Sus dramas no aparecen en las portadas de los periódicos y a veces ni siquiera en las estadísticas oficiales. De la mayoría no hay ni pruebas de supervivencia ni comunicados que certifiquen que aún siguen con vida. Los expedientes en los que reposan las denuncias de sus secuestros extorsivos poco avanzan y los familiares no saben si hacer públicas sus tragedias, porque las amenazas han sido tantas que temen que los maten a mansalva. La barbarie llega a escenarios absurdos cuando la guerrilla los ‘vacuna’ con la promesa de devolverles los restos de sus seres queridos. Hay cientos de casos documentados en los que se han pagado no uno, ni dos, sino hasta tres rescates.
Según País Libre hay reportes de 405 personas privadas de la libertad por las Farc, de las cuales no se sabe nada. De esa cifra, 149 cumplen casi una década desde el momento en que permanecen cautivos. Una estadística que sigue siendo desoladora, y que evidencia que el lastre del secuestro está muy lejos de acabarse con la entrega de los 10 últimos uniformados que estaban en la denominada lista de ‘canjeables’. El gobierno exhibe otros números y asegura que son sólo 79 los plagiados con fines extorsivos, de acuerdo a la depuración que se ha hecho en los últimos años de los registros oficiales. Pero una fuente del alto gobierno consultada por El Espectador sostiene que de sólo 39 se tiene certeza que siguen vivos.
El propio presidente Santos insistió ayer que no se abrirá ninguna puerta para el diálogo con las Farc, hasta tanto liberen a todos los cautivos que siguen en su poder, y resuelvan de una buena vez qué ocurrió con ellos. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas son ciudadanos de clase media: transportadores, comerciantes o agricultores que, a diferencia de las familias de los políticos, militares y policías viven en la constante zozobra de no tener idea de la suerte de los suyos. Un duelo invariable que les ha impedido seguir adelante.
La directora de País Libre, Olga Lucía Gómez, advirtió sin rodeos que la página del secuestro en Colombia no se ha cerrado, que a muchos plagiados ya los dan por desaparecidos y que las víctimas del plagio con fines de extorsión son difíciles de visibilizarlas y agruparlas en movimientos que presionen su liberación. Como ejemplo, citó el caso de cuatro ciudadanos chinos de los que no se ha tenido noticia hace 10 meses. “Ellos trabajaban para una petrolera en Caquetá, cuando fueron secuestrados por las Farc”, añadió Gómez, asegurando que este es un país en el que las víctimas siguen siendo rotuladas por categorías.
Algunas de las madres de estos cautivos, pancarta en mano, han insistido, durante muchas de estas liberaciones unilaterales de las Farc, que sus dramas siguen ‘ahí’, esperando una respuesta. Zoraida Rojas, por ejemplo, sostuvo ayer en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio (Meta), que su hijo no es alcalde, ni gobernador, ni es miembro de la fuerza pública, pero es un colombiano más que fue secuestrado en Arauca hace cuatro años en un viaje de trabajo. “Lo detuvieron en un retén y se lo llevaron con carro y todo. Él es transportador, y después de dos meses de estar secuestrado, llamaron para decir que entregaban el carro, pero las autoridades dijeron que estaba cargado de explosivos y lo detonaron”. Lamentablemente, así como a Zoraida, aún hoy a muchos colombianos se les sigue yendo la vida esperando la llegada de sus familiares.