Ayer, en la sede de la Cancillería de Panamá, fue notificada oficialmente la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado de la concesión del asilo territorial en su favor. Pero más se demoró la diligencia de entrega de la copia auténtica del decreto expedido por el gobierno panameño, que en armarse un revuelo político en el vecino país. El mismo que protagoniza desde el pasado viernes en Colombia cuando trascendió la noticia de la decisión otorgada por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
Por eso, el primero en ser interrogado por los medios de comunicación sobre lo sucedido fue el propio presidente, quien en comentarios a los medios locales y restándole temperatura al debate, expresó que la ex directora de la agencia de inteligencia cumplió con todos los requisitos para solicitar el asilo y que se trata de una decisión soberana de su país, sobre todo al analizar “las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar Colombia”.
A su vez, el vicecanciller de Panamá, Álvaro Alemán, dijo que el asilo se otorgó con base en un decreto ley de 2008 que rige la materia migratoria en Panamá y que de ninguna manera se afectarán las relaciones que se mantienen con Colombia. “El otorgamiento de este asilo es nada más una decisión del Gobierno Nacional con miras a contribuir a la paz y estabilidad de la región, así como ofrecer seguridad a una persona”, agregó Alemán, quien estuvo reunido con Hurtado durante media hora.
Sin embargo, la opinión pública panameña no recibió la noticia con la misma tranquilidad. Por ejemplo, el catedrático de la Universidad de Panamá Miguel Antonio Bernal calificó el hecho como “una afrenta a la sociedad colombiana”. Y añadió: “Son favores personales del señor Martinelli y de sus amistades en Colombia. El Estado panameño pasa entonces a ser un cómplice de los victimarios cuando la función del Estado es proteger a las víctimas”.
Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, Francisco Sánchez Cárdenas, indicó que lo menos que se podía hacer era coordinar con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y no utilizar el recurso de asilo “para que esta señora escapara de la justicia”. La directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá, Magally Castillo, anunció que pedirá la revocatoria de esta decisión, porque “equivale a patrocinar violaciones de derechos humanos en otros países”.
El editor de la sección de hechos del diario El Siglo de Panamá, recordó que no es que ahora Panamá se esté constituyendo en un paraíso judicial, pues en el pasado se le concedió asilo a Raúl Cedrás, vinculado con un golpe de Estado en Haití; de la misma manera como en otra ocasión se permitió que el Sha de Irán viviera en el país. De igual modo, otros analistas recordaron que Serrano Elías, solicitado en extradición por Guatemala, también está protegido por Panamá.
Pero si la controversia se desató en el vecino país, en Colombia no se detiene. Aun así, ayer la canciller María Ángela Holguín, en tono diplomático, comentó que si bien el asilo es una figura que se ha utilizado en el pasado, eso no quiere decir que no exista preocupación por lo sucedido en Panamá, con el supuesto de que no hay garantías de seguridad o de un proceso transparente para el juicio de un delito común. La Canciller reconoció que espera una decisión de la Fiscalía para evaluar si procede una petición de extradición.
En cambio, sin comentarios de índole diplomática, el abogado Luis Guillermo Pérez, quien representa a las víctimas de seguimientos y escuchas ilegales, viajó ayer mismo al vecino país para entablar una demanda contra la asilada María del Pilar Hurtado por presuntos crímenes de lesa humanidad. “Esperamos que el Procurador sea receptivo para que a Hurtado se le abra una investigación penal en Panamá”, manifestó Pérez, quien además puntualizó que “el DAS fue utilizado como herramienta para espiar, amenazar, hostigar, estigmatizar y perseguir a magistrados, defensores de derechos humanos y opositores”.
De igual modo, la Organización Abogados sin Fronteras, liderada por Pedro Mahecha, anunció que presentará un alegato para que se admita que de conformidad con las normas internacionales, las prácticas ejercidas por el DAS, en cabeza de María del Pilar Hurtado, pueden ser homologadas al delito de tortura. Mahecha apodera hoy a varios dirigentes de oposición, de quienes se supo estuvieron ‘chuzados’ por el organismo de seguridad. Entre ellos, el dirigente del Polo Democrático José Cuesta.
La postura del abogado Mahecha coincide con la posición asumida por el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, quien dejó entrever que al acoso al que fueron sometidos magistrados, periodistas o miembros de la oposición representa un delito de tortura. El jurista Arrubla recalcó que lo sucedido en Colombia con el DAS fue más grave de lo que sucedió en Estados Unidos en los años 70, con el escándalo del Watergate.
En apoyo de los periodistas que fueron afectados por las acciones del DAS, la organización Reporteros sin Fronteras calificó de insulto a las víctimas la concesión del asilo a María del Pilar Hurtado y se declaró en espera de que avancen las investigaciones penales en la Fiscalía. Y comentó el organismo: “Hurtado no es una perseguida política. Ella, que defendió los mecanismos de seguridad estatal, ¿hoy expresa sentirse insegura con los mismos?”.
Desde la perspectiva de la academia, el analista internacional y profesor de la Universidad Javeriana, César Torres del Río, resaltó que un elemento importante en el análisis de los acontecimientos es que el presidente Martinelli de Panamá representa la derecha, la misma tendencia que defendió el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia. El profesor Torres indicó que el tema de fondo es la impunidad y la normatividad del asilo específica que no se les puede otorgar a delincuentes comunes.
Torres aclaró que a pesar de la situación existente, el Estado del cual sale una persona huyendo puede iniciar negociaciones con el Estado asilante para aclarar la situación y evaluar si se cometieron errores. En caso de que así se acepte, podría proceder la extradición por delitos comunes cometidos en el Estado territorial. En otras palabras, no se descarta que de probarse que Hurtado debe responder por delitos comunes, Colombia y Panamá podrían examinar el caso.
En cualquier caso, las palabras de la canciller María Ángela Holguín dejaron una puerta abierta: “A Panamá le quedó muy clara nuestra insatisfacción y malestar”. Otra cosa piensan algunos dirigentes uribistas, que también empiezan a opinar sobre el tema. Por lo pronto, el presidente del Partido Conservador, senador José Darío Salazar, observó: “Lamentablemente la justicia colombiana no actuó y las personas tienen derecho cuando sienten que se les han vulnerado sus garantías”.
Las bases jurídicas
En el comunicado de prensa emitido por la cancillería panameña, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli aseguró que se apoyó en dos normas para otorgarle el asilo a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado.
En primer lugar, fundó su decisión de acuerdo con los lineamientos de la Convención sobre Asilo Territorial suscrita por los Estados miembros de la OEA en Caracas en 1954 y ratificada por Panamá en 1957. Según ésta, el Estado asilante es quien debe analizar si las razones del pedido se ajustan a las bases del asilo territorial y por tanto tiene derecho soberano de otorgar el asilo sin que otro Estado pueda hacer reclamo alguno.
Y en segunda instancia, se ciñó a lo contemplado en el Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960 sobre Migración, mediante el cual el Estado panameño determinó las condiciones en las que el asilado permanecerá en su territorio.