Si la crónica del despojo de tierras a los campesinos —y al Estado— implicó un trabajo de filigrana en el que estuvieron involucrados hasta servidores públicos como notarios, alcaldes y miembros de la Fuerza Pública que se aliaron con los ilegales, la restitución de predios a los millones de afectados sí que exige el concurso de todo el país.
Lo acaba de comprobar el Gobierno Nacional, cuya anunciada estrategia de recuperación y entrega de bienes a los labriegos comenzó a tomar forma ayer con la devolución a por lo menos 300 familias de un predio denominado Las Catas, en Ayapel (Córdoba), en acto liderado por el presidente Juan Manuel Santos.
Mientras el regocijo reinaba entre algunos de los directamente beneficiados con la iniciativa, en varias zonas del mismo departamento las comunidades se organizaban para pedir al Ejecutivo que se les garantice también la seguridad permanente en las tierras a las que volverán.
Su temor tiene una explicación: las bandas criminales surgidas tras la desmovilización de las autodefensas continúan presionando a los lugareños y amenazándolos para que no acudan a reclamar los títulos que los acreditan como dueños. Urabá, Bolívar y Antioquia padecen situaciones semejantes.
Por ello, aunque la estrategia de restitución no tiene reversa y cuenta con un elevado grado de respaldo nacional, requiere ajustes que maximicen sus resultados y garanticen su permanencia en el tiempo. Especialmente cuando el jefe de Estado dijo ayer que el flagelo del despojo superó las proyecciones en departamentos como Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia.
El presidente Santos está jugado por la idea y no hay duda de que quiere que la historia lo recuerde por su trabajo para la superación de la violencia, asunto en el que la restitución de tierras es uno de los temas fundamentales. Por eso les hizo saber a los cordobeses que tiene identificado el problema y habló de recompensas a quienes puedan dar información sobre la gente que está amedrentando a los campesinos. También prometió capturarlos, entregárselos a la justicia y que sean condenados, pero el miedo de quienes viven en la región es más fuerte.
Mario Cuitiva, un campesino cordobés que aspira a recuperar su parcela en Santa Paula, fue invitado a la inauguración de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba, y aunque no pudo hablar, se coló y al final le entregó al presidente y al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, la carta en la cual él y su comunidad confirman que las amenazas no han cesado y que por cada visita a la Defensoría del Pueblo, a Acción Social o a la Fiscalía, reciben una llamada intimidatoria. “Esto no es vida, estamos muertos de miedo porque ni siquiera nos dejan reclamar”.
La pelea por retornar a las tierras de Santa Paula lleva por lo menos dos décadas, y aunque algunos campesinos dicen tener los títulos que los acreditan como dueños, los armados les advierten que por las tierras no se pueden ni acercar.
Como Cuitiva, las 304 familias que accedieron a sus títulos de propiedad otorgados por el Incoder en el predio Las Catas, le habían pedido horas antes a Santos seguridad en su territorio.
En Las Catas, en el último año, se han registrado dos asesinatos de vecinos del sector. Testigos aseguran que de cuando en cuando hombres armados recorren el predio recordándoles que esas tierras tarde que temprano volverán a los herederos de los Moncada, a quienes la Dirección Nacional de Estupefacientes les aplicó la extinción de dominio sobre la propiedad.
Esa seguridad de que todo va por buen camino, a pesar de que la restitución de tierras apenas comienza en el país, no tranquilizó a los asistentes. El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, reconoció las acciones, pero pidió más Fuerza Pública y jueces honestos y comprometidos que les den celeridad a los procesos contra las bacrim.
Un ejemplo de que el tema de la restitución es lento, es el calvario de María Zabala, quien desde 1997 se organizó con 14 mujeres desplazadas y lograron que el antiguo Incora les adjudicara un terreno en la margen izquierda de Montería, en el corregimiento Las Palomas.
Pasado el tiempo las tierras tienen tantos líos judiciales, que las pobres mujeres, además de perder a sus maridos e hijos a manos de las autodefensas en los 90, enfrentan los cobros bancarios por un predio que más que alegrías les ha traído pesares. La Ley de Tierras contempla un capítulo de condonación de deudas para situaciones como esta, pues resulta ilógico que el desplazado por la violencia pague por lo que tiene derecho, pero para María Zabala las caminatas por las oficinas del Estado, pidiendo que les devuelvan el pedazo de tierra que perdieron, no han servido de mucho.
Zabala cree que el camino de la aplicación de la norma es tortuoso; Cuitiva piensa que es riesgoso, pues en la región los actores violentos están sueltos, forman parte de la sociedad y caminan por las calles de Montería, espiándolos hasta en los publicitados actos de restitución presididos por los más altos funcionarios del Gobierno central.
Asesinatos
2011
Diciembre
Fernando Enamorado fue el segundo líder campesino, de los que reclaman tierras despojadas por paramilitares, atacado en Urabá en un mismo mes. Le dispararon en el barrio Obrero, de Apartadó.
2010
Septiembre
Hernando Pérez fue asesinado en el corregimiento El Totumo, en Necoclí (Antioquia), luego de que el Gobierno les restituyera tierras a 37 campesinos en el municipio de Turbo.
2010
Julio
Jair Murillo, líder afrocolombiano, representante legal de FIPAN, organización de población afrocolombiana desplazada de Buenaventura, fue asesinado en el barrio Lleras, en ese puerto del Pacífico.
2011
Marzo
David de Jesús Góez, de 70 años, fue asesinado a tiros a plena luz del día en Medellín. Representaba a 120 familias que perdieron 20.000 hectáreas en Tulapa, Turbo, en el Urabá, y había huido por amenazas.
2011
Marzo
Bernardo Ríos Londoño fue fusilado cuando lo sorprendió un retén ilegal en Tierra Amarilla, en la vía hacia Apartadó. Tenía 27 años y era miembro de la Comunidad de Paz.
2010
Noviembre
Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de la restitución de tierras en Bolívar, fue torturado y asesinado a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.