Martha Correa menciona con insistencia la palabra Bosa, pero van más de dos años en los que las trabajadoras sociales del Hospital de Kennedy recorren esa localidad para encontrar a una persona que la conozca. Nadie la ha visto. Llegó en agosto de 2008, traída por una patrulla de la Policía que la encontró en la calle. El diagnóstico: retardo mental severo. Como ella hay dos casos más en esa institución.
A Enrique Frader, de 34 años, lo encontró la Policía en una vía pública con un golpe en la cabeza, que sólo representó la primera parte de las enfermedades descubiertas por los médicos del Hospital Santa Clara. A diferencia de Martha, él se encontraba reportado como desaparecido en las listas de la Fiscalía. La mamá, una señora de 80 años, y dos hermanos con sus obligaciones y una situación económica precaria fueron contactados.
A Enrique una bacteria le ataca el cerebro y le impide ser una persona funcional. A su familia la invade una grave condición social que no la deja hacerse cargo de este paciente que requiere una unidad de cuidado crónico para vivir. Son 17 personas más en el hospital, sin que se les encuentre apoyo.
El 28 de junio de 2009, Emelina López, de 51 años de edad, llegó al Hospital San Blas, donde le diagnosticaron un trastorno bipolar. En la búsqueda de un familiar, el área de trabajo social encontró a una hermana que se niega a aceptarla en su casa porque Emelina agrede a sus hijos y tampoco tiene condiciones económicas para pagar una institución. En octubre del mismo año entró Marleny León y después fueron llegando Mercedes Sandoval, Bárbara Jiménez, Isaura Villa, José Ariza, Tomás Fonseca, Gina Fernanda Villota y Luz Mariela Ceballos, todos con historias diferentes, diagnósticos diversos y un mismo concepto dentro del registro clínico: abandonados.
Casos como estos se encuentran en gran parte de la red de hospitales públicos de Bogotá y, según Luz Helena Rodríguez González, de la Dirección de Aseguramiento en Salud, de la Secretaría de Salud, “existen aproximadamente 180 pacientes en abandono y exclusión social, con compromiso psiquiátrico, deterioro cognitivo y funcional, secuelas de enfermedades crónicas y farmacodependencia”.
Muchos de ellos llegan hasta los hospitales sin ningún tipo de identidad y, como en el caso de Mercedes Sandoval, del San Blas, la labor empezó por registrarla y expedirle una cédula, porque no se encontraron registros de ningún tipo, aunque ella decía su nombre.
Desde adultos mayores de 60 años que viven en una habitación y pagan $3.000 por una noche, jóvenes que habitan las calles, ancianos vendedores de dulces y cigarrillos, y hasta personas que sus mismas familias los llevan, pero que por su condición médica y de cuidados se niegan a cuidarlos, hoy ocupan camas en los hospitales.
El problema no es sólo de salud
Katiana Vergara, coordinadora del área de trabajo social en el Hospital Santa Clara, cuenta que desde su área tratan de ubicar a familiares hablando con el paciente (si éste lo puede hacer), informando a la Fiscalía y recorriendo zonas donde muchos manifiestan que viven.
“Cuando se encuentra algún familiar con capacidad económica, pero se niega a hacerse cargo del paciente, a través del departamento jurídico se levanta un acta de corresponsabilidad familiar, lo que obliga a la persona a hacerse cargo del adulto como si fuera un niño, pues pasa a ser vulnerable y no se puede valer por sus propios medios”, cuenta la trabajadora social, quien explica que el trámite luego pasa a la Personería de Bogotá o al ente indicado, para que ellos se encarguen de hacer una conciliación con la familia, que en última instancia puede proporcionar los medios económicos para ubicar a la persona en un sitio donde la puedan cuidar.
En el caso contrario, de no encontrarse a alguien que se encargue de la persona abandonada (pasa la mayoría de las veces), los hospitales recurren a la Secretaría de Integración Social para que los ubiquen en los lugares que ellos han dispuesto para tal fin. Ahí empieza el problema.
Solicitudes por un cupo en los hogares de la Secretaría de Integración Social, que llevan casi dos años, como en el caso del Hospital de Kennedy, o meses, como las hechas por el Santa Clara y el San Blas, muestran un amplio desbordamiento de la capacidad del Distrito para atender esta situación.
La funcionaria de la Secretaría de Salud cuenta que el gasto de la estancia de un paciente que ya ha superado su condición clínica y ocupa una cama que otra persona requiere, es de un promedio de $200.000 a $230.000 el día.
Es claro que esto contribuye al problema de iliquidez que hoy enfrentan muchos hospitales de la capital, que con los pagos atrasados de las EPS, entes territoriales y los del Fondo Financiero del Distrito de la Secretaría de Salud, entre otros, los están llevando a brindar servicios médicos en condiciones bastante complicadas.
Lo anterior también lleva a que el ciclo de atención en los hospitales, ese que empieza con la llegada de un enfermo al que los médicos curan y luego dan salida para darle espacio a otro paciente, se está viendo interrumpido, generándose un sobrecupo que hace más difícil la prestación de los servicios. Por ejemplo, María Luisa Martínez, trabajadora social en el Hospital San Blas, dice: “Tenemos ubicados cinco de estos pacientes en urgencias, un servicio que no es de hospitalización, pero toca por cuestiones de espacio. Eso, además, genera problemas de convivencia entre los pacientes.
No hay cupos
La Secretaría de Salud manifiesta que tiene convenios con los 22 hospitales públicos y otras instituciones privadas, dependiendo de los servicios que requiera una persona, para atender a quienes se encuentran en condición de abandono. “Cabe resaltar que actualmente en algunas IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) se cuenta con el servicio de atención permanente para pacientes de larga estancia”, manifiesta Rodríguez González, quien informa que a la fecha la atención de abandonados con compromiso psiquiátrico, secuelas de enfermedades crónicas y farmacodependientes se ha prestado a través de las IPS privadas que ellos contratan, con un promedio de 340 personas internadas.
Martha Cárdenas, de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría de Integración Social (SIS), dice que tienen dos centros de protección: uno en el Bello Horizonte, que atiende a 160 personas; y otro en el Bosque Popular, que alberga a 130 ciudadanos. Todos mayores de 60 años. “Estos dos centros son de carácter transitorio, pero nosotros estamos atendiendo a 1.564 personas, de forma permanente, en siete ONG que cuentan con 13 sedes”.
Por su parte, el subdirector para la Adultez de la SIS, Carlos Garzón, informa que en los convenios manejados por su área atienden a 1.474 adultos menores de 60 años, pero admite que las listas de espera no rotan muy rápido: “La demanda es mayor a los cupos que existen. Por ejemplo, hay más o menos 170 personas con patologías psiquiátricas que requieren un cupo”.
El problema es más que una atención en salud, pues pasa por descubrir el gran número de personas que viven desprotegidas en las calles o la desintegración y falta de compromiso familiar, que resulta en la desbordada demanda de abandonados que necesitan la atención del Distrito y el Estado, responsables de garantizar el derecho al mínimo vital.
Los esfuerzos se quedaron cortos y los hospitales continúan esperando un cupo para que la atención de los ciudadanos abandonados siga su ciclo, sin verse afectado el servicio a otros pacientes, sus finanzas y, lo peor, la condición de salud de aquellos que ya no necesitan estar en un centro hospitalario, pero que sí requieren cuidado.
Un plan para aumentar los cupos
Ante la desbordada demanda de personas en situación de abandono por un espacio en una institución donde los cuiden, Carlos Garzón, subdirector para la adultez, cuenta que existe un proyecto cuyo objetivo es crear, entre las secretarías de Salud y de Integración Social, un servicio intermedio para aquellas personas que no necesitan estar en un hospital, pero sí requieren ciertos cuidados y un lugar donde vivir.
“Esperamos suscribir este convenio antes de un mes para descongestionar los hospitales, pero la idea es que ellos mismos operen los centros o casas a las que irán”. Con este proyecto se busca asignar 40 a 50 cupos más.
Son más de 3.000 personas las que ya son atendidas en las instituciones habilitadas por el Distrito para los ciudadanos en situación de abandono, pero es claro que la demanda sobrepasó a la oferta, y que los esfuerzos deben continuar para ayudar un poco a los hospitales públicos con el sobrecupo e iliquidez que padecen.