En medio de un debate que trascendió hace mucho tiempo los asuntos morales e ingresó al terreno de la reivindicación de las libertades individuales y, en especial, de los derechos de las comunidades homosexuales, la Corte Constitucional se apresta a decidir sobre una histórica demanda que pide tumbar el artículo del Código de la Infancia y Adolescencia que excluye a las parejas del mismo sexo de los procesos de adopción de menores.
Aunque la jurisprudencia hasta ahora ha sido clara en favorecer los derechos de las parejas de un mismo sexo, el tema de la adopción de menores genera especial sensibilidad debido a que durante mucho tiempo hizo carrera la idea de que desataría traumas y problemas en el menor. Como científicamente no hay sustento de una relación directa entre tales efectos y la orientación sexual de los padres, el alto tribunal solicitó concepto a destacados especialistas de nueve de las más prestigiosas universidades del país, cuyos argumentos conoció El Espectador a sólo dos días de que se venza el plazo para el fallo.
El tema llegó a consideración de la Corte hace 10 meses, cuando el ciudadano Luis Eduardo Montoya interpuso la demanda, para cuyo estudio los magistrados solicitaron a las facultades de psicología elaborar un concepto técnico sobre el tema. La gran pregunta sobre la mesa era si existe algún tipo de perjuicio para los niños que son criados por parejas de un mismo sexo.
El Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, la Universidad de los Andes, la Javeriana, la Nacional, la del Valle, Sabana, Simón Bolívar, la Autónoma de Bucaramanga y la Pontificia Bolivariana de Medellín enviaron sus conceptos a la Corte. Aunque partieron de la misma evidencia científica, no todos coincidieron en las conclusiones.
El psiquiatra Edwin Herazo Acevedo, director del Instituto de Investigación del Comportamiento Humano, dice que “hay muy pocos estudios, pero los pocos publicados en revistas médicas indican que el desarrollo de los niños y niñas adoptados por parejas del mismo sexo no se diferencia negativamente de los adoptados por parejas heterosexuales”. Más allá de las certezas de la ciencia, en su opinión existe una realidad social innegable y es el gran número de niños sin hogar esperando ser adoptados y que podrían encontrar en parejas de un mismo sexo la oportunidad de una buena crianza.
Leonardo Amaya, psicólogo de la Universidad de la Sabana, coincide con él en que no existen estudios concluyentes sobre los efectos negativos en los menores criados por parejas de un mismo sexo, pero su recomendación es contraria.
“No es fácil probar si existen riesgos para los menores. En estos estudios hay una gran interferencia ideológica y manipulación de la información”, explica Amaya, “pero si prima el bienestar del niño, pensamos que es prudente esperar a que los estudios se aclaren”.
Mientras psicólogos y jueces logran un acuerdo, la realidad se impone. En el país existen decenas de parejas de un mismo sexo que adoptaron hijos (la ley permite la adopción individual) o crían los propios (han recurrido a la fertilización artificial). La semana pasada, por ejemplo, un juez de Rionegro, Antioquia, conminó al ICBF a tramitar la adopción de una niña de un año y nueve meses, hija biológica de una de las dos integrantes de una pareja gay.
Elvira Forero, directora de Bienestar Familiar, aseguró que impugnará la decisión y la Procuradora para la infancia y la adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, salió a aclarar el martes que la decisión no ordena la adopción, sino simplemente tramitar la solicitud de las dos mujeres. Germán Rincón, abogado de las peticionarias, sostiene que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los adultos y que “merecen adopción” para que “alguien los tenga en casa”.
Será tarea de los magistrados de la Corte Constitucional poner orden en este complejo debate.