluntad de paz genuina”, y una invitación a las autoridades a invertir “no sólo en la guerra”. Sin embargo, para las víctimas el panorama fue distinto. Ejemplos de rescates millonarios por los cautivos que las familias pagaron y que al final no produjeron la libertad de sus seres queridos, abundan. Por eso, varios de los afectados llegaron a esta conferencia, al escuchar por medios que guerrilleros darían información de fosas comunes. Tenían la esperanza de que en una de esas revelaciones se escapara el nombre de la persona que llevan años esperando.
Liduine Zumpolle recordó que en diciembre pasado el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, notificó que 120 ex guerrilleros con los que trabaja Manos por la Paz ingresarían al programa de Justicia y Paz este mes. “Estamos en el día 27 y no supimos más del anuncio”, señaló la holandesa. El Espectador se comunicó con la oficina de Restrepo, quien respondió que el pasado viernes el Comité de Dejación de Armas (Coda) certificó los primeros 27 casos y que están en estudio 186 más que serán definidos este miércoles. La lista será enviada al Ministerio del Interior, el que realizará la postulación ante la Fiscalía General de la Nación. La Ley 975 de 2005 estipula que el Gobierno es el único que tiene la facultad de determinar quiénes podrían acceder a los beneficios de esta norma.
Sin saber que esta petición ya estaba siendo atendida por la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, Hoyos puso su celular sobre uno de los micrófonos. Al otro lado de la línea desfilaron los testimonios de más de 10 ex guerrilleros, quienes afirmaron su negativa de regresar a las filas subversivas (como lo piden las Farc en caso de que se pactara un acuerdo humanitario) y que dieron algunos datos. Los entregaron incompletos, porque siempre terminaban sus frases expresando que sólo dirían la verdad completa si se encontraban en el programa de Justicia y Paz. Incluso, paramilitares y representantes de éstos divulgaron su voluntad de dar información también.
Con el paso de la mañana, el número de restos en las fosas fue aumentando. Un guerrillero recluido en la cárcel de Bellavista habló de tres mujeres llamadas Lorena, Liliana y Deyanira, a quienes las Farc desaparecieron a finales de 2002 y cuyas osamentas se encuentran en zona rural de Puerto Rico (Caquetá). Pacho, un ex integrante del frente 25 que opera en Arauca, dijo saber la ubicación de una fosa en donde están los restos de 16 personas, entre ellas, la hija de un militar de alto rango cuyo nombre omitió y el primo de un defensor del Pueblo de Boyacá. Pero la mayor cifra la dio un ex guerrillero recluido en la cárcel La Picota: hasta 30 cuerpos podrían estar en una fosa ubicada en la carretera antigua a Buenaventura (Valle).
En el aire estaba la pregunta de por qué las autoridades no reciben la información de los desmovilizados. “Vamos a contactar inmediatamente a los guerrilleros que hablaron hoy, pero ellos deben entender que la postulación a Justicia y Paz no nos atañe. Nosotros sólo podemos ofrecer beneficios por colaboración”, respondió Juan Carlos López, coordinador de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. López indicó que de los 1.800 cuerpos que se han encontrado desde que comenzaron las confesiones de los desmovilizados, sólo entre el 10% y el 15% corresponde a información de ex guerrilleros. La propuesta de Manos por la Paz y de Herbin Hoyos, sin embargo, es que este número aumente considerablemente, y que muchas familias puedan saber a ciencia cierta qué pasó con los suyos.