Procurador llamó a declarar a Emilio Tapia, Julio Gómez y Mauricio Galofre en el proceso del carrusel de contratos.
“Los continuos incumplimientos del contratista y el actuar del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) y del alcalde Samuel Moreno fueron totalmente contrarios a los principios que rigen la actividad administrativa y en particular la actividad contractual de las entidades públicas”. En estos términos se refiere el informe de la Contraloría General de la República a la gestión del Distrito en la contratación, ejecución y cesión de los tramos de construcción adjudicados al Grupo Nule en las obras de la calle 26 de la Fase III de Transmilenio. Por estos hallazgos, el ente de control decidió embargar los bienes al Alcalde y a Liliana Pardo, ex directora del IDU.
Los hallazgos de la Contraloría juntan en un solo documento las graves fallas que existieron desde el principio en el contrato 137 de 2007, mediante el cual, durante los últimos días del gobierno del ex alcalde Luis Eduardo Garzón (también vinculado al proceso de responsabilidad fiscal), se les adjudicaron a los Nule dos tramos de construcción de la calle 26.
Los tropiezos se dieron desde el comienzo, pues la firma del acta de inicio del contrato ocurrió seis meses después de la firma del mismo (diciembre de 2007), cuando los requisitos establecidos hablaban de un plazo máximo de 30 días. Después, en opinión de la Contraloría, “ni siquiera se impusieron las multas ni se hizo efectiva la garantía de cumplimiento ni la cláusula penal. Contrario a esto, se continuó con la ejecución del contrato, se adicionó en valor y en plazo, y finalmente se cedió el mismo. Ni el interventor del contrato de obra ni el IDU cumplieron con sus obligaciones con miras a garantizar el cabal cumplimiento del contrato de obra y la protección del patrimonio público”.
La Contraloría también encontró graves fallas en el pago de anticipos a Transvial (consorcio del cual formaban parte los Nule), pues mediante la expedición de dos memorandos (que modificaron los instrumentos de control del manual de interventoría), Liliana Pardo habría facilitado el pago de estos dineros al cuestionado contratista. Estos memorandos surgieron luego de una carta que Miguel Ángel Moralesrussi, contralor distrital, le envió al IDU para que, mediante un memorando de entendimiento, se agilizara el pago de los anticipos. “Como puede observarse, tanto las modificaciones en los mecanismos de control, como en la inexplicable comunicación del Contralor Distrital, facilitó la entrega del valor del anticipo al contratista, quien no hizo uso adecuado del mismo”, advierte el ente de control.
Otro de los puntos que más llamó la atención de la Contraloría fue la “inexplicable adición”, por $3 mil millones, que el IDU le hizo a los Nule en momentos en que registraban atrasos de hasta 50% en las obras (noviembre de 2009). Lo peor de todo es que, de acuerdo con el ente de control, los dineros adicionados no tenían nada que ver con la ejecución de la Fase III, sino que correspondían a obras de valorización que, por cierto, no han sido ejecutadas, 23 meses después desde la firma de ese contrato.
De acuerdo con la Contraloría, “los incumplimientos en los que incurrió Transvial ameritaban no sólo imposición de multas, sino la declaratoria de caducidad del contrato”. Nada de esto sucedió, pues las obras le fueron cedidas a Conalvías (empresa que también fue vinculada al proceso de responsabilidad fiscal) y de los 11 requerimientos que se le hizo a Transvial por sus atrasos, tan sólo se impusieron dos multas, que más adelante fueron revocadas por el IDU.
Los sucesivos errores en la ejecución del contrato (que continuaron incluso luego de la cesión, pues a octubre de 2010 hacía falta la entrega de los registros topográficos de cinco predios) llevan a la Contraloría a estimar que “el valor del contrato 137, incluyendo los desembolsos al contratista cedente ha pasado de forma injustificada a costar al Distrito $198.779’455.015 más de lo contratado, monto que de forma provisional ha sido establecido como daño al patrimonio estatal”.
Por su parte, el alcalde Samuel Moreno, en declaraciones a Caracol Radio, afirmó que no ha contemplado la posibilidad de renunciar a su cargo ante la decisión de la Contraloría. Ayer en la noche, la defensa del Alcalde interpuso una acción de nulidad en contra de la orden de embargo emitida por la Contraloría.