El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro, y el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, se convierten en dos caras de una misma moneda en un libro de editorial Norma que analiza los cuatro años y medio de la Ley de Justicia y Paz y que será lanzado el próximo 10 de diciembre, con el apoyo de la revista Semana. El primero en representación del Gobierno y el segundo liderando una ONG tradicionalmente opuesta a las políticas del presidente Álvaro Uribe, escribieron sus apreciaciones sobre el tema en dos mitades tituladas “Ni justicia ni paz” (Valencia) y “Reparar el bote en alta mar” (Pizarro). Se trata del primer tomo de una colección llamada Cara y Sello, en la que personajes de ideas disímiles contarán lo que opinan de asuntos como la reelección y la seguridad democrática. Ninguno de los dos sabe qué escribió el otro, pero en entrevista con El Espectador esbozan algunos argumentos.
¿Cuál es la tesis de su parte del libro?
Eduardo Pizarro: Que uno de los aportes más importantes de la Ley de Justicia y Paz ha sido colocar a las víctimas en la conciencia colectiva de la gente como portadoras de derechos.
León Valencia: Mi tesis es que la justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz, debe estar ligada a un proceso de reconciliación. Es claro que aquí en Colombia no lo estamos viviendo, de ahí que esta norma no haya podido operar a plenitud. En justicia ha tenido unos resultados precarios. En el tema de verdad ha habido cosas importantes, pero esto no obedece a los esfuerzos del Ejecutivo, sino de la justicia y la sociedad civil.
Desglosemos la Ley: Hablemos de la justicia, que incluye la extradición de los jefes paramilitares, el rearme de algunos ex combatientes y la desmovilización que muchos califican de farsa…
L.V.: La extradición de los jefes ‘paras’ fue la confesión de que Justicia y Paz fracasó, al menos en el caso de ellos. Asimismo, y ya lo dijo Ernesto Báez, los comandantes de las autodefensas eran 40 y extraditaron a 14. El resto está rearmando sus grupos. Adicionalmente, hay 500 mandos medios que ni siquiera se acogieron a la norma y 3.700 paramilitares más sin recibir sentencia. El tema de justicia ha sido un fracaso.
E.P.: Tengo serias discrepancias con León. En este momento hay 50 mil desmovilizados. De ellos, apenas el 8 por ciento se ha reincorporado a la vida criminal. ¡8 por ciento!, cuando el promedio en experiencias internacionales es del 15 por ciento. Esos reciclados se traducen en 22 bandas criminales que están afectando la seguridad en unos 16 departamentos, pero era inevitable que ocurriera.
L.V.: Pues es normal que haya un porcentaje residual que se devuelva a la guerra, lo que no es corriente es que sean las estructuras más densas del paramilitarismo las que se hayan reciclado en la vida criminal. Por ejemplo, en Medellín se desmovilizaron los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, pero la Oficina de Envigado, el nodo principal, quedó intacta. No es por nada que los homicidios han aumentado un 27 por ciento en todo el país. Son 63 las bandas emergentes.
E.P.: Un fenómeno que León está desconociendo: Hay una crisis en la economía de la droga. Ya los recursos para esas actividades ilegales no alcanzan para todos y a ello se deben todos esos fenómenos violentos. En justicia tenemos 700 ‘paras’ en las cárceles. Llevamos 1.800 versiones libres, a través de las cuales se han confesado 45 mil hechos criminales y determinado responsabilidades en 22 mil homicidios. Hemos logrado localizar más de 1.300 fosas comunes. Sí reconozco que no hay aún ninguna sentencia condenatoria.
¿Es cierto que la verdad se la llevaron los ‘paras’ extraditados?
L.V.: La confesión de más de 21 mil asesinatos y desapariciones es un gran logro.
E.P.: Eso es bastante falso. Estamos llevando procesos paralelos de verdad histórica y verdad judicial. Otro ejemplo clave es la ‘parapolítica’. Exceptuando a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, de Perú, en ningún país del continente se castigó a los políticos por sus vínculos con los violentos.
Pero eso no se lo debemos a Justicia y Paz…
E.P.: Al que sea. No hay que minimizar las cosas porque sean de la Justicia o del Ejecutivo.
L.V.: Los héroes de la jornada aquí son la Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y la sociedad civil, que se han enfrentado al Presidente y, algunos, han sido calificados hasta de guerrilleros.
¿Cuál es el balance en el tema de verdad?
E.P.: Es posible que algunos temas están en los recuerdos de los jefes extraditados, pero la gran memoria está en los mandos medios.
L.V.: Ahora la verdad no tiene tanta fuerza. Si los extraditados hablan, otros van a decir que se trata de una venganza.
¿Y de la reparación qué?
E.P.: El 14 de diciembre vamos a entregar a 10 mil víctimas $170 mil millones. Van reparadas 39 mil familias y el año próximo serán 18 mil más. El único rubro del presupuesto nacional que no sufrió mella fue el de la reparación. De US$100 millones en 2009, pasaremos a US$150 millones en 2010.
L.V.: Comparado con el universo de víctimas eso es algo menor. Creo que la mejor contribución para los afectados sería impulsar una Ley de Víctimas integral.
E.P.: Quien hundió la Ley de Víctimas fue su autor, el senador Juan Fernando Cristo. Yo les rogué a los senadores que la votaran, cuando había orden presidencial de hundirla. Luego, Cristo revivió su proyecto original desconociendo los acuerdos a los que habíamos llegado.