Con un proyecto de adición presupuestal por $5,6 billones —radicado ayer con mensaje de urgencia en el Congreso de la República— y la inclusión de varios de los decretos caídos dentro del Plan Nacional de Desarrollo —iniciativa que se tramita actualmente en el Legislativo—, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos comenzó a encarar ayer mismo el duro revés sufrido con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la segunda Emergencia Económica, Social y Ecológica, con la que se buscaba atender la crisis generada por la ola invernal.
Con el fallo, el Ejecutivo quedó atado de manos para asistir a los 2,2 millones de damnificados que han dejado las lluvias, por lo que el Primer Mandatario le solicitó al alto tribunal considerar la posibilidad de modularlo mientras el Congreso tramita la adición presupuestal: “Pedimos a la Corte, en forma muy respetuosa, que consideren esa posibilidad, porque simplemente nos quedamos sin la capacidad de continuar con los pagos para que las ayudas les lleguen a los damnificados que hoy están sufriendo. Mientras el Congreso nos aprueba la adición presupuestal, nos sería muy útil tener esa capacidad de continuar utilizando los recursos”, expresó.
Con el decreto 145 del 21 de enero —quizás el más clave de los que tumbó la Corte— se buscaba garantizar los recursos para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal. El objetivo era reorientar dineros provenientes de los fondos especiales de la Nación administrados por el Ministerio de Hacienda, así como habilitar la utilización de recursos provenientes, por ejemplo, de la enajenación en la participación accionaria de Ecopetrol, los obtenidos del impuesto al patrimonio y su sobretasa, y los del ahorro disponible en el Fondo Nacional de Regalías.
Por eso la prioridad para el Gobierno apunta ahora a que el Congreso apruebe lo más pronto posible, vía ley ordinaria, esos $5,6 billones adicionales para el presupuesto. La destinación de los recursos, entre otros puntos, habla de vivienda para la población afectada por el invierno, un plan liderado desde la DIAN de lucha contra el contrabando integral y en particular contra el de licores y cigarrillos, dado que las rentas derivadas del impuesto al consumo de licores y cigarrillos son una fuente importante de financiación de la salud y educación en el marco de la ola invernal; y la adopción de medidas en materia de salud modificando transitoriamente la distribución sectorial del Sistema General de Participación.
El Congreso, a través de su presidente Armando Benedetti, le manifestó al Gobierno su plena disposición para subsanar, por la vía legislativa, la caída de los decretos de la Emergencia. A su vez, el ministro del Interior Germán Vargas, reconoció que el proyecto de adición presupuestal concentrará la atención de las comisiones terceras y cuartas, lo que va a retrasar el trámite del Plan de Desarrollo. Lo claro es que el fallo de la Corte le cambió las prioridades a Santos.
Plata que ahora está haciendo falta
El decreto que tumbó la Corte y que buscaba una adición de $5,6 billones al Presupuesto para atender la crisis invernal, decía que los saldos del impuesto a las transacciones financieras y del gravamen a los movimientos financieros, por un valor de $944 mil millones, se destinarían a financiar apropiaciones asignadas al Ministerio del Interior y de Justicia con destino al Fondo Nacional de Calamidades. Asimismo, del Fondo Nacional de Regalías se dispondrían $300 mil millones para rehabilitación y reconstrucción de obras de mitigación de las zonas afectadas con la ola invernal. Esa es parte de la plata que ahora se busca con el proyecto en el Congreso.
De los entes territoriales
El Gobierno Nacional deberá buscar ahora la manera de que gobernaciones y municipios cuenten con un marco institucional acorde con la situación que les permita actuar en forma concurrente y coordinada a fin de lograr la adecuada, eficaz y eficiente superación de la emergencia invernal y evitar la extensión de sus efectos. Uno de los decretos que se cayeron establecía facilidades para la construcción y reconstrucción de establecimientos institucionales y de servicios en las zonas afectadas, al igual que les ordenaba a los alcaldes adoptar planes de reducción de riesgos, mediante los cuales, de ser necesario, se les permitía modificar los planes de ordenamiento territorial, previo aval de los concejos municipales. La idea es llevar esta propuesta en una ley aparte.
Sobre impuestos
Otro de los decretos claves que tumbó la Corte y que el Gobierno deberá subsanar lo antes posible, es el que adoptaba medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para favorecer a los damnificados por el invierno, de tal manera que se aliviara su situación y se facilitara el cumplimiento de sus obligaciones. La iniciativa buscaba darles beneficios a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, del impuesto al patrimonio, a los usuarios aduaneros y a los usuarios de zonas francas, damnificados o afectados por el fenómeno de La Niña. La idea era que aquellos damnificados-contribuyentes pudieran haber deducido las pérdidas sufridas durante el período gravable 2010, sobre los activos fijos o movibles usados o dispuestos en el negocio o actividad productora de renta. También se fijaban un plazo mayor y facilidades para el pago de impuestos. Nada de ello será posible por ahora.
Los empleos de ‘emergencia’
Una de las metas del gobierno Santos apuntaba a crear unos 100 mil empleos mediante un esquema especial de contratación de mano de obra para el período de crisis que impulsara la generación de ingresos en las localidades afectadas, de tal manera que permitiese amortiguar el impacto sobre el flujo de ingresos de los hogares afectados, mitigar las pérdidas económicas y sus efectos en la posibilidad de mantenerse empleados o de desarrollar actividades productivas por parte de los damnificados. A través de un decreto que deberá impulsar ahora el Ministerio de Protección Social, se insistirá en establecer un esquema de contratación de mano de obra mediante el cual se realizarán y ejecutarán actividades de rehabilitación y construcción de vivienda e infraestructura, al igual que mejoras de áreas públicas. Accederán preferentemente al empleo de emergencia las personas damnificadas o afectadas por la situación de desastre nacional declarada y que se encuentren en los registros de afectados elaborados por el mismo Gobierno.
Sin reforestación
Los análisis del Ejecutivo en torno a la crisis invernal advierten que más de 726 mil hectáreas fueron gravemente afectadas por las inundaciones, varias de ellas con un gran potencial forestal y comercial. La emergencia económica, social y ambiental buscaba crear el ‘Programa Especial de Reforestación’ con el fin de ejecutar proyectos de reforestación comercial en las áreas afectadas por el invierno y así rehabilitar el uso de los suelos, incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. Igualmente se creaba el Consejo de Reforestación. El Ministerio de Agricultura deberá asumir ahora la estructuración de iniciativas que permitan la ejecución de dichos programas y garantizar los recursos para ellos. También establecer incentivos para los particulares que quieran vincularse.
En vilo la reforma a las CAR
Bien sabido era que al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ambiental, el Gobierno buscaba meterles mano a las corporaciones autónomas regionales (CAR). De hecho, el decreto 141 del 21 de enero —tumbado por la Corte— hablaba de que la grave problemática ambiental que hoy padece el país es resultado no sólo de fenómenos naturales, sino de la deforestación y la falta de medidas de prevención. Además de ello, los escándalos por la supuesta politización de estas entidades y los presuntos malos manejos habían llevado a que el presidente Juan Manuel Santos propusiera la fusión de algunas de ellas y un redireccionamiento en su manejo administrativo y fiscal. Una postura que encontró varios reparos en el mismo Congreso de la República, donde se sabe existen muchos intereses con respecto a las CAR. Con este panorama, no parece fácil para el Ejecutivo impulsar una reforma a las corporaciones en el Legislativo, aunque es claro que el jefe de Estado buscará un consenso dentro de la mesa de Unidad Nacional con el fin de llevarla a cabo. Más que ambiental o económico, será un duro pulso en el terreno de lo político.
Lo peor del invierno está por venir
Los estragos del fenómeno de ‘La Niña’ provocarán en abril y mayo fuertes aguaceros que estarán por encima de los promedios históricos. Así lo aseguró ayer el director del Ideam, Ricardo Lozano, quien señaló que en lo que va de marzo las regiones más afectadas por las precipitaciones fueron la andina, la de la Costa Atlántica y el occidente colombiano.
“En abril llueve el doble que en marzo, pero además ‘La Niña’ le imprime también lluvias por encima del promedio”, explicó Lozano al señalar que en Bogotá han aumentado un 200%.