Tres comprometedoras grabaciones en las que se habla de supuestas entregas de dineros y “mordidas” para asegurar una millonaria licitación, que fueron remitidas a la Fiscalía y la Procuraduría por la Casa de Nariño, fueron las que desataron el escándalo que terminó por cobrar la cabeza del director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Álvaro José Soto García, y los asesores Miguel Bonilla, Diana Calderón, Miguel Gómez y Álvaro Arias.
La licitación, que busca adjudicar la construcción, mantenimiento y operación del corredor férreo entre Chiriguaná (Cesar) y Villa Vieja (Huila), valorada en $1,3 billones, fue suspendida indefinidamente por el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, tras conocer el contenido de las conversaciones. En la puja por la adjudicación del contrato están dos consorcios, uno español integrado por las firmas Feve y OCA, y otro compuesto por las colombianas Odinsa, Valorcom y la norteamericana Noreing.
En una de las conversaciones conocidas por este diario en la que habla, al parecer, un asesor del Ministerio de Transporte, Álvaro Arias, se comenta de unas personas que “van a repartir la plata”. Y a reglón seguido dice: “El Mono ya habló con Álvaro José (Soto) de eso, pero dijo que a mí no me entregaran ni mierda” (ver grabaciones). De la primera conversación se desprende que supuestamente los funcionarios implicados en el escándalo buscaban “no dejar palos en la rueda”, y se escucha que el dinero para asegurar el contrato sería dividido entre los cinco.
En una segunda grabación, al parecer de uno de los representantes de uno de los consorcios, se oye: “Me han llamado mucho estos muchachos para que les dé más platica”. Según el representante, les dijo que su firma estaba “apretada”, que si ya se hubiera cerrado la licitación habría un flujo de caja distinto. Luego, este personaje comenta que le habían pedido con urgencia $75 millones y dice: “El siguiente paso es consolidarnos no solamente en el consorcio, sino ante todo en el grupo de trabajo, y pues si hay que dar $100 millones…”. Y remata: “Que los españoles vean que no estamos solos, porque ellos (los implicados) están presionando siempre (…) y lo pueden sacar a uno cuando les dé la gana”.
El representante del consorcio da a entender que el monto que tienen que pagar es de $1.000 millones y que unos de los interesados en el contrato “estaban de pipí cogido con Álvaro”. En una tercera conversación se oye que al parecer uno de los proponentes le entregó $35 millones en la casa a Álvaro Arias, el asesor del ministro Andrés Uriel Gallego, y le hicieron firmar un pagaré para supuestamente asegurar el cumplimiento del acuerdo. Después se mencionan más pagos y se habla de que la presunta presión de los funcionarios del Gobierno derivó en que un representante de un consorcio viajara a España para girarle un dinero a Álvaro Arias. Al parecer otros $300 millones.
Por lo pronto y mientras el renunciado director del Inco, Álvaro José Soto, regresa al país para afrontar el vendaval político y judicial derivado de las conversaciones conocidas por el alto Gobierno, serán la Fiscalía y la Procuraduría las que determinen las responsabilidades en esta licitación que está en juego por la medio bobadita de $1,3 billones.