“Hay extremas de izquierda y de la derecha que quieren cambiar el rumbo. Hay terroristas que quieren imponernos su agenda y el rumbo se mantiene pase lo que pase. Vamos por buen camino, nos estamos acercando a esa ciudad, a ese puerto de destino que diseñamos desde un principio, y nadie nos va a hacer cambiar de rumbo”. Así de enérgico el presidente Juan Manuel Santos concretó, en un sólo párrafo, su rechazo a la violencia que casi mata al exministro Fernando Londoño la semana paasada, o que segó la vida de 12 soldados en La Guajira, a 1.200 metros de la franja fronteriza con Venezuela.
Desde su posesión como jefe de Estado, Santos ha mantenido un discurso de baterías afiladas contra el terrorismo y la violencia, provenga de donde provenga. La percepción del orden público en el país, sin embargo, empieza a jugar en su contra y su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se ha convertido en su principal opositor. Uribe ha insistido en que la posición de Santos frente a las Farc muestra debilidad, que no hay avances sino retrocesos en materia de seguridad. Y, para rematar, que el mandatario venezolano Hugo Chávez —con quien Santos compuso las relaciones diplomáticas tres días después de posesionarse— permite el refugio de guerrilleros en su territorio.
El comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, así como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmaron lo que parecía obvio una vez se supo del ataque en La Guajira: que los miembros del frente 59 de las Farc que emboscaron a los uniformados venían de Venezuela y allá se devolvieron para evitar el repliegue de las autoridades colombianas. Eran unos 90 hombres armados, lo que conlleva a pensar también en la logística que se requiere para mover a un grupo de combatientes tan grande. “Se fueron y regresaron de la misma forma”, señaló el general Mantilla. “El frente 59 tiene allí probablemente su área base desde hace bastante tiempo”, expresó Pinzón.
El gobierno Santos se esfuerza por manejar este espinoso asunto de seguridad nacional sin dejar de lado la diplomacia. Hasta mayo de 2010, reveló este diario, los organismos de seguridad colombianos tenían información de 28 campamentos guerrilleros, ubicados a lo largo de la frontera con Venezuela, que albergaban unos 1.500 hombres. El entonces presidente Uribe arremetió contra Chávez, tildando a Venezuela de ser un “paraíso” para los terroristas. No obstante hace un año, Santos aseguró públicamente que en Venezuela ya no había campamentos de las Farc. Nadie se explica, sin embargo, por qué el vecino país no ha extraditado aún a Julián Conrado o El Cantante, el integrante de las Farc de más alto rango capturado en esa región en los últimos años.
El propio ministro Pinzón admitió ayer que las Farc “están incrementando sus acciones de terror fundamentalmente en 13 municipios del país donde ocurre el 50% de las acciones y obviamente atacando a la Fuerza Pública que está llegando allá con determinación”. Cauca, Nariño o el Catatumbo, por nombrar algunas regiones, han sido objeto de ataques constantes durante más de un año, y esta alteración al orden público se ha convertido en una gran preocupación que ya llegó al Congreso, de donde surgió la posibilidad de hacerle un debate de control al ministro de Defensa por la tensa situación de orden público que atraviesa el país .
Según le dijo a este diario el congresista del Polo Democrático Camilo Romero, ese debate no es un hecho aún: “Estoy hablando con otros senadores a ver si lo citamos”. Por el momento, el Congreso estaba enfocado en terminar el debate que se le hizo a Pinzón por la operación antinarcóticos en la que fue secuestrado Roméo Langlois. Pinzón, por su parte, insiste en que no hay declive en la seguridad: “Hay un nuevo plan de guerra que está llevando la presencia de las Fuerzas Armadas a sitios donde nunca antes habíamos estado (…) No podemos dejar que los hechos impidan que miremos el bosque completo”.