Falencias e irregularidades en los estudios previos que dieron origen a los cuatro multimillonarios convenios suscritos entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), favorecimientos injustificados en proyectos y beneficiarios que inicialmente habían sido desestimados y una aparente maniobra para evadir la ley de contratación pública, son algunos de los reparos que formuló el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
En un documento de 57 páginas conocido por El Espectador, en el que Ordóñez abrió investigación en contra de 18 funcionarios y ex funcionarios, se detalla una larga lista de observaciones y censuras por los escasos fundamentos técnicos o jurídicos que llevaron al Ministerio a entregarle al IICA $287 mil millones para que desarrollara el programa de riego y drenaje. Según el Procurador, “no existen estudios, análisis ni estimaciones o cualquier otra consideración que permitiera al Ministerio (de Agricultura) establecer el valor de los convenios”, o por qué se escogió al IICA como ejecutor de un programa que nada tiene que ver “con las actividades científicas y tecnológicas” para las cuales fue creado.
En consonancia con la Fiscalía, que estableció que el IICA es una organización sin experiencia en esta clase de programas, pues se probó que subcontrató con otras firmas en una especie de nómina paralela para cumplir los convenios, el Procurador criticó que “no existe un estudio sólido que permita determinar por qué se contrató directamente con el IICA y no se realizó un proceso de selección que permitiera el concurso de otras entidades”, es decir, por qué se entregaron a dedo estos recursos. Pero, además, Ordóñez advirtió que tampoco existe un análisis para concluir que el Ministerio no contaba con funcionarios que pudieran estructurar el programa de riego y drenaje del AIS.
En esencia, el Procurador ve con malos ojos que se adjudicaran millonarios recursos del erario a una firma sin experiencia en la rama y a sabiendas de que el propio Ministerio de Agricultura podría haber desarrollado el mismo proyecto, con mayor eficacia y sin tantos costos. Ordóñez consideró que los convenios suscritos con el IICA tenían como objetivo la administración de fondos que son propios de cualquier entidad estatal y, por ende, se debió haber abierto una licitación para girar los recursos del AIS, supuestamente destinados para beneficiar a los pequeños productores del campo y que terminaron en manos de acaudaladas familias de la Costa Atlántica.
Como si fuera poco, el Procurador estableció que en tres de los cuatro convenios el Ministerio de Agricultura, en cabeza entonces de Andrés Felipe Arias, no solicitó oferta al IICA, es decir, se fijó un precio que nadie sabe cómo se calculó, y además se encontró que los gastos de administración y operación del programa AIS, al parecer, fueron excedidos. Por ejemplo, en el convenio 055 de 2008, por un valor de $140 mil millones, se encontró que “el porcentaje de los recursos entregados por el Ministerio de Agricultura al IICA para atender los gastos de operación y administración de los convenios superan ampliamente el porcentaje fijado por la ley”.
La investigación de la Procuraduría constató que en el primer convenio de 2007 el IICA recibió $9 mil millones para gastos de administración y operación; en 2008, $11.636 millones, y en 2009, $7.087 millones, para un total de $27.728 millones que, en criterio preliminar del jefe del Ministerio Público, es escandalosamente excesivo. Por eso Ordóñez indaga la presunta omisión en el control y supervisión de los cuestionados convenios del ex ministro Arias, del actual ministro Andrés Fernández, del ex viceministro y su sucesor, de otros 14 funcionarios de esa cartera y del gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto.
Otro de los aspectos que generan inquietudes en el Procurador es que observó que algunos proyectos que fueron beneficiados con AIS presentaron deficiencias. Por ejemplo, los proyectos María Luisa I y III y Campo Grande I y III fueron declarados no viables por parte del panel de evaluadores y, posteriormente, fueron sometidos a un segundo estudio por el denominado comité de expertos. Lo curioso es que, “sin argumentaciones y motivaciones de fondo, y sin que las inconsistencias advertidas inicialmente hubieran sido corregidas”, los proyectos fueron aprobados por el Ministerio de Agricultura.
En consecuencia, el Procurador ordenó una revisión exhaustiva de todos los proyectos admitidos, pues también existen evidencias de que se aprobaron varios proyectos que correspondían a un mismo predio y, claro, al mismo beneficiario. Conceptuó el Procurador que “un predio no puede fraccionarse de manera ilimitada como la vía para que el propietario de una finca pueda hacerse acreedor a varios apoyos económicos del programa de riego y drenaje”, y ordenó indagar por qué el ex ministro Arias, su sucesor y demás subalternos, habiendo sido enterados a través de los informes de interventoría y de comités de estos asuntos, “no hicieron nada para evitarlo”.
En el documento conocido por este diario, el Procurador dispuso practicar nuevas visitas al Ministerio de Agricultura y establecer en las dependencias del IICA el ingreso de los recursos del programa girados por el Ministerio, las cuentas bancarias en las cuales fueron depositados dichos recursos, los excedentes o rendimientos financieros generados, los desembolsos del IICA hacia los encargos fiduciarios de los ejecutores, la destinación de los rendimientos financieros generados en las cuentas y el reintegro de los mismos al tesoro nacional. También le solicitó a la Registraduría certificar si cada cédula relacionada de los beneficiarios del programa de riego y drenaje corresponde al titular de la misma y si se encuentra vigente o fue cancelada por muerte.
Finalmente, en los próximos días los funcionarios indagados serán escuchados en versión libre para que expliquen las inconsistencias que preliminarmente detectaron la Procuraduría y la Fiscalía. Y mientras la justicia avanza en sus pesquisas, la política hace lo suyo. El jefe del Partido Conservador, el ex canciller Fernando Araújo, anunció que el Comité de Ética de su colectividad archivó la investigación contra Andrés Felipe Arias por el caso AIS. “Tenemos plena confianza en el ex ministro Arias y en el actual ministro Andrés Fernández frente a sus actuaciones en desarrollo de la entrega de los subsidios de Agro Ingreso Seguro”.