Por considerar que incurrió en los delitos de prevaricato por omisión, concusión, peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscalía anunció el martes que imputará cargos al suspendido alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. La decisión fue comunicada por la propia fiscal Viviane Morales, quien detalló que la audiencia, en la que además se pedirá medida de aseguramiento contra el mandatario, se realizará el viernes 29 de julio a partir de las 7:30 a.m.
La determinación causó revuelo en los círculos políticos, aunque entre los entendidos era una medida anunciada. El alcalde está suspendido desde el pasado 3 de mayo por solicitud de la Procuraduría, y la razón tuvo que ver con una de las circunstancias que le reprocha el ente investigador: la omisión. Sólo que esta vez la Fiscalía cree que la conducta omisiva pudo configurar el delito de prevaricato, porque era imposible que Moreno desconociera las irregularidades en la contratación del Distrito, específicamente en los temas de infraestructura que desencadenaron lo que se conoce hoy como el cartel de contratos.
El Espectador conoció algunos de los argumentos con los que la Fiscalía decidió imputar cargos a Samuel Moreno. En principio, que si bien él no firmó ninguno de los contratos que hoy se cuestionan, sí habría permitido que éstos se concretaran sin cumplir con los requisitos de ley. Ante un detrimento en la ciudad, que resultaba evidente, el alcalde Moreno no podría argumentar que nada tiene que ver con lo sucedido. “Samuel Moreno era el alcalde, no un funcionario más y por su rango y cargo tiene responsabilidades ante la crisis”.
En otras palabras, el escenario en el que se podría configurar la imputación contra el alcalde Moreno es que él conocía de las irregularidades de la contratación y no tomó decisiones para corregir el rumbo de los contratos en entredicho. Es decir, no adoptó las medidas de control que se requieren en estos casos, y así las normas digan que Bogotá cuenta con un régimen especial que descentraliza ciertas decisiones, el alcalde es el funcionario que decide las obras y el planeamiento y desarrollo de la ciudad.
A pesar de la abundante documentación y aporte testimonial que ya acumula en los estrados judiciales el escándalo del llamado carrusel de la contratación en Bogotá, directamente contra Samuel Moreno sólo han testificado los primos Manuel, Miguel y Guido Nule. En particular Miguel Nule ha insistido en que a través del abogado Álvaro Dávila, los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas habrían pedido una comisión del 6% a cambio de los contratos de la malla vial. Ninguno de los demás procesados por este caso han acusado al alcalde.
Este diario se comunicó con el abogado de Samuel Moreno, el exviceprocurador Carlos Gómez Pavajeau, quien comentó: “Me sorprende que se hable de prevaricato por omisión, cuando se sabe que Bogotá cuenta con un régimen especial; y de concusión, cuando no hay una sola declaración de alguien que diga que el alcalde pidió dineros directamente por algún contrato. Los Nule son testigos de oídas. El alcalde está intranquilo, sobre todo por la posibilidad de que le sea dictada medida de aseguramiento”.
Precisamente,el suspendido mandatario se pronunció a través de un comunicado en el que declaró estar convencido de no haber infringido ninguna norma del Código Penal, pues no omitió su deber frente a la contratación distrital y jamás solicitó dineros a ningún contratista, según aseguró.
En la actualidad, el hermano del mandatario Moreno, el senador Iván Moreno, está detenido en la penitenciaría de La Picota, por decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal lo sindica de casi los mismos delitos por los cuales se le imputarán cargos al alcalde. En el caso del senador Moreno, también se investiga si exigió que en la obra de la doble calzada Bogotá-Girardot se le entregaran zonas de uso exclusivo para ampliar el negocio de estaciones de gasolina de su familia.
De igual manera, por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, además de los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, y su asesor Mauricio Galofre, se encuentran privados de la libertad el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, el exrepresentante Germán Olano Becerra y los exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo e Inocencio Meléndez. Entre otros, están investigados los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, así como el abogado Álvaro Dávila Peña.
La crisis que llevó a la debacle de la administración Moreno, en Bogotá, comenzó a mediados del año pasado, cuando el exsubcontratista Alejandro Botero denunció ante la Fiscalía y los entes de control la existencia de un presunto cartel de la contratación. De inmediato, el dirigente del Polo Gustavo Petro organizó una comisión para investigar las particularidades del escándalo. Sus conclusiones fueron el punto de partida del proceso que hoy tiene al alcalde ad portas de una imputación penal.
El analista Juan Carlos Flórez cree que la reciente decisión de la Fiscalía “pone en evidencia que la corruptocracia entró por la puerta principal del Palacio Liévano, el alcalde no jugaba del lado de los buenos. De ese acuerdo de impunidad formaron parte los partidos políticos, algunos concejales, el contralor y el personero. Se robaron la ciudad delante de ellos y no hicieron nada para evitarlo”.
En igual sentido, el concejal del Polo y miembro de la comisión que creó Gustavo Petro, Carlos Vicente de Roux, celebró “que la justicia esté avanzando con fuerza”, aunque expresó su tristeza por la familia del suspendido alcalde.
Amigos de Samuel Moreno que militan con él en el Polo Democrático lamentaron la imputación de cargos que anunció la Fiscalía, pero declararon su confianza en la justicia colombiana. Es el caso del exconcejal Carlos Romero: “Espero que la defensa de Samuel pueda demostrar su inocencia”.
El próximo 29 de julio el fiscal José Ricardo González Esguerra, designado como fiscal tercero ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pedirá la medida de aseguramiento contra Samuel Moreno. ¿Qué determinaría que la justicia decida encarcelar al alcalde? El exmagistrado Alfredo Beltrán explicó que, en estos casos, el juez de control de garantías revisa si el procesado tiene antecedentes y si se corre el riesgo de que se fugue o que distorsione u obstaculice las pruebas.
La Fiscalía anunció que sigue estudiando varias solicitudes de principio de oportunidad y la posibilidad de celebrar preacuerdos con varios de los indiciados dentro del cartel de la contratación. Un escándalo que ha ido salpicando fichas de esta administración y ya llegó hasta el propio alcalde mayor de la capital.