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«Llegamos a una confusión general»

Uno de los cerebros de la ley 30 de 1992 dice que los rectores se quedaron callados, los estudiantes están desorientados y la reforma es inocua ante los desafíos de la universidad.

09 de noviembre de 2011 - 06:29 p. m.
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Hace 19 años, Luis Enrique Orozco fue uno de las personas que redactaron la ley 30, tan invocada por estos días. Desde su cátedra en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, el que es considerado una de las mayores autoridades en temas educativos en el país analiza por qué el proyecto de reforma a la educación superior terminó creando un caos que, en sus propias palabras, ha provocado que “gane quien ve más lejos aunque no vea más claro”.

¿Era necesaria una ley para reformar la educación superior?

Al retirar el artículo que se refería a las universidades con ánimo de lucro, el proyecto de ley dejó de ser necesario. Pensaría que tampoco era necesario si querían sencillamente aumentar recursos para la educación publica. Eso podía hacerse en el marco de la ley 30.

¿Los nuevos recursos sí representaban un avance?

Claro que sí. Favorecen mucho a las universidades. Lo que molesta un poco a la universidad pública es que el nuevo proyecto crea una especie de mercado por el cual hay que competir. Naturalmente, si hay que competir se debe hacer un esfuerzo para ser eficientes y, en cierta manera, saber administrar la pobreza.

¿Por qué es tan difícil plantear una reforma a la educación superior?

Me parece que parte del éxito de 1992 se debió a que se hizo un diagnóstico muy sólido sobre la situación del sector. Además se abrió una discusión muy amplia en la que incluso participó Fecode. Así que, cuando se presentó el proyecto al Congreso, ya eso estaba bastante acordado. Inclusive, las instituciones líderes del país, tanto públicas como privadas, se comprometieron a fondo. Este proyecto tiene esas limitaciones, lo que explica el conflicto que generó.

¿Qué le gustaba y qué no le gustaba del proyecto?

En este momento el proyecto es inocuo, pero tiene una bondad que es poner dientes a la ley 30, que no los tenía, en materia de intervenir en las instituciones de educación superior cuando cometen abusos o se desvían de sus objetivos. En segundo lugar, no incide directamente en la calidad, pero crea condiciones para que eso sea posible. Creo que es negativo que se amplíe la autonomía a todas las instituciones de educación superior, como las técnicas y tecnológicas. Dada la heterogeneidad de las instituciones, la estratificación por calidad, concederles autonomía es un riesgo muy grande. El punto que me parece más delicado es que se pierde la diferenciación clara del tipo de instituciones y programas y los títulos que pueden otorgar. Eso quedó confundido en el nuevo proyecto y es un retroceso.


¿Cómo ve el papel de los rectores en esta discusión?

Me parece que cumplieron un papel positivo e importante antes de la presentación del proyecto. Pero en la medida que la fórmula de financiamiento fue aceptada, entraron en un silencio, no sé si prudente, y se marginaron del debate. Lo mismo todo el profesorado del país.

¿Qué opina del movimiento estudiantil?

Quienes están adelantando el debate son los estudiantes, por lo que diría que es muy bueno que recuperen una posición de liderazgo y de compromiso con la educación. Pero me parece desacertado que estén haciendo un debate por los puntos que ya toca. Es un momento oportuno para que el movimiento estudiantil no se deje desorientar. Creo que ahora están desorientados.

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¿En qué situación queda el Gobierno?

Estamos en una situación crítica por el silencio de los rectores, por el silencio de los profesores y los líderes intelectuales, por el oportunismo político de turno y por una cierta ineficacia práctica, de buena fe, de parte del Ministerio. Si eso se hubiera manejado con una metodología más clara, no estábamos en esta situación.

¿Qué haría si fuera el ministro?

Creo que habría que señalar con humildad que el proyecto se fue desdibujando y en este momento no tienen ningún impacto importante. Al proyecto le faltan las grandes ideas, no encarna una visión de Estado sobre la educación superior. Sí creo que la ley 30 se debe reformar. Pero los puntos sobre los que se hizo el debate no son los fundamentales. Llegamos a una confusión general, en donde gana quien ve más lejos, aunque no vea más claro.

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