Persisten los homicidios, amenazas, atentados, robos de información e intimidaciones contra los defensores de Derechos Humanos. Ha disminuido la práctica de los llamados falsos positivos, pero hoy se investigan 1.488 casos con 2.547 víctimas. Sigue aumentando la violencia de grupos ilegales y es clara la presencia de bandas criminales. No son buenas las noticias de Derechos Humanos para Colombia, en la óptica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe de 2010.
El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Colombia, Christian Salazar, presentó ayer su informe anual que, en consonancia con las investigaciones judiciales del momento, sostuvo que se confirma la “existencia de un patrón de escuchas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos realizados por funcionarios del DAS, bajo órdenes de sus superiores”. En especial el informe señala el asilo concedido a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, con la expectativa de que esa no sea una razón para que se entorpezcan las investigaciones.
Sin embargo, expresó el informe que en 2010 no se registraron avances sustantivos en el proceso de depuración de archivos ni por la Procuraduría ni por los propios servicios de inteligencia. Y reconoce que esta ausencia de controles democráticos y la impunidad favorecen que se sigan utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas. Por eso se recibieron muchos reportes sobre interceptaciones de correos, hostigamientos, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas de miembros de organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto a las ejecuciones extraoficiales conocidas como los falsos positivos el informe precisa que es necesario que concluyan las investigaciones pendientes y que se garantice la no repetición de estos hechos. Con base en datos conocidos, aunque se advierte una disminución en casos, se estima que entre 2004 y 2008 pudieron ocurrir más de 3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría atribuidas al Ejército. El informe solicita que la verdad judicial se vuelva imprescindible porque hoy realmente es insuficiente.
En términos generales, el informe de Naciones Unidas advierte sobre el problema en que se han convertido las organizaciones ilegales conocidas como bandas criminales. En sólo el departamento de Córdoba se registraron el año pasado diez masacres en ocho meses. El móvil de estas organizaciones es la obtención del lucro económico, principalmente derivado de actividades ilícitas. Esta realidad está asociada con la violencia que otrora ejercieron los denominados grupos paramilitares, y la existencia de algún grado de tolerancia y corrupción de miembros de la Fuerza Pública.
El informe señala que el aporte de la Ley de Justicia y Paz sigue siendo muy modesto, y la prueba es que menos del 54% de los procesados ha contribuido al derecho a la verdad, sólo hay tres sentencias que apelaron las víctimas, y después de cinco años no se ve la reparación. Naciones Unidas consideró importante que salga adelante el proyecto de ley de víctimas presentado a consideración del Congreso porque puede ayudar al modelo transicional, pero reconoce que debe ofrecer garantías integrales de seguridad porque ve con preocupación el ascenso de los asesinatos de líderes vinculados al proceso de restitución de tierras. Entre tanto, destaca los avances de la investigación de la parapolítica, al punto que hoy la Corte Suprema de Justicia tiene radicados 120 procesos contra congresistas y excongresista
Pese a que el panorama parece desalentador, el Gobierno tiene otra visión. “Si leen con detenimiento el informe notarán que destacan avances, la mayoría en los seis meses de este Gobierno. Entre los puntos que destaca el informe está el restablecimiento de las relaciones entre las ramas del poder público y el gran compromiso que se ha asumido con la ley de víctimas y restitución de tierras”, indicó el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.s.